El juez federal Claudio Bonadío decidió postergar para hoy la indagatoria a los cinco detenidos tras el ataque perpetrado el domingo durante los festejos por el 61º aniversario de la creación del Estado de Israel. Bonadío tomó la decisión por considerar que había “algunas medidas de prueba pendientes”. Hoy, en los tribunales de Comodoro Py, los acusados deberán responder las preguntas del magistrado, que luego decidirá si permanecerán detenidos o si se les concede la excarcelación, tal como pidió la defensa.

Martín Alderete, abogado de los imputados, basó su pedido en que, si bien sus clientes tienen “militancia política en la organización del Frente de Acción Revolucionaria (FAR), no tenemos datos de que tengan antecedentes penales”. Sin embargo, uno de ellos, Leonardo del Grosso, ya está procesado por la destrucción de un local partidario del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, y, según el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, “es un miembro de Quebracho”. Los otros detenidos son Teresa Segovia, Damián Vekelo, Daniel Tenzano y Osvaldo Vázquez.

Lo que dicen sus abogados es que Del Grosso abandonó esa agrupación hace un año y medio para sumarse a la FAR.

Si bien los hechos del domingo aún no fueron calificados oficialmente, y el juzgado instruyó secreto de sumario, fuentes judiciales aseguraron que los cinco acusados serán imputados con los cargos de “lesiones, atentado y resistencia agravado por la ley de antidiscriminación”, que prevé penas de hasta tres años de prisión.

Ayer por la mañana, alrededor de 200 activistas se concentraron frente a la Embajada de Israel y los Tribunales, exigiendo la liberación de los detenidos. Los manifestantes portaban carteles con las inscripciones “Palestina es un nuevo gueto de Varsovia”, “sionismo=racismo” y “sionismo no es judaísmo, es nazismo”. Allí dieron una versión diferente de lo sucedido. Roberto Martino, quien se identificó como dirigente de la agrupación FAR, sostuvo que su intención había sido repartir volantes y repudiar el aniversario del Estado de Israel. “Estábamos haciendo eso cuando una patota de cien personas de civil nos agredió”, aseguró Martino.

Luego de los sucesos, desde el gobierno nacional salieron a descartar que hubiera “un brote antisemita” en el país, sino que se trata de “diez o quince personajes” que actuaron en forma aislada, según sostuvo Aníbal Fernández. El ministro descartó que se hubiera dejado una “zona liberada” como denunciaron autoridades de la AMIA. “Nada que ver, el hecho fue contenido de la forma más rápida posible”, sostuvo Fernández, que contó que el acto fue custodiado “con mucho personal policial”.

El director del departamento de América latina de la cancillería israelí, Alexander Ben Zvi, reclamó al gobierno argentino el esclarecimiento de las responsabilidades y un castigo severo a los culpables, para “prevenir actos semejantes en el futuro”. Zvi calificó como “fluida” la relación con las autoridades argentinas, aunque no descartó hacer un reclamo formal ante el Gobierno y deslizó una amenaza velada: “Lo que tenemos que decir lo vamos a decir a puertas cerradas y no en los medios de comunicación”.

Desde el oficialismo, el senador Daniel Filmus presentó ayer un proyecto de repudio al ataque, para el cual pidió una sesión extraordinaria de la Cámara alta. “Estas manifestaciones de odio son contrarias a la tradición de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración del pueblo argentino”, sostuvo.