Los policías que declararon en el juicio por el secuestro de Iris y Floreal Avellaneda sufrieron una súbita pérdida de memoria porque a casi todas las preguntas respondieron “no me acuerdo”. Uno de ellos llegó a negar haber declarado antes, a pesar de que sus precisos dichos constan en el expediente. Aunque la fiscalía y la querella pidieron su arresto por haber incurrido en falso testimonio, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín ordenó que se investigue si cometió ese delito pero lo dejó ir en libertad. De todos modos, otros dos testigos reconocieron la existencia de operativos conjuntos entre la policía y el Ejército, y uno de ellos señaló al imputado Alberto Aneto como uno de los jefes de la comisaría de Villa Martelli donde Iris y Floreal fueron torturados. “Los militares habían tomado las comisarías”, dijo. La actitud inflexible de la presidencia del tribunal volvió a ser motivo de queja de la querella. A esa parte y a la fiscalía les preocupa que la jueza Lucila Larrandart limite las preguntas al hecho concreto, sin permitir las referidas al contexto histórico. Según pudo saber Página/12, esta actitud del tribunal está orientada a un estricto “resguardo del debido proceso”, y en ese marco, del derecho de defensa de los represores acusados.

En la sexta jornada del juicio oral y público contra los represores Santiago Riveros, Fernando Verplätsen, Osvaldo García, César Fragni, Rubén Harsich y Alberto Aneto, declaró el ex policía Alberto Jorge Guzmán, quien dijo que en 1976, por ser inexperto, sus funciones en la comisaría de Villa Martelli eran “limpiar y cebarle mate al comisario”. A poco de comenzar su declaración empezaron a aparecer contradicciones con la que había prestado en 1985, cuando había apuntado a salir airoso del trámite dando detalles sobre las directivas de sus superiores en los operativos represivos. En aquella oportunidad había hablado de la existencia de detenidos comunes, pero el viernes cuando el representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Ciro Annicchiarico, le preguntó al respecto contestó con evasivas. Interrogado sobre la existencia de militares en la sede de la comisaría tras el golpe militar dijo que no lo recordaba. La mayoría de las preguntas siguientes obtuvieron la misma respuesta. La fiscalía intervino para plantear que ante las “evidentes contradicciones” correspondía su procesamiento por falso testimonio. Annicchiarico consideró que por tratarse de un falso testimonio en el marco de una audiencia de juicio oral el testigo debía ser detenido.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal determinó que no se advertía “flagrancia” en el delito, por lo cual no correspondía su detención inmediata. Pero informó al juzgado de turno sobre la posible comisión de delito por parte de Guzmán. Los jueces consideraron que el ex policía no había dicho algo diferente a lo anterior, sino que no se acordaba. Aunque en un tramo Guzmán negó haber declarado antes, los magistrados interpretaron que se refería a una declaración similar a la de ayer, ante un tribunal en proceso oral y público. Para la parte acusadora, el Código Procesal Penal es claro en cuanto a que correspondía que fuera preso. Los querellantes están convencidos de que otra hubiera sido la actitud de los siguientes testigos si Guzmán salía esposado de la sala.

El ex policía Ernesto Lúpiz Rodríguez dijo que los militares solían ir diariamente a la comisaría para averiguar “novedades del tema subversivo” y aseguró que el entonces comisario Ferreño recibía directivas de los militares en cuanto al “combate contra la subversión”. Lúpiz Rodríguez habría participado del secuestro de María Angélica Sabelli, una de las víctimas de la masacre de Trelew y miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pero, cuando el querellante abogado Carlos Zamorano quiso preguntarle al respecto, la jueza Larrandart no se lo permitió.

Pánfilo Leiva, otro ex policía, reconoció al imputado Aneto como jefe de calle en la comisaría de Villa Martelli durante la dictadura, y agregó que comandaba operativos con personal de esa dependencia. La existencia de estos procedimientos fue confirmada por otro testigo, el policía David Bosch. En la audiencia de hoy declararán otros uniformados de la Bonaerense.

“Los abogados de la fiscalía, de la Secretaría de Derechos Humanos y querellantes están preocupados por una serie de hechos que exceden el maltrato, y que llevan al extremo la idea de que se están juzgando delitos individuales. Digo esto porque se negaron a aceptar preguntas que apuntaban a demostrar que la comisaría de Villa Martelli era un centro clandestino, sólo permiten las que se refieren estrictamente a lo sucedido con Iris y Floreal”, se quejó José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en el juicio. “El intento de restringir las preguntas a un caso concreto nos inquieta, como si lo que sucedió fuera que seis malos se llevaron a dos buenos, los secuestraron y desaparecieron a uno, mientras que las preguntas que tienden a establecer cuál fue la finalidad de todo, su contexto histórico, porque todo delito tiene una motivación, y más en estos hechos cuando hubo plan predeterminado y sistemático, no son aceptadas”, se lamentó otra de las partes. De todos modos, estos son los mismos jueces que admitieron como prueba el Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional y el documental Escuadrones de la muerte, la escuela francesa, de la investigadora Marie-Monique Robin.

Desde el tribunal argumentan que no permiten abordar temas que “no tengan nada que ver con este juicio” porque, sostienen, es su deber “resguardar el objeto procesal”. Aunque los magistrados dicen comprender “el dolor de las víctimas”, entienden que los “límites” que ponen apuntan a garantizar la posibilidad de defensa de los acusados.