Hay una línea que atraviesa el conflicto de Las Catonas y su policía acusada de proteger delincuentes: el crecimiento de los desarmaderos en cada rincón del conurbano bonaerense. La devaluación y la crisis la convirtieron en la actividad ilegal que más ha crecido en los últimos diez meses, según coincidieron en las últimas semanas fiscales, abogados de delincuentes, policías y hasta los propios desarmadores entrevistados en exclusiva por Página/12. En la guerra entre los vecinos y un grupo de ladrones que robaban impunemente en el mismo territorio en el que viven gracias a su supuesta sociedad con policías de la comisaría 2ª se puede mirar la que subyace en otros muchos territorios de la provincia.
Hace diez días, este diario publicó un informe exclusivo con los testimonios ante la Justicia de dos desarmadores y los vecinos del barrio Las Tunas, de General Pacheco, que contaron cómo la policía allí recibía fajos de dinero por dejar funcionar el negocio. Este diario entrevistó a dos capos del ramo en la zona: describieron con lujo de detalles la actual cadena de recaudación de la policía, que tiene como centro de muchos otros ingresos a los desarmaderos. Lo que fuentes del propio gobierno provincial admiten es el crecimiento de profundas y cada vez más extensas zonas de ilegalidad casi total.
El riesgo, saben, es que si no ponen los ojos y las manos en el barro y el polvo de lo más denso del conurbano corren el riesgo de encontrarse ante otros ataques por mano propia que por más que se dirijan a bandas de civiles, siempre estarán también dirigidas hacia la corporación policial. El día en que los vecinos de Las Catonas quemaron la casa y el desarmadero de los Vargas tuvieron el impulso de dirigirse enseguida hacia la comisaría. “Es que hay un punto en donde es demasiado burdo lo que hacen. La gente ya ni siquiera puede hacerse la que no ve, la que no sabe, no puede dejarlos así de impunes”, le dijo una de las vecinas a este cronista. Una de las historias que más conocen los vecinos que participaron de la revuelta es la del hombre que se acercó a denunciar a la comisaría con los números de patente de decenas de autos que habían ingresado al desarmadero y nunca habían salido. Ese testimonio sería central para que en la Justicia se pruebe que fueron policías los que alimentaron el crecimiento de la violencia que llevó a los vecinos a pensar en quemar y destruir con las manos propias.