La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense se reunió ayer con miembros de la Comisión Interpoderes, creada a instancias de la Corte Suprema con el fin de acelerar el proceso de justicia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, para expresar su preocupación por la demora en la instrucción de las causas. Encabezado por sus copresidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el organismo pidió poner fin a la dispersión de causas y al juzgamiento por casos aislados, planteó la necesidad de garantizar la amplia publicidad de los procesos y concretar en el corto plazo el juicio al torturador Luis Patti, y expresó su preocupación por la parálisis de la investigación por la desaparición de Julio López, radicada en el juzgado de Humberto Blanco. “Es preciso reafirmar en esta coyuntura electoral la necesidad del compromiso con la justicia por los crímenes de lesa humanidad como una política de Estado, inamovible e irrenunciable”, solicitó el Premio Nobel de la Paz.

El nombre completo de la Interpoderes es Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Nació en abril impulsada por Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, con el fin de remover obstáculos, acelerar nombramientos, facilitar infraestructura y recomendar directivas generales al alto tribunal. La Corte dispone además de una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad. Como informó Página/12, la Procuración General de la Nación le reclama que instruya a los jueces para impedir que los represores cumplan prisión preventiva en cuarteles, para que tomen recaudos básicos a la hora de citar testigos y se establezcan mecanismos eficaces para cubrir vacantes en tribunales.

La Comisión pidió celeridad para evitar que las causas “caigan en un camino de denegatoria de justicia debido al retardo de elevaciones e imputaciones”, y que represores identificados continúen en libertad o mueran impunes. Citó como ejemplo al ex jefe de La Cacha Julio Barroso. El fiscal Sergio Franco pidió su detención en 2005, la Comisión aportó informes de inteligencia que confirmaron relatos de sobrevivientes, pero el juez Manuel Blanco se niega a ordenar su detención.

El organismo reclamó poner fin a la dispersión de causas y a la instrucción por víctimas, como ocurre en la megacausa Campo de Mayo a cargo del juzgado de San Martín. “Implica dilapidar esfuerzos” y “lleva a la paradoja de sentar como testigos a personas con responsabilidad probada respecto de otras víctimas”, apuntó. Sobre la jurisdicción La Plata, planteó la necesidad de avanzar con un criterio de concentración. Precisó que las causas Comisaría 5ª y parte de Arana estarían en condiciones de ser elevadas y sólo restaría que la Sala I de la Cámara Federal liberara la causa Brigada de Investigaciones, para poder concretar un juicio acorde a las dimensiones del ex circuito Camps. También reclamó poner fin a las demoras en la tramitación de causas en Mar del Plata, por dificultades en cubrir vacantes en la Cámara Federal y el Tribunal Oral.

La Comisión Provincial expresó finalmente su preocupación por los criterios de integración y designaciones por parte del Consejo de la Magistratura. “No llegan los mejores, no se atienden criterios de idoneidad”, cuestionaron. Como contracara citaron el caso de Pedro Hooft, en funciones pese a su actuación durante la dictadura.