La Cámara Nacional Electoral (CNE) le ordenó ayer al Ministerio del Interior que explique las razones por las que no le admitió un pedido de 400.000 pesos formulado por el ARI para la realización de congresos de esa fuerza política en 2008. No se trata de fondos para las elecciones, sino dinero que el Estado destina a sostener las actividades de los partidos. Del total de 400.000, el Ministerio del Interior sólo le entregó al ARI 50.000. Lo que más le cuestionó la CNE al Gobierno es la falta de explicación de por qué le otorgó 50.000 y no 100.000, 200.000 o 400.000, siendo que el ARI argumentó que al PJ se le entregaron 1.100.000 pesos. En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, sostuvo que se le dio esa cifra al partido de Elisa Carrió porque es la proporción que correspondía a la cantidad de afiliados que tiene cada partido, en este caso el ARI, que únicamente cuenta con 48.000 afiliados. Justamente la Cámara, a través del voto unánime de Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné, sostuvo que el ministerio debió explicarlo antes, en el expediente, porque todos los actos administrativos –y más todavía los electorales– tienen que ser razonables y transparentes.

El máximo tribunal en materia electoral no ordenó al Ejecutivo que le entregue los 400.000 pesos pedidos por el ARI. La organización que encabeza Carrió había solicitado, en septiembre de 2008, 200.000 pesos para un Encuentro Nacional y, un mes después, otros 200.000 pesos para una Asamblea Nacional de renovación de autoridades partidarias. Los partidos legalmente reconocidos tienen derecho a pedirle al Estado, a través del Ministerio del Interior, que aporte fondos para sostener sus actividades, ya que en la reforma de la Carta Magna de 1994 justamente se les dio rango constitucional a las actividades de las fuerzas políticas.

Según el fallo de los camaristas, el Ministerio del Interior no respondió al pedido del ARI: ni siquiera hubo un rechazo. El texto señala que hubo una especie de contestación de hecho a través de la adjudicación de 50.000 pesos para esas actividades. El ARI se presentó entonces a la Justicia aduciendo que hubo arbitrariedad, sobre todo teniendo en cuenta que al PJ se le adjudicaron 1.140.000 pesos.

Todo el fallo de la Cámara se concentra en que el ministerio debió rechazar o aceptar el pedido del ARI, pero no ignorarlo y menos todavía tomar decisiones sin explicar su fundamentación. Lo señala en varios párrafos de la resolución de ayer. Dice, por ejemplo, que es potestad del Ministerio del Interior resolver la distribución de fondos extraordinarios –como los asignados a los congresos de los partidos–, pero que hay criterios básicos:

- “No debe establecerse una equiparación absoluta entre todas las formaciones políticas, pero sí exige eliminar desigualdades carentes de justificación.”

- “Se busca otorgar oportunidades equitativas a todos los contendientes y también se puede aplicar el principio de la proporcionalidad con relación al caudal electoral que obtuvo cada partido.”

- “Más allá de lo conveniente o no que pueda resultar encomendarle a un órgano político –como el Ministerio del Interior– el manejo de recursos destinados a los partidos, no es dudoso que eso impone fortalecer la transparencia en el reparto.”

- “Que en ese sentido, es claro que todo órgano público está obligado a motivar sus decisiones, en forma razonable y con arreglo a la ley, de modo de hacer posible un adecuado y suficiente control jurisdiccional.”

En concreto, la Cámara resolvió, sobre la base de los argumentos anteriores, que el ARI puede volver a formularle el pedido al Ministerio del Interior, adjuntando las constancias que justificarían su requerimiento, para que ese ministerio se pronuncie “mediante resolución debidamente fundada”.

En respuesta al fallo de la Cámara, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, negó que se hiciera una asignación discrecional de los fondos extraordinarios, como los que se entregan a los partidos para hacer congresos o actividades educativas. “Los fondos de ese tipo se distribuyen de acuerdo a la cantidad de afiliados de cada fuerza. Entendimos que el pedido del ARI era excesivo e implicaba el diez por ciento de todos los fondos para actividades extraordinarias, lo que no se correspondía con su cantidad de afiliados”, explicó Tulio.

En diálogo con este diario, el funcionario detalló los números. “Ellos pidieron 400.000 pesos que en realidad eran para un solo congreso, ya que el de octubre era la postergación del de septiembre. El pedido de dinero para hacer un congreso es legal y razonable y recibimos unos cien pedidos por año, teniendo en cuenta que hay centenares de partidos políticos. Para esas actividades extraordinarias, en total, el ministerio dispone de cuatro millones de pesos por año. No era para nada lógico que le diéramos 400.000 pesos a un solo partido. El PJ, por ejemplo, tiene tres millones de afiliados y la UCR dos millones. De manera que se le adjudicó al ARI una cifra que está por encima de la proporción que matemáticamente le correspondía. Además, no tenemos nada que ocultar: todo se publicó en Internet. A esto cabe agregar que en un año como éste, el total del dinero que se les da a los partidos es de unos 40 millones de pesos, de manera que el fondo para actividades extraordinarias es una pequeñísima parte del financiamiento que el Estado, por ley, destinada a las fuerzas políticas”, concluyó Tulio.