Desde Tucumán

Después de catorce horas de rastrillaje, un grupo de gendarmes encontró cerca del barrio Villa Angelina, en las afueras de la capital tucumana, a Orlando Argentino González, el testigo desa-parecido en la jornada del martes, quien debía presentarse a declarar en una causa por violaciones a los derechos humanos que tiene como principal acusado a Camilo Orce, mano derecha del suicidado Malevo Ferreyra. El testigo de 63 años, que es pastor evangelista, fue encontrado en la casa de uno de sus familiares, sano y salvo. Según lo declarado frente a los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo, ayer pasado el mediodía, se produjo “un malentendido” con respecto a su declaración y posterior desaparición.

Cuando Bejas recibió la noticia a través de la abogada querellante Laura Figueroa, dispuso que la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial se trasladaran hacia el interior de la provincia para rastrear a González. Ayer, cerca de las 13.00, los uniformados dieron con el testigo, quien aseguró estar “totalmente confundido”. El juez Bejas aseguró a Página/12 que “lo que pasó durante estos días se lo puede resumir como una situación de estrés y confusión vivida por esta persona que fue objeto de amenazas de parte de allegados a Orce”. Además, “González nos relató que estuvo desorientado y confundido durante los días previos a la visita a los tribunales” remarcó.

El testigo dijo que intentó comunicarse con Figueroa en varias oportunidades a su celular y no pudo dar con ella, ya que debían mantener una reunión con un grupo de psicólogos de los organismos de derechos humanos provinciales.

El día de su desaparición el testigo tenía previsto presentar un escrito al fiscal federal en el que daría a conocer las diversas situaciones de presión y amenazas que había sufrido de parte de allegados al represor Orce. González es una pieza clave de la investigación que está llevando adelante la secretaria de Derechos Humanos Virginia Duffy: es la única persona con vida que vio el accionar de Orce cuando secuestró en los ‘70 a dos miembros de su familia que residían en la localidad de Ranchillos.

González contaba con custodia policial en 2008. Por decisión propia se levantó la medida después de haber sido internado en un hospital.

Por otra parte, Bejas adelantó a este diario que González deberá presentarse nuevamente hoy para determinar si quiere o no ser incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos, ya que en el caso de que acepte debería ser trasladado a otra provincia, “y en muchos casos los testigos se niegan por diversos motivos”, sostuvo.

Durante la mañana, casi todos los organismos de derechos humanos se trasladaron hasta la sede de tribunales federales, ubicada a dos cuadras de la Casa Histórica, para esperar las novedades del caso. “Buscamos a Orlando; tenemos elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil, estaba asustado, preocupado, debido a las amenazas constantes. Querían que retirara la denuncia contra el ex comisario Orce. El juzgado estaba advertido sobre los nuevos acontecimientos y sólo restaba la formalidad del trámite para que el Estado le brindara seguridad”, aseguró la agrupación H.I.J.O.S. en un comunicado de prensa.

Según fuentes de tribunales, la semana entrante se instrumentaría un nuevo sistema de protección para testigos, pero de carácter provincial, para que trabajen las fuerzas nacionales con asiento en Tucumán y con dedicación exclusiva a las causas de delitos de lesa humanidad.

Luego de una jornada agotadora, González pasó por otro trago amargo. Cuando el juez le preguntó adónde quería ser trasladado, respondió, “a casa de mi sobrina”. Cuando llegaron al lugar, fueron echados literalmente por los familiares porque, según dijeron, no querían tener problemas judiciales. Tuvo que volver a la oficina del magistrado a esperar que se le asigne un lugar donde pasar la noche.