El 24 de julio del año pasado, el represor Luciano Benjamín Menéndez pasó su primera noche como preso común en la cárcel cordobesa de Bower. Si bien su condena era inevitable, el privilegio de sobrellevarla en su casa era algo con lo que podía contar. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba decidió dejar de lado las prerrogativas que el sistema judicial suele otrogarle a los represores y lo convirtió en un reo raso. Ayer, la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano revirtió esta situación y resolvió, en sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército vuelva a su domicilio.

Menéndez, quien en 1984 amenazó a manifestantes que lo aguardaban a la salida de un canal de televisión con un cuchillo, aún no regresó a su casa. El fallo de Garzón de Lascano se hará efectivo luego de que se concrete una declaración indagatoria al represor dispuesta por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, quien investiga el secuestro y la desaparición de la ciudadana franco argentina Marianne Erize, en 1976, y el homicidio de José Alberto Carvajal, quien apareció ahorcado en 1977.

La decisión de la jueza cordobesa avala un fallo firmado hace veinte días por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación integrada por Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma. Ese tribunal hizo lugar a un reclamo de la defensa de Menéndez –que se había quejado porque el tribunal oral cordobés lo envió a prisión– y señaló que “hasta que el fallo no adquiera firmeza, los jueces no pueden variar las circunstancias existentes (en este caso, revocando la morigeración del encarcelamiento cautelar). De esta manera, hay que retrotraerse a la situación anterior –prisión preventiva cumplida en su domicilio– hasta que la sentencia quede firme”. La Cámara de Casación recordó que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército cumple con uno de los requisitos previstos en la ley para poder obtener la prisión domiciliaria: el tener más de 70 años. Además, el tribunal también dispuso anular las detenciones comunes de los represores Luis Alberto Manzinelli y Carlos Alberto Vega, condenados en el mismo juicio oral que Menéndez.

“Una vez más los torturadores y asesinos de la última dictadura militar tienen quién los defienda desde las instituciones judiciales. El año pasado, después de dos meses de escuchar los niveles de atrocidad y desprecio por la humanidad que tuvieron estos represores cuando comandaban el centro clandestino de detención y exterminio La Perla, fueron condenados con penas de entre 18 años y prisión perpetua. La misma Cámara que frenó el inicio de ese juicio durante más de un año quiere volver atrás el reloj de la historia”, manifestó a través de un comunicado la agrupación HIJOS de Córdoba. Ayer, la organización anunció que el miércoles 27 habrá una marcha para repudiar la decisión de la magistrada. La fiscal Graciela López de Filoñuk también se había opuesto a que Menéndez durmiera en su casa. Señaló que tener más de 70 años (el represor tiene 81) no hace que deba aplicarse automáticamente el beneficio de la prisión domiciliaria, que había que sopesar que las acusaciones y condenas comprenden delitos de lesa humanidad y que podía haber peligro de fuga si el reo salía de la cárcel.

Además de la condena a prisión perpetua en Córdoba por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, el ex jefe del Tercer Cuerpo recibió otra sentencia igual en Tucumán por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse. En el corto plazo, le esperan al menos otros dos procesos orales: uno en Córdoba y otro en Santiago del Estero.

La palabra final sobre la situación de Menendez, máximo responsable de los secuestros, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la última dictadura en diez provincias, fue de Garzón de Lascano. La jueza decidió mantener el criterio de la Cámara de Casación sobre Menéndez pero le negó la salida de la prisión a Manzanelli por entender que podría poner en riesgo otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En 1999, la fiscal López de Filoñuk encontró, durante un allanamiento a la casa del represor, una especie de manual para entorpecer las causas judiciales en el marco de varias denuncias de amenazas e intimidaciones de testigos y sobrevivientes de la represión. Entre las denunciantes estaba la titular de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, quien al igual que otra testigo observó cerca de su casa un Volkswagen Gol cuya patente se correspondía con el auto de Manzanelli.

Ahora, a Menéndez le queda esperar el interrogatorio de la justicia sanjuanina para poder mudarse a su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba. Su esposa, Edith Angélica Abarca de Menéndez, oficiará de guardadora. No tendrá custodia policial y recibirá la visita del Patronato del Liberado cada seis días.