Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá convocaron ayer a una conferencia de prensa para calificar como una “trampa” e “increíble desde el punto de vista del sentido común” la decisión del juez electoral Manuel Blanco de reclamar más pruebas de su residencia en provincia de Buenos Aires de cinco candidatas a diputada de la lista de Unión-PRO. “Es una maniobra muy extraña”, dijeron. De Narváez aprovechó para considerar que el trasfondo de la medida es “el miedo de Néstor Kirchner a perder las elecciones” y volvió sobre la teoría de la persecución política. Anticiparon que las candidatas presentarán en tiempo los documentos que les piden. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo que el Gobierno “nada tiene que ver con las impugnaciones que hace la Justicia”.

El juez Blanco no tiene más plazos: hoy vencen los diez días corridos para oficializar las candidaturas para las elecciones del 28 de junio. Entre otras decisiones, deberá pronunciarse sobre las cinco candidaturas del peronismo disidente objetadas porque no acreditaban dos años de residencia en la provincia. Entre ellas está la de Claudia Rucci, hija de ex líder de la CGT José Ignacio Rucci. Pero Rucci se quejó, presentó papeles por televisión y el juez adelantó a través de una radio que si hubiese presentado todos esos papeles antes su decisión hubiese sido distinta. Rucci ayer corrió a los Tribunales para agregar todas esas pruebas y lo mismo hicieron los apoderados de su espacio Pro.

Además de la de Claudia Rucci, Blanco observó la candidatura de la legisladora porteña macrista y ex menemista Silvia Majdalani; a la asesora en temas de seguridad y de justicia de De Narváez, Natalia Gambaro; a Silvia Lospennato, impulsada por el duhaldismo, y Ana María López, propuesta por Felipe Solá. El juez les cuestionó la acreditación de los dos años de residencia en la provincia de Buenos Aires tal como exige la Constitución nacional. Lo mismo que la oposición le reclama a Néstor Kirchner.

Pero la primera diferencia entre unos y otros es de concepto. Los apoderados de Kirchner tuvieron que presentar papeles para acreditar su residencia en la provincia de Buenos Aires pero no por objeción de la Justicia sino por una impugnación presentada por los partidos políticos. Los partidos impugnan, la Justicia decide: objeta una candidatura por algún motivo y no la oficializa hasta que esos motivos desaparezcan. Ese es el caso de las candidatas de Unión-Pro: no las impugnó un partido, sino que las objetó la Justicia en su procedimiento ordinario de control de listas.

“Se trata de inconsistencias en las candidaturas que generan una solicitud de parte de la Justicia para que los partidos amplíen la documentación de respaldo”, indicó a Página/12 una fuente del Gobierno. “Y lo que tienen que hacer es mandar a sus apoderados, como lo hizo Kirchner.”

La Justicia electoral trabaja con un dato clave que se suele pasar por alto: la diferencia entre residencia y domicilio. La Constitución exige a los candidatos dos años de residencia y no de domicilio en el lugar donde se postulan. La residencia se prueba con presentación de cualquier tipo de papeles de servicios o contratos, excepto testigos. Claudia Rucci presentó una parte de la documentación requerida como facturas del jardín de infantes de sus hijos del año 2006 y 2007, “pero la Justicia electoral consideró que no eran suficientes”, dijo Solá en la conferencia de prensa, luego de calificar el caso de “vergonzoso”. Pero los comprobantes tenían problemas: no tenían el sello de pago porque se habían cancelado con débito. Para salvar el problema, Rucci llevó a los tribunales ayer lo que un día antes había mostrado ante las cámaras de la televisión: entre otras cosas, las guías de teléfonos de 2006, 2007 y 2008.

“La señora Rucci tiene problemas de papeles”, dijo el juez más tarde en una radio. “Anoche vi que mostró papeles por televisión, si los hubiera mostrado al juzgado seguramente hubiera sido habilitada, porque evidentemente tiene probanzas.”

Ayer, mientras Rucci presentaba sus papeles, el apoderado José Torello llevó a los Tribunales de La Plata documentación de Gambaro y de Majdalani, aunque en el PRO admiten que su situación es más complicada porque la candidata a legisladora provincial hasta ahora era legisladora porteña.

“Estamos preocupados pero seguiremos trabajando con la confianza de revertir el proceso que empezó con el fallo del juez. Hasta el viernes tenemos tiempo para imprimir las boletas”, sostuvo Macri en la conferencia de prensa a la que convocaron en el Centro Asturiano de Vicente López. Allí, los tres dirigentes de Unión-PRO insistieron en sus sospechas sobre la injerencia de la Casa Rosada en el asunto.

Randazzo sostuvo que los dirigentes de la oposición eran “poco serios” al apuntarle al Gobierno y añadió que los cuestionamientos del juez Blanco a las candidatas del PRO también habían sido recibidos por candidatos del Frente para la Victoria, sólo que no eran de los que se postulan en los primeros lugares.