Son 33 policías y un subcomisario. Forman parte de la subcomisaría de Las Catonas, en Moreno. Un grupo de vecinos del barrio los denunció por proteger a una banda de desarmadores del lugar. Página/12 difundió el lunes pasado en exclusiva esa denuncia. La publicación puso a la comisaría en la mira del ministro de Seguridad de la provincia. Juan Pablo Cafiero le ordenó ayer a la Jefatura Departamental de Mercedes iniciar un sumario administrativo interno para investigar a los policías de Las Catonas. Se intenta así averiguar el grado de compromiso y de responsabilidad de esos policías con la banda que terminó delatada por la sublevación de todo un barrio. A fines de octubre, trescientas personas de Las Catonas decidieron destruir a golpes de martillo y fuego el aguantadero que con aquella venia policial mantenía un régimen de opresión sobre el lugar.
Víctor Vega es el subcomisario de la Departamental de Investigaciones de Mercedes donde ahora ha comenzado, de forma acelerada y presurosa, la investigación solicitada por el ministro Juan Pablo Cafiero. En su despacho, Vega tiene a mano todos los antecedentes de la causa, la denuncia de los vecinos y cada uno de los datos que le va pidiendo este diario. Sabe, como lo sabe toda la fuerza, que esta nueva denuncia puede terminar barriendo la pequeña estructura policial de Las Catonas. “La investigación recién se inicia –dice Vega– pero puede terminar sin cargos o generar imputaciones que terminen con la exoneración de alguno de los integrantes de la comisaría.”
Las sospechas sobre los policías comenzaron a partir de la denuncia de un grupo de treinta pobladores de Las Catonas, uno de los barrios más pobres del extremo norte de Moreno. Aseguraron que una de las bandas de ladrones del barrio trabajaba “amparada” por la subcomisaría del lugar. La banda en cuestión se dedicaba a la compra y reventa de autopartes de vehículos robados. Los jefes, de acuerdo al relato de la gente, eran dos personas, padre e hijo de apellido Vargas. La subcomisaría mencionada por la gente era la seccional 2ª, con jurisdicción en el lugar y a cargo del subcomisario Juan José Rivara.
La organización que supuestamente contaba con la protección policial, además de hacer sus negocios, se dedicó durante meses a hostigar, presionar y sembrar pánico entre los pobladores del lugar. Un día, los vecinos decidieron reunirse dispuestos a acabar con ese reinado. El 27 de octubre, unos trescientos hombres de Las Catonas incendiaron y destruyeron la casa ocupada por los Vargas.
Entre los datos que fueron aportando varios vecinos en la denuncia, hubo detalles que comprometían a los policías. Uno de esos testimonios ahora fue incluido en la investigación del Ministerio. Es el de Jorge, uno de los vecinos del barrio que va describiendo la supuesta relación de los patrulleros con la morada de los Vargas: “Los patrulleros –dijo– venían muy seguido, por lo menos una vez por semana. Directamente entraban y dejaban el auto en el patio”. Ese patio era un espacio abierto entre dos fincas, donde los Vargas desarmaban los autos con absoluta calma, según aseguran los vecinos.
Aquello que para la gente de Las Catonas era un indicador certero del compromiso de los policías con los ladrones del barrio, la Departamental ahora lo pone en duda. “Lo que la gente vio –corrige el comisario Vega– no fue otra cosa que el resultado de un allanamiento que se hizo en el lugar el 16 de octubre pasado.” De hecho, ese día, la Departamental de General Rodríguez hizo un allanamiento en la casa de los Vargas siguiendo las pistas de un auto robado. “En aquella ocasión –se anticipa Vega– hubo un detenido, por lo que puedo decir que el caso ya estaba siendo investigado por la fuerza antes de todo esto.” Lo que nadie todavía puede explicar es la segunda parte de la denuncia de Jorge: ¿Que hacían los patrulleros todas las semanas en ese patio? ¿Irían detrás de otras tantas órdenes de allanamiento? En principio no. En pocas horas, Vega y los investigadores de Mercedes rastrearon todos los antecedentes de los Vargas. Ese fue el único allanamiento oficial que se hizo en la casa.
De todos modos, los Vargas estaban siendo investigados. “Estas personas tienen cuatro hechos imputados”, explica el comisario. “Sólo por eso –sigue– deberían haberles decretado la prisión.” Sin embargo, hasta ahora nadie lo hizo. Entre los hechos que ahora recaen sobre padre e hijo Vargas existe uno por el robo de dinero a un habitante del barrio y otros dos por robo de autos. En la finca apareció un auto robado de Morón y otro que pertenecía a un miembro del poder judicial de ese departamento.
Para avanzar sobre la investigación hacia dentro de la estructura de la Bonaerense, la Departamental convocará en los próximos días y entre otros testigos a Luis Bordón, uno de los vecinos del barrio que ha denunciado públicamente este caso (ver aparte). “Los testimonios pusieron en duda el trabajo de los policías de la zona –vuelve a explicar el comisario– y por ese motivo, los llamaremos cuando avance el proceso, que es similar a un proceso penal.” Entre los elementos de prueba se tomarán formalmente los testimonios y se harán ruedas de reconocimiento para identificar también a los policías supuestamente involucrados. “Cada vez que un policía está involucrado en una denuncia como ésta, ya sea víctima o imputado –indica el comisario–, se inicia un proceso similar.” Lo que para Vega y los equipos de investigadores de la Bonaerense no es más que un mecanismo típico y de rutina, en el Ministerio toma otro color. Desde allí, desde hace unas semanas, Asuntos Internos está investigando a policías de ése y de otros distritos. De acuerdo a una fuente del organismo, esa dependencia acumula elementos de prueba que comprometerían a una serie de efectivos con la actividad de distintas bandas.
En la Justicia, en tanto, existe una causa que se originó con el incendio de la casa de los Vargas. El caso está en manos de la UFI 7 de Moreno, donde se tramitan los expedientes de “autores ignorados”. De acuerdo a los datos recogidos hasta el momento, en esa causa no se investigan ni los negocios de la banda de ladrones de autos, ni la participación de la policía ni la denuncia de Las Catonas. Solo el incendio y destrucción del aguantadero de los Vargas.