El juez electoral de La Plata, Manuel Blanco, decidió ayer terminar con el suspenso que mantenía en vilo la campaña electoral y dio a conocer sus fallos en los que avaló las candidaturas a diputado del ex presidente Néstor Kirchner, del gobernador Daniel Scioli y del jefe de Gabinete. Sergio Massa. En su escrito, luego de detallar sus argumentos, Blanco concluyó que entre dos posibles soluciones siempre debe elegirse “aquella que mejor se adecue al principio de participación”, por lo que se inclinaba por dar vía libre a las postulaciones. “No esperaba otra decisión; el juez ha procedido de acuerdo a derecho”, reaccionó Kirchner. El titular de la UCR, Gerardo Morales, y el candidato a diputado del Acuerdo Ricardo Gil Lavedra –quienes presentaron la impugnaciones– adelantaron que apelarán ante la Cámara Electoral.

“La resolución tiene el respaldo de la doctrina y la jurisprudencia. Queda feo que lo diga, pero es un fallo que me conforta muchísimo”, se congratuló Blanco un par de horas después de conocida la sentencia, ayer por la mañana. El juez negó haber recibido presiones o actuado en connivencia con el Gobierno, como lo acusó la oposición. “A mí no me rozan, soy un juez independiente y tengo una trayectoria muy larga”, agregó.

Las impugnaciones eran dos. Por un lado, Gil Lavedra había cuestionado las llamadas candidaturas “testimoniales” –de quienes se presentan para un cargo que no piensan asumir– de Scioli y Massa, aunque era extensible también al vicegobernador Alberto Balestrini y a los 47 intendentes bonaerenses que se postulan para bancas provinciales y municipales en las elecciones del 28 de junio. Por el otro, Morales impugnó a Kirchner al considerar que no cumplía con el requisito de tener dos años de residencia en la provincia de Buenos Aires, dado que el 21 de diciembre de 2007 había firmado una escritura declarando domicilio en Río Gallegos.

Respecto del cuestionamiento a Scioli y Massa, el juez consideró que la prohibición que marca la Constitución tiene que ver con la incompatibilidad de ocupar dos cargos –gobernador o ministro y diputado– al mismo tiempo, pero no el de postularse para el puesto.

Blanco hizo un repaso de casos de la historia electoral reciente como los de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y el propio Kirchner, que siendo gobernadores o jefes de Gobierno se presentaron –con éxito– para la presidencia. También recordó que siendo vicepresidente, Eduardo Duhalde se postuló para gobernador y hasta mencionó los casos de Alvaro Alsogaray y Jorge Altamira, que en una misma elección se presentaron para presidente y diputado. “La dimisión a un cargo local para ocupar un cargo federal es una práctica pacíficamente aceptada”, concluyó el juez.

También indicó que los anuncios de Scioli adelantando que no pensaba asumir fueron sólo declaraciones a medios y que también hubo otras en sentido contrario. En rigor, las declaraciones de Scioli y Massa acerca de que “pensarían” y “consultarían a la gente” qué decisión tomarán aparecieron, oportunamente, luego de las impugnaciones.

En ambos fallos el juez aludió al sentido “discriminatorio” hacia la inteligencia del elector que podría deducirse del argumento de que estas candidaturas funcionan como carnada y tienen como objetivo engañar. “Es una conclusión que no puede compartirse, al menos sin desmedro de la autoridad que al electorado cabe reconocer en un sistema democrático”, sostuvo.

Residencia en Olivos

Morales denunció que Kirchner no podía cumplir el requisito de residencia en la provincia porque el 21 de diciembre de 2007 en una escritura pública constituyó una sociedad anónima –El Chapel S. A.– junto a su esposa y su hijo manifestando vivir en Río Gallegos, Santa Cruz.

El juez entendió que Kirchner vivía en Olivos durante los cuatro años y siete meses que duró su mandato, pero eso no puede computarse como residencia porque estaba al servicio federal. “Pero desde el día en que cesó su mandato constitucional, el 10 de diciembre de 2007, continuó residiendo en la quinta de Olivos. La causa o motivo varió, pues su permanencia obedeció a que su esposa fue elegida presidenta de la Nación”, dijo el juez. “Kirchner no presta servicio federal alguno”, subrayó.

Blanco analizó las particularidades de la jurisdicción de la quinta presidencial. “Está sujeta a la jurisdicción federal, pero se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y a los fines electorales quien ha vivido allí y lo acredita –Kirchner, en mi opinión, lo hace– puede elegir y ser elegido en el ámbito de dicha provincia”, argumentó. Y puso de ejemplo el caso de los militares que residen en la Base Naval de Puerto Belgrano, quienes pese a encontrarse en una jurisdicción federal y militar, están empadronados y votan en la provincia de Buenos Aires.

Por último, el juez le quitó importancia a la escritura pública esgrimida como prueba por Morales, porque allí se limitó a citar el domicilio que Kirchner tenía en ese momento en su documento de identidad. Blanco concluyó que si a todos los partidos se los deja participar en base a un principio de igualdad, de última es el pueblo el que con su voto “le va a proporcionar legitimidad”.

Los unos y los otros

Con Kirchner a la cabeza, el oficialismo celebró la sentencia. “Es insólito que me hayan impugnado”, dijo el ex presidente. “Si llevo seis años de estudio en La Plata, otros seis de residencia, es una impugnación insólita. El juez ha procedido de acuerdo a derecho, por eso no tenía ninguna duda de lo que iba a hacer”, añadió en una entrevista radial.

Obviamente, todo lo contrario opinó la oposición. En especial los denunciantes radicales, que ayer mismo se pusieron a trabajar en los argumentos de la apelación que esperan presentar hoy mismo ante la Cámara Electoral. Tienen 48 horas para hacerlo. Aunque los opositores entienden que difícilmente podrán revertir el fallo en segunda instancia, piensa que pueden hacerle pagar un costo al oficialismo por la movida. Gil Lavedra adelantó que pondrá el acento en el “daño” que considera que las testimoniales le provocan a la democracia (ver página 4).

A poco de recibida la denuncia, el juez Blanco había adelantado su parecer de que el caso terminaría en manos de la Corte Suprema, con la lógica de que alguna de las partes apelaría a la instancia superior en caso de un fallo adverso. Sin embargo, el ministro Carlos Fayt advirtió que los tiempos no daban para que la Corte pudiera estudiar y fallar sobre el caso antes de las elecciones.

“Hay que ir hasta la Corte para saber si hay justicia”, insistió ayer Elisa Carrió. En cambio, quien aparece como el principal adversario de Kirchner en la provincia, el candidato de Unión-PRO, Francisco de Narváez, volvió a mostrar una postura diferenciada. “La impugnación más fuerte la va a recibir el kirchnerismo el 28 de junio”, respondió.

Como se verá, el primer acto de una obra que todavía no bajó el telón.