Reclusión perpetua en cárcel común. Esa fue la pena solicitada ayer por los abogados querellantes para los dos imputados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Labolita, militante peronista visto por última vez en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Los acusados, que juzga el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, son el general de brigada Pedro Mansilla y el coronel Alejandro Duret.

Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados César Sivo, en nombre de la familia Labolita, Eduardo Rezses y Silvana Rivas por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la fiscalía encabezada por Daniel Adler. Además de pedir la máxima pena solicitaron que se le revoque el arresto domiciliario a Mansilla, de 77 años, y que se investigue “por mentir y ocultar información” al general Néstor Edgardo Calvi, al coronel Gustavo Onel y al sargento ayudante Ernesto David Rabazzano.

“Mansilla era jefe de zona militar y del regimiento de Azul. Fue responsable de todo lo que sucedía en su zona, de la comisaría de Las Flores y de la policía. Quedó comprobado que todos respondían a sus órdenes”, destacó Sivo. Duret fue identificado por testigos como la persona que recibió a Labolita de manos policiales en el regimiento, y de inmediato ordenó encapucharlo. Días después, junto al cautivo, participó del allanamiento a su casa. “Hace cinco días que estoy en la parrilla”, alcanzó a decirle Labolita a su mujer, que no volvió a verlo. “Tenemos certeza de que lo mataron pero no cómo la mataron”, explicó Sivo.