Con “nosotros o el caos” o “nosotros o Chávez”, el oficialismo y la oposición se disputan mutuamente a sectores de las capas medias que se asustan de las dos cosas, o sea, del caos y de Chávez. Pero el fantasma bolivariano que introdujo la central empresaria en la campaña tuvo también la intención disciplinadora que en su momento expresaron los golpes de mercado contra Raúl Alfonsín, antes de las elecciones presidenciales que ganó Carlos Menem. Ni la UIA ni Techint podían pensar seriamente que la furiosa denuncia que detonaron en plena campaña electoral argentina impediría la nacionalización de las empresas en Venezuela –de lo que ya estaban en conocimiento desde varios meses antes– o que la intervención del gobierno argentino excedería el marco de los usos de la diplomacia, como no lo hicieron los gobiernos de España, Japón, Francia o México cuando sucedió lo mismo con empresas de esos países.

El efecto que sí lograron, en cambio, fue la fuerte irrupción del tema en plena campaña que fue tomado por candidatos del macrismo y la Coalición Cívica para advertir sobre una imaginaria “chavización” del Gobierno luego de las elecciones. Y los movileros salieron velozmente a preguntar a los candidatos del oficialismo si después del 28 de junio se produciría el inusitado festival de nacionalizaciones. Incluso la visita en esos días de Néstor Kirchner a la planta de la quebrada papelera Massuh –tomada por el Estado a través de un fideicomiso del Banco Nación para impedir su cierre– fue mostrada como una señal de futuras nacionalizaciones de fábricas y empresas.

La movida de los capitanes de la industria obligó a que el Gobierno rechazara cualquier intención de nacionalizar o de seguir los pasos de la revolución chavista bolivariana en un esfuerzo para sacar el tema de la campaña electoral. El mismo secretario general de la CGT, Hugo Moyano, lanzó una frase sorprendente: “Perón no nos enseñó a estatizar” y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, explicó que el proceso de nacionalizaciones en Venezuela demostraba que ese país está en una etapa “preperonista”. Ninguna de las dos frases se entiende bien. Lo único que queda claro es que el Gobierno no está interesado en el tema y menos para debatirlo en medio de una campaña electoral en la que las capas medias le están siendo rehacias.

La UIA y Techint saben que no está en los planes del Gobierno ningún proceso de nacionalizaciones como el de Chávez, pero quieren asegurarse la inmovilidad de los directores que el Estado puso o debe poner en los directorios de las empresas donde las AFJP habían invertido parte del dinero de los jubilados. Al pasar los fondos de las AFJP a la ANSES, esta última quedó con inversiones en más de veinte de las principales empresas del país, entre ellas la misma Techint. El nombramiento de directores del Estado en estas empresas produjo primero sorpresa y después rechazos y tironeos. El caso de Techint –más propiamente Siderar, la mayor acerera del país– fue especialmente difícil, porque los fondos de la ANSES llegan al 27 por ciento del total, por lo que, según algunas interpretaciones, al Estado podrían haberle llegado a corresponder tres directores y el grupo de Paolo Rocca hubiera perdido la mayoría en el directorio. Otras empresas en situación similar se ampararon en sus reglamentos y lograron impedir la incorporación del representante estatal.

El Gobierno aclaró finalmente que no le interesaba una intervención mayoritaria, pero que sí tendrá por lo menos un director para cuidar los fondos del Estado. La discusión en Siderar terminó con la designación de un solo delegado en el directorio, el economista Aldo Ferrer. El proceso quedó en ese punto y aunque el Gobierno no dio ninguna señal de avanzar más, algunas de estas empresas, ya repuestas de la primera sorpresa de tener de socio al Estado, reaccionan para delimitar el territorio y prevenir cualquier intención futura. Este ha sido un tema latente. A las empresas les interesa frenar cualquier mala idea por parte estatal, pero tampoco quieren despertar al monstruo, no vaya a ser que cambie de opinión y decida exigir la concreción de todos sus derechos societarios.

Pero al fantasma de Venezuela ya le venían poniendo la sábana desde antes que se conocieran las nacionalizaciones de las tres empresas en las que tiene participación Techint en ese país. Varios medios argentinos habían mandado corresponsales para cubrir, entre el 27 y el 29 de mayo, el fastuoso 25º aniversario del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), uno de los principales centros de oposición de la derecha venezolana que había convocado a dirigentes conservadores y neoliberales de Europa y América latina como Alvaro y Mario Vargas Llosa, los ex presidentes Jorge Quiroga y Francisco Flores, de la derecha boliviana y salvadoreña y otros menos conocidos. Una de las invitadas de Argentina fue la diputada macrista Cynthia Hotton.

Uno de los más conspicuos integrantes del CEDICE es Marcel Granier, presidente de la televisora RCTV, a la que el gobierno de Chávez no le renovó la licencia para transmitir por aire y ahora lo hace por cable desde Miami. Granier fue el que organizó toda la operación mediática de cobertura al golpe contra Chávez, operación de la que los argentinos pudieron ser testigos porque era transmitida prácticamente en cadena por las televisoras locales y pudieron constatar la manipulación abierta que se hizo de la información. El empresario mediático ha enviado cartas a todas las fuerzas de derecha de Brasil para que bloqueen la incorporación de Venezuela al Mercosur, que ha sido la exigencia planteada aquí al Gobierno por la UIA y Techint, como parte de la campaña promovida por Granier. Habría que señalar que en Brasil esa campaña tuvo bastante repercusión, pero no en Argentina, donde la oposición no controlaba ninguna de las dos Cámaras legislativas y ni se atrevieron a plantearla como ahora lo hicieron los capitanes de la industria.

Lo que se trataba de una reunión bastante intrascendente para los medios argentinos se convirtió en un verdadero circo mediático, con una cobertura que no tienen otros hechos más importantes del ámbito internacional. Cuando Kirchner hablaba aquí en sus actos de campaña de “profundizar el modelo”, las pantallas locales reproducían esa misma frase, pero en boca de Chávez. La demonización de Chávez es un tema conocido, pero aquí, para sectores de la oposición, tiene el sentido estratégico de malquistar las relaciones entre los dos países.

El circo mediático comenzó cuando se denunció que Alvaro Vargas Llosa, a quien algún humorista califica de intelectual, había sido detenido por el régimen venezolano. Después se supo que no había sido detenido ni retenido, sino que había demorado dos horas su entrada al país, quizás un poco más que el trámite que debe realizar cualquier turista. Mario Vargas Llosa, su padre, que sí es uno de los más grandes escritores latinoamericanos, se prestó al mismo juego y esa demora de dos horas le alcanzó para denunciar que Venezuela “va en camino de ser la segunda Cuba”. La demora de dos horas y las declaraciones de los dos Vargas Llosa se acoplaron a la difusión de una frase de Chávez a Lula prometiéndole que no nacionalizará empresas brasileñas. El venezolano le aseguró a la Presidenta que sólo había sido una broma, pero la cuestión se sumó a la campaña, criticando al Gobierno por no reaccionar de manera más dura contra Chávez. Gracias a la intervención del Gobierno en la nacionalización de Sidor, el gobierno venezolano le pagó a Techint una suma mucho mayor a la esperada por la propia empresa al inicio de la negociación. Pero además, el intercambio comercial entre los dos países sobrepasa los 1400 millones de dólares, con una balanza comercial muy favorable para Argentina. Dentro de esa cifra están representadas más de dos docenas de empresas argentinas, entre ellas algunas que fabrican maquinaria agrícola que empezaron a venderle a Venezuela en los últimos cinco años. De todos modos, la UIA priorizó los intereses de Techint sobre los de las demás empresas pequeñas y medianas que participan de ese intercambio.

La pequeña “Operación Venezuela” que introdujeron en la campaña la UIA, Techint, algunos medios y sectores de la oposición demostró que no tiende a evitar una inexistente “chavización” de la Argentina, sino a empujar al país hacia posiciones de derecha, conservadoras en lo político y social y neoliberales en lo económico.