Orlando Argentino González tenía que declarar ayer en un juicio por delitos de lesa humanidad en los tribunales federales de Tucumán, pero nunca llegó. En su condición de sobreviviente de la dictadura es un testigo clave contra el comisario retirado Francisco Orce, detenido desde abril, y como había sido víctima de amenazas e intimidaciones, al igual que todos los demás testigos e incluso los abogados del caso, pensaba pedir ser incluido en un programa de protección. Al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Gendarmería y por las policías federal y tucumana, mientras los organismos de derechos humanos se preparaban para diferentes actividades de “alerta y movilización”. “Estamos desesperados pero queremos ser cautos, nos queda la esperanza de que las amenazas lo hayan hecho esconderse por miedo”, dijo a Página/12 la abogada Laura Figueroa, querellante en este proceso judicial en el que también estaba imputado Mario “Malevo” Ferreyra, que se suicidó el 24 de noviembre de 2008.

Ayer a la tarde la noticia corrió rápido. Quienes la transmitían apenas podían contener el desasosiego que les provocaba otra vez la ausencia de un testigo, aunque todos esperaban que fuera momentánea.

Orlando González tiene 63 años, está desocupado pero supo tener un fondo cañero familiar. Hace algunos meses estuvo hospitalizado por un procedimiento oncológico y durante ese período tuvo custodia. “Sin duda es un testigo clave porque denuncia a un comisario retirado que está detenido en el penal de Villa Urquiza y que actualmente maneja un grupo de tareas que amenaza constantemente a los sobrevivientes, querellantes y testigos de la causa”, dijo a Página/12 Figueroa.

Había quedado en encontrarse con un grupo de psicólogos a las 9 y luego iría a Tribunales. Vive en el campo, pero la noche del lunes se quedó en casa de su hermana, quien asegura que salió de ahí ayer a las 6. A partir de ese momento nada más se supo de González.

El juez federal Bejas está a cargo de la megacausa que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga contra unas 80 víctimas, de un total de mil que se supone pasaron por el lugar. El 11 de noviembre pasado, el magistrado ordenó la detención de Ferreyra y Orce, acusados de la desaparición de los dirigentes comunistas Víctor Hugo González, Carlos Raúl Osores y María Celestina González, y del secuestro de Graciela Osores, Eduardo Osores y Orlando Argentino González. Todos ellos vienen siendo víctimas de permanentes intimidaciones, al punto que uno pasó a integrar el programa de protección de testigos, según señaló a este diario Julia Vitar, abogada y militante de HIJOS. Al parecer, mientras Ferreyra planeaba pegarse un tiro en cámara, Orce organizó a un grupo de muchachos que no habría tenido reparos en amedrentar a los abogados de HIJOS en los pasillos de Tribunales. “Tuvimos que hacer una presentación ante la Cámara para pedir que fuera garantizado nuestro derecho a trabajar sin ser fotografiados y sin que nuestras conversaciones sean grabadas por la patota que responde a Orce”, denunció Vitar. La declaración indagatoria de Orce había convulsionado el juzgado porque se quiso tirar por una ventana y sus familiares invadieron el despacho de Bejas.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia anunció que si hoy González no aparece dará una conferencia de prensa mañana en el hotel Bauen y realizará una marcha el viernes hacia la Casa de Tucumán en Buenos Aires.