Nadie sabe al día de hoy, con un escenario de mayorías reñidas y alianzas en veremos, cómo podría terminar una discusión parlamentaria sobre una eventual reforma del Consejo de la Magistratura. Frente al misterio, todos los interesados salen a jugar sus apuestas de máxima. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió en la reticencia del Gobierno a discutir cambios en la ley que achicó el organismo y defendió su funcionamiento. “Todo lo que se dice es injustificado, innecesario y hasta amañado”, disparó en respuesta al titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien pidió “cirugía mayor”. Desde la misma entidad, el consejero Luis Cabral dijo que en el Consejo prevalecen “las decisiones políticas” en “la selección” o “investigación” de jueces porque la composición “está desproporcionada a favor del sector político”. La diputada Marcela Rodríguez (Coalición Cívica) puso en duda la “vocación de diálogo” del Ejecutivo y Federico Pinedo (jefe del bloque de PRO) advirtió que “si no hay modificación del Consejo de la Magistratura, se acaba el diálogo”.

“El oficialismo nunca evitó la acusación de un juez ni la producción de una terna”, aseguró Fernández. Y le reclamó a la entidad de los magistrados que lidera Recondo que identifique con “nombre y apellido” los casos en que el oficialismo usó su poder de veto en el Consejo, órgano que elige y sanciona a los jueces. Cabral tomó las riendas y, consultado por Página/12, señaló que “el propio Recondo tuvo un expediente abierto durante siete meses por la denuncia de una persona que se vio perjudicada en una sentencia”. “El oficialismo también tuvo pendiente de resolución por cuatro meses un expediente contra la jueza electoral María Servini de Cubría. Ella misma dijo que la presionaban por otras causas que tramita”, añadió el juez. “A los jueces Ernesto Marinelli y Claudia Rodríguez Vidal les tuvieron abierta una investigación cinco años hasta que se desestimó”, ejemplificó.

A Recondo lo acusaban de permitir el uso de un diseño industrial, un tema con implicancias patrimoniales. A Servini, por supuesto forum shopping a favor de empresarios de los juegos de azar. Y a Marinelli y Rodríguez Vidal se los investigó por una compensación en beneficio del empresario Sergio Taselli con un perjuicio de 200 millones de pesos al Estado. “No entiendo por qué a los jueces les parece mucho tiempo seis o siete meses para resolver una denuncia que los ciudadanos hacen contra ellos cuando en siete meses y en un año no hay juez de ningún fuero que resuelva nada. ¿Por qué consideran que el trabajo de ellos tiene que ser largo y el Consejo tiene que echar a la ciudadanía que se queja de ellos en una semana? ¿Se consideran invulnerables?”, le dijo Conti a este diario.

Según Cabral, sostener las causas abiertas en el tiempo es una forma de “disciplinamiento del Poder Judicial” que se instrumenta a través del Consejo. Aníbal Fernández sostuvo que la mayoría de las acusaciones contra jueces del actual Consejo fueron desestimadas por la acción, en esencia, de los jueces y la oposición. “El diputado de la oposición, el senador de la oposición, el académico y los jueces sí evitaron la acusación de, por ejemplo, el juez federal de Santa Fe, el de Posadas, el de San Luis y el de Resistencia”, dijo.

“Las decisiones políticas prevalecen en el Consejo para llevar adelante cuestiones en la selección de jueces o investigar conductas. Eso afecta el funcionamiento y desequilibra al Consejo”, argumentó Cabral. “Se impone reformularlo porque la Constitución ha buscado establecer equilibrios entre los sectores y ese equilibrio hoy no existe con el actual diseño legislativo, porque está desproporcionado a favor del sector político y dentro de éste, a favor del oficialismo.” El titular del Consejo de la Magistratura, el juez Luis María Bunge Campos (opositor a Recondo en la Asociación de Magistrados), prefirió hablar de “construcción” en lugar de “cirugía” y reclamó que los jueces tengan, al menos, igual cantidad de bancas que los políticos en el Consejo. Conti rebatió una vez más: “Lo que quieren los jueces es romper el equilibrio existente para tener primacía en las decisiones de temas que les afectan a ellos mismos”, redobló Conti. El Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros: cuatro legisladores oficialistas, una representante del Poder Ejecutivo, dos legisladores radicales, tres jueces, dos abogados y un académico. El jefe de Gabinete dijo que el oficialismo del cuerpo “nunca tiene la posibilidad de poder bloquear”, por ejemplo, la producción de una terna de candidatos a juez ya que se requieren dos tercios de los votos del cuerpo y el kirchnerismo “tiene nada más que cinco”. La diputada Marcela Rodríguez invierte el razonamiento: “Alcanzará con cinco votos oficialistas para oponerse o bloquear decisiones (selección de jueces o acusaciones) que los ocho miembros restantes quieran adoptar, pues les faltará un voto para llegar a la mayoría de dos tercios requerida”. “Es fácil concluir quién tiene poder de veto para las decisiones influyentes”, añadió. “Ninguno de los otros sectores tiene tal peso en el Consejo.”

La diputada y el jefe de Gabinete también discrepan en el modo de ver la agilidad en los concursos para cubrir las vacantes de jueces. Fernández dijo que el Consejo anterior sacaba un promedio de 36,8 ternas por año mientras que entre 2007 y 2008 se sacaron un promedio de 55 por año. La diputada dice que “el año mayor de ternas al Ejecutivo fue 2004 (antes de la reforma), con un total de 82 ternas, cifra que no fue superada” y que, de todos modos, “los retrasos más injustificados en la designación de jueces se producen en el Poder Ejecutivo luego de que el Consejo envía la terna, porque esperan a tener muchas vacantes acumuladas para después disponer en cuáles fueros o tribunales designan a los candidatos afines”.

Pese a todas las teorías puestas sobre la mesa, no será tan fácil lograr acuerdo parlamentario para una reforma que consiga los 129 votos que se requieren en diputados y los 37 que harán falta en el Senado.