Con decenas de representantes de organismos de derechos humanos en los palcos desde primera hora, la Cámara de Diputados aprobó finalmente anoche el proyecto de ley que inhabilita a imputados por graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. La norma la propuso hace ya quince meses la diputada y nieta restituida Victoria Donda, de Libres del Sur, e implicará modificar la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que torturadores como Luis Patti, cuya impugnación resolvería hoy el juez electoral platense Manuel Blanco, puedan volver a presentarse como candidatos.

“¡Néstor, la ley para que no asuman represores!”, gritó de palco a palco Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, al ex presidente Kirchner, presente por la asunción de Jorge Rivas. Como la jura del diputado insumió más de media hora y ya era imposible votar el tratamiento sobre tablas, Donda propuso y consiguió que tres cuartos de la Cámara aceptara apartarse del reglamento y que dos tercios se comprometiera a analizar el proyecto. La tarde pareció consumirse luego en discursos de homenaje a Raúl Alfonsín.

–¡No se vayan! –gritó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.

–No nos vamos, se fueron los de la oposición –aclaró tres pisos abajo Agustín Rossi, del Frente para la Victoria, que en noviembre se comprometió sin éxito a tratar el proyecto en comisión. Salvo contadas excepciones, el PRO y la UCR se habían ido del recinto.

La insistencia de Donda, el aguante de Madres, H.I.J.O.S., Familiares, CELS, Hermanos y demás militantes de distintas generaciones y la presión de legisladores del FpV a sus compañeros más remisos dieron al fin su fruto. Poco antes de las diez comenzaron las exposiciones: Remo Carlotto, Marcela Rodríguez, Rossi, Donda, Eduardo Macaluse. Nadie argumentó en contra del proyecto. Donda y demás impulsores pretendían que la “prueba suficiente de participación” en secuestros y torturas alcanzara para excluir a ex represores, pero tuvieron que bajar las pretensiones para lograr consenso. Los sectores duros del PJ condicionaron su apoyo a la exigencia de procesamiento. Así fue. Minutos antes de las once, con 131 votos a favor (todo el FpV, el ARI y el SI), cuatro abstenciones y 123 ausentes, se aprobó la norma en general, que ahora deberá tratar el Senado.