EL PAíS › OPINIóN
› Por Alcira Argumedo *
En su artículo “El voto de las almas bellas” (Página/12, 15-06-09), Mario Toer nos invita a reflexionar sobre las próximas elecciones legislativas y se ocupa en especial del voto de las almas bellas, de aquellos que “quieren lo mejor para sí y para sus semejantes, pero padecen de una crónica aversión para repasar y comprender la historia y les cuesta entender la dimensión de la política”. Al igual que Carlos Heller (Página/12, 14-06-09) cuando dice “el voto romántico es un voto perdido” es fácil percibir que se convoca a votar con realismo político ante opciones supuestamente claras: “O se es protagonista con las mayorías consolidando el curso que se ha abierto o se persiste en los antiguos cenáculos que rondan el 1 por ciento en algunos distritos o, a lo sumo, en la variante nutrida de fantasías de celuloide que se conforma con contar con alguna presencia tan sólo en la ciudad que siempre ha sido esquiva a las mayorías con incesantes reclamos por todo lo que resta por hacer”. Durante los últimos seis años, el celuloide de Pino Solanas no registró fantasías sino realidades dramáticas, con información que nunca nadie pudo desmentir. Fue precisamente el contacto directo con esas realidades, con el potencial humano sufriente de la Argentina profunda, lo que nos llevó a formar Proyecto Sur y a la decisión de tener voz en el Parlamento. Porque no se trata sólo de “todo lo que resta por hacer” sino además de lo que hay que deshacer.
A modo de ejemplo, sin dejar de reconocer las cosas buenas que apoyamos del actual gobierno, en el próximo celuloide –Tierra sublevada– se aborda el tema de la minería a cielo abierto. Es conocido el veto a la Ley de Protección de Glaciares por parte del matrimonio Kirchner y el posterior aval a ese veto de un Parlamento sumiso, que antes había votado la ley casi por unanimidad. Tal decisión favorece sin duda a la empresa Barrick Gold y al gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, junto a sus socios o amigos; pero es preciso interrogarse si favorece a la inmensa mayoría de los argentinos, a sus hijos y a sus nietos. La información periodística señala que en el proyecto Pascua-Lama para la explotación de oro y plata a cielo abierto, la empresa utiliza 370 litros de agua por segundo: sacando cuentas, esto significa que en doce meses gasta el agua potable que una población de 40 millones de personas bebería en 24 años; y el agua que esa cantidad de población podría beber durante un siglo, la liquida en cuatro años. A ello se suman 17 camiones con cianuro por mes, que son volcados en tierras y aguas, además de 200 camiones de explosivos mensuales, destinados a la destrucción de montañas y glaciares: es el Potosí o La Forestal de nuestros días. Las almas bellas saben que el agua potable es un recurso indispensable para la vida y tiende a escasear en un futuro no muy lejano; la resistencia popular crece a pesar de las intimidaciones, pero los realistas políticos prefieren mantener la boca cerrada. Este es uno de los problemas que vamos a intentar deshacer desde el Parlamento.
A fines de 2006, el presidente Kirchner promovió la modificación de la Ley de Hidrocarburos mediante la llamada Ley Corta, por la cual los yacimientos de petróleo pasan a las provincias y se prorrogan las concesiones: esa decisión significó entregar a las corporaciones petroleras reservas por un monto aproximado de 600.000 millones de dólares, equivalentes al doble del PBI actual del país. Apoyada por el presidente, la ley posibilitó la entrega de Cerro Dragón a la Panamerican Energy hasta su extinción total en el 2047. Sobre esta base se prorrogaron o se entregaron nuevas concesiones en el resto de las provincias petroleras: el por entonces amigo gobernador Julio Cobos otorgó la mitad de los yacimientos mendocinos al grupo Vilas-Manzano (el mismo que robaba para la corona). Las almas bellas saben que esto es un latrocinio, pero los realistas políticos cierran su boca porque de eso no se habla en la Casa Rosada. Es otro de los problemas por los que vamos a luchar para deshacer desde el Parlamento.
Entre lo mucho que queda por hacer, ante todo afirmamos que el hambre es un crimen en tanto es evitable y estamos dispuestos a promover una ley para garantizar el ingreso universal por hijo. Debe mencionarse que quienes pagan impuestos a las ganancias o son tributarios de AFIP ya lo reciben, porque lo descuentan de sus aportes; mientras a los trabajadores en blanco se les suma al salario. El desafío es extenderlo a los trabajadores precarios y en negro, a los desocupados, a las familias en condiciones críticas. Se calcula que el otorgar 350 pesos por hijo, permitiría –junto a otras medidas de mediano plazo– eliminar la pobreza y la indigencia, disminuyendo sensiblemente la mortalidad infantil. Por razones obvias, la suma se entregará directamente a las familias, sin intermediarios. El monto calculado para erradicar este flagelo gira en un 2 por ciento del PBI, unos 7000 millones de dólares: las cifras comparativas indican que esto significa menos de la tercera o la cuarta parte de la renta energética –unos 25.000 a 30.000 millones de dólares por año– que queda en manos de las corporaciones y sus amigos; sin contar que se han venido otorgando subsidios del orden de 10.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas locales o transnacionales.
Considerando que durante los últimos seis años la economía argentina creció a las tasas más altas de su historia, nos preguntamos por qué millones de compatriotas continúan sufriendo en la miseria; por qué, junto a otros cambios, no se ha impulsado la reforma de un perfil impositivo de alta regresividad, no se tocó la ley financiera de Martínez de Hoz ni se eliminó el IVA para los artículos de la canasta familiar. Mencionemos también una revisión de la legitimidad de la deuda: si la acción delictiva de los capitales financieros especulativos llevó al derrumbe de Wall Street y de las economías de la Unión Europea y Japón, imaginemos su accionar en nuestros países. Las almas bellas se indignan, pero los realistas políticos prefieren mantener sus bocas cerradas.
Estas son sólo algunas de las propuestas que Proyecto Sur llevará al Congreso ante la magnitud de la crisis mundial, que marca un cambio de época al conjugarse con los impactos de la Revolución Científico-Técnica. Dado que se trata de una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, el único camino para superarla es una redistribución en gran escala de la riqueza: continuar con políticas que benefician a los poderosos a costa del sufrimiento de los más, no solamente es injusto; significa estar a contramano de la historia. En consecuencia, no es cierto que debemos elegir entre la derecha y un oficialismo que representa al movimiento popular. La verdadera opción es entre la continuidad de las políticas que privilegian al bloque de poder dominante, conformado por las corporaciones y los grandes grupos económico-financieros –con sus tensiones y conflictos internos– o impulsar un giro en el rumbo de nuestro país, con un proyecto en favor de las mayorías sociales y de los intereses nacionales, dispuesto a frenar el despojo al que nos ha venido sometiendo ese bloque de poder. Al margen de las retóricas de oficialismos y oposiciones (González, Página/12, 16-06-09), demasiadas veces hemos sido extorsionados por una espuria polarización, donde las amenazas del mal mayor fueron frustrando la construcción de una fuerza política, decidida a revertir décadas de saqueo e impunidad y a promover un proyecto nacional y latinoamericano capaz de dar respuestas frente a los desafíos de un nuevo tiempo histórico. Por eso hoy se necesitan muchas almas bellas y no tantas bocas cerradas.
* Segunda candidata a diputada por Proyecto Sur en Capital.
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