A partir de la negativa del Tribunal Oral Federal Nº 5 a permitir la tarea de la prensa en los juicios públicos por crímenes cometidos durante la última dictadura se ha suscitado un debate en el que se ha expresado, desde distintas ópticas, una posición mayoritaria a otorgarle la mayor publicidad a estos juicios, con muchos y atinados argumentos. Como representante legal de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) hemos impulsado distintas acciones ante el mismo tribunal, la Suprema Corte y otros foros, bregando por la misma publicidad, y contribuido a torcer en parte la vocación obstruccionista del TOF 5.

No cabe duda de que los crímenes cometidos durante la dictadura fueron atroces, merecen castigo y que el proceso por el cual se logre debe ser público y con todas las garantías debidas. Y que este carácter público se logra con la presencia de la prensa en la sala de debate y la posterior difusión de imágenes y audio sobre el mismo.

Pero me gustaría prestar un poco de atención a los argumentos esgrimidos por el tribunal para impedir esa presencia. No hablan tanto de los derechos de los procesados (ya discutidos) o los testigos (sobre los que todos acuerdan deben preservarse). Hablan del carácter malévolo de la prensa. Afirman que la TV es un medio “frívolo, irresponsable y populista” (sic, ¿les suena de algo ese epíteto?). Alertan sobre riesgos de “manipulación”, de “difusión manipulada”, de propalar sólo “lo que vende”, con motivaciones “de lucro”. En fin, de transformar el hecho de informar en mercancía (argumento, de más está decirlo, típicamente marxista). Luego de todo ello, afirman que las prohibiciones tienden a “controlar lo que ocurra en la sala de audiencias”. Sólo eso. Pero ocurre que con esta resolución no sólo han asentado una opinión general sobre la prensa, ajena al hecho de difundir los hechos ventilados en el proceso, sino que además impiden, urbi et orbi, el conocimiento de lo ocurrido. De este modo, nos preservan a nosotros, humildes e inermes ciudadanos, de ser “manipulados” por la pérfida prensa.

Porque de eso se trata. De evitar la manipulación de la prensa. De que la ciudadanía sea informada “parcial” e “interesadamente” de los hechos. Sin embargo, no conozco caso alguno donde la censura total haya producido prensa “imparcial” y “desinteresada”. Que la prensa tiene, y defiende, intereses propios, económicos y aun políticos e ideológicos es, a esta altura y en cualquier sociedad de masas, una perogrullada. Sólo un pensamiento aún más cerril y parcial puede suponer que esos intereses dejarán de existir con la censura.

En nuestro país y en estos momentos asistimos a una creciente, y por momentos feroz, polémica sobre el papel de los medios y la libertad de expresión. La puesta en discusión de la ley de comunicación audiovisual así lo atestigua, y de una resolución consensuada y democrática del tema dependerá la salud de la prensa y de la propia sociedad.

La prensa argentina actual no es, ni con mucho, la reserva moral de la república. El Poder Judicial, tampoco.

No tenemos la mejor prensa del mundo y, sospecho, tampoco la mejor administración de justicia. Pero es probable que si cada uno cumple su tarea, y si a cada uno se le exige eso y sólo eso, seamos capaces de juzgar y condenar el genocidio que padecimos, con juicios imparciales y justos, y darlos a conocer. Para que los hechos que se condenen no se repitan más. Para tener, en ese camino, mejor justicia, mejor prensa.

* Abogado de Argra.