Mario Segovia, el hombre que está preso y procesado por narcotráfico, será trasladado mañana otra vez al juzgado federal de Zárate-Campana para ampliar su declaración indagatoria. Mientras la Cámara Federal de San Martín analizaba la recusación contra el juez planteada por el abogado de Segovia, Mariano Cúneo Libarona, en el juzgado avanzaron en el análisis de prueba y en la citación de testigos relacionados con la causa. El apoderado del “espacio político de Francisco de Narváez”, así se presentó Fernando Rozas, dijo bajo juramento que él había guardado en un sobre de papel madera el teléfono Nextel, a nombre de su jefe, que usaba el parrillero Danilo Coronel y del que salieron cuatro llamadas a Segovia. Coronel fue citado nuevamente y reconoció que el Nextel que le mostraron era el suyo. El aparato será sometido a peritajes de la Gendarmería Nacional. En el juzgado analizan enviar nuevas citaciones a colaboradores del diputado-candidato de Unión-PRO ante testimonios aportados en la investigación.

Como informó este diario, la Sala II de la Cámara consideró que la presentación de separar al juez de la causa que investiga el tráfico de efedrina “corresponde rechazarla por improcedente”. Con la firma de los jueces federales Daniel Mario Rudi, Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Daniel Criscuolo y del secretario Marcelo Fernando Passero, el fallo sostiene que “el estudio del legajo demuestra una abierta confrontación entre las tesis cruzadas, sin que al momento presente se advierta ningún hecho que modifique esa situación de equilibrio a favor de alguno de los contendientes. Nótese al efecto que los hechos denunciados causaron el inicio de una instrucción criminal en la cual no se ha llegado al piso mínimo del “motivo bastante para sospechar” que el denunciado/recusado ha participado en la comisión de algún delito”.

Cúneo Libarona debutó como defensor de Segovia casi seis meses después de su detención. Irrumpió con su tradicional verborragia mediática la misma semana en que la empresa telefónica Nextel certificó, en otra causa que investigaba a Segovia, que de un teléfono a nombre de De Narváez se habían realizado llamadas al procesado por narcotráfico y contrabando. Cúneo recusó a Faggionato ante la Cámara argumentando “irregularidades” procesales y aseguró que el juez le había ofrecido a su defendido mejorar su situación a cambio de que involucrara a De Narváez en la causa. Cúneo Libarona se desempeña también como uno de los letrados corporativos del Grupo América, a la sazón propiedad de De Narváez junto a José Luis Manzano y Daniel Vila.

La Cámara desestimó los fundamentos del pedido de recusación y, al mismo tiempo, derivó la denuncia sobre la supuesta coacción al detenido a la Justicia criminal. En su fallo, los camaristas señalan que no se encontraron hasta ahora motivos para sospechar de la actitud del magistrado. En el informe que elevó en su defensa Faggionato escribió: “Nunca existió en este juez ninguna intención ilícita. Menos para que Segovia impute a Francisco de Narváez. Nuevamente la defensa cae en el terreno de lo execrable. Existen contactos probados en autos entre un teléfono celular a nombre de Héctor Germán Benítez (hoy Mario Roberto Segovia) y un teléfono de la flota del diputado nacional Francisco de Narváez atribuido a un empleado de éste. ¿Cuál sería el marco extraprocesal de otra pregunta que no tuviera relación con ello? Se le exhibieron en indagatoria (a Segovia) todos los cruces telefónicos, entre ellos el aludido, el indagado se negó a contestar. ¿Qué clase de urdimbre puede perfeccionarse haciendo reconocer a Segovia llamados que no hizo porque en realidad fueron hechos desde el teléfono a cargo de la flota de De Narváez hacia los teléfonos de Benítez (o Segovia)? Si fuera cierto que este juez tuviera la posibilidad de utilizar amenazas coactivas u ofrecer favores, ¿en qué puedo favorecerlo si ya está en condiciones de ir a juicio por los hechos por los que fue procesado y confirmado?, ¿en qué puedo favorecerlo si no soy el juez de juicio?”.

El gran bonete

En su declaración testimonial en el juzgado de Zárate-Campana, el apoderado de De Narváez confirmó que había recibido el teléfono que usaba Coronel de manos de Carlos Cabanes, el jefe de custodia del diputado. Cabanes fue mandado por De Narváez a buscar a Coronel, pedirle el teléfono y filmarlo con cámara oculta apenas se publicó en este diario que estaba el registro de llamadas. El 21 de abril, el ex oficial de la Policía Federal le entregó el aparato a Rozas. La semana pasada, Rozas dijo que él guardó el teléfono en un sobre y lo puso en un estante de una de las oficinas de la calle Baez, en el barrio las Cañitas de Palermo, donde funciona uno de los bunker del diputado-candidato de Unión-PRO. Aseguró que no utilizó ni manipuló el Nextel. Cuando le preguntaron si podía dar fe de que nadie hubiese usado el teléfono dijo que no porque el lugar en el que lo había colocado era abierto y sin ningún resguardo.

El parrillero que, según declaró por escrito De Narváez, trabaja bajo sus órdenes desde hace dieciocho años, fue citado nuevamente por la Justicia y reconoció que ése era su teléfono. Los peritos de Gendarmería serán ahora los encargados de certificar si el aparato fue sometido a alguna modificación. Faggionato Márquez también espera el registro de la totalidad de llamadas entrantes y salientes del Nextel 155-451-2227 para comprobar la pertinencia de las relaciones del empleado de De Narváez que trabaja en uno de los campos del empresario en Luján.

Fuentes del juzgado aseguraron que la pesquisa sobre esa derivación de la causa no se agota en la aparición del Nextel, sino que se realizarán nuevas citaciones. Cerca de Faggionato tomaron cuenta de una advertencia de la Cámara para que sean más discretos en la información que trasciende por la prensa. El magistrado de Zárate-Campana tiene pendientes varios pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. El pasado 30 de abril prestó declaración durante una hora y media ante la Comisión de Acusación y presentó un escrito de ochenta páginas en su defensa. Ahora resta el análisis de los consejeros. Las causas por las cuales se lo citó están a cargo del senador radical Ernesto Sanz. Una es por el supuesto usufructo de una cosecha de soja de un campo que estaba embargado y otra por cuestiones procesales.