Vie 31.07.2009

EL PAíS  › UN AMPLIO ABANICO DE ORGANIZACIONES MARCHO CONTRA LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

Un desafío a la política macrista

La movilización fue del Obelisco a la Jefatura de Gobierno porteño. Repudiaron la designación de Jorge “Fino” Palacios y la amenaza de recurrir a la Policía Metropolitana para terminar con los cortes de calle. También pidieron la disolución de la UCEP.

› Por Laura Vales

La Policía Metropolitana no entró en acción, pero ya consigue marchas en su contra. En repudio al nombramiento del comisario retirado Jorge “Fino” Palacios como jefe de esa fuerza, 40 organizaciones sociales, gremios, centros de estudiantes y partidos de izquierda cruzaron ayer el centro de la ciudad con una movilización que fue desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno. Las organizaciones venían preparando hacía dos semanas la protesta, que se potenció dos días atrás, cuando el ministro de Justicia porteño Guillermo Montenegro anunció que la nueva policía va a desalojar a los que corten la calle con reclamos sociales.

También reclamaron la disolución de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha sido reiteradamente denunciada por actuar como grupo parapolicial que intimida y golpea a quienes viven en la calle.

La convocatoria mostró a los sectores afectados por las políticas de control del espacio público que el macrismo instaló en Buenos Aires desde el 2007. Junto a organizaciones piqueteras hubo, por ejemplo, grupos de vendedores callejeros, familias desalojadas e integrantes del movimiento de villas por la urbanización. La marcha fue una iniciativa de la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, creada hace un año y medio atrás y en la que se fueron juntando sindicatos docentes, como Ademys, movimientos como el Frente Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones. En los últimos tiempos se sumaron además los partidos.

Gabriela Di Felice estaba en la columna de CIBA, la Coordinadora de Inquilinos en Lucha. ¿Ustedes podrían hacer sus reclamos sin cortar el tránsito?, le preguntó Página/12. “Sí”, aseguró ella sin duda: “Si ellos (por el gobierno de la ciudad) abrieran una mesa de diálogo y cumplieran los acuerdos, sería fantástico”. El problema, continuó Di Felice, es cuando esto no sucede: “Tenemos, por ejemplo, una cooperativa de viviendas y hace cinco años que estamos esperando los fondos para construir. Hicimos todos los trámites, la partida fue aprobada en la Legislatura, pero ellos la sacaron del Presupuesto. Con cada cosa damos todos los pasos hasta que se agotan”.

“Nuestro problema es que Espacio Público no nos deja trabajar”, apuntó más adelante José Fernández, de los vendedores callejeros de Parque Centenario. Y recreó el último de los diálogos que tuvieron con funcionarios macristas, quienes les plantean que hay que respetar el Código Contravencional, la norma que regula el uso del espacio público en la ciudad de Buenos Aires. “Les mostramos que el Código dice que la venta ambulante está permitida cuando es de mera subsistencia. ¿Y por qué creen que estamos vendiendo en la calle nosotros, que somos todos desocupados?”. Fernández se ve obligado a señalar una cuestión obvia: “El 99 por ciento de los vendedores ambulantes son desocupados. La calle es el lugar que te queda cuando te echan del trabajo”. Su agrupación elaboró un proyecto para que se discuta si el Código Contravencional está bien aplicado, pero el proyecto “quedó cajoneado”.

La invitación a la marcha se realizó con cuatro ejes:

- “Contra las patotas de Macri”: el reclamo es que la UCEP –que depende del ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo– sea disuelta. El grupo está denunciado por brutalidad contra los que duermen en la calle y también en desalojos.

- En repudio al Fino Palacios: el comisario retirado que comanda la Policía Metropolitana fue imputado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Fue, además, dado de baja de la Policía Federal luego de que se difundió una conversación telefónica con un delincuente vinculado a la banda que secuestró a Axel Blumberg.

- Contra el Código Contravencional: reformado después de las protestas del 2001, sus artículos contienen fuertes limitaciones a la protesta social y normas que afectan a quienes trabajan en la calle.

Por la emergencia habitacional: el reclamo es que el gobierno porteño no da respuesta al problema de la falta de viviendas. Los convocantes denunciaron, además, que “en el último año hubo 113 muertes de personas en situación de calle como consecuencia de esta situación y del abandono por parte del Estado”.

En las columnas que avanzaron por Diagonal Norte desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo estuvo el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista. También la Federación Universitaria de Buenos Aires y numerosos movimientos de desocupados. Los dirigentes piqueteros anticiparon que volverán a marchar el día en que la Policía Metropolitana entre en funciones.

“El 1° de octubre estas mismas organizaciones vamos a estar en la calle. No vamos a permitir que nos desalojen porque lo poco que conseguimos las organizaciones de desocupados fue en la calle”, señaló Oscar Kuperman, de CUBA-MTR.

Por su parte, Vilma Ripoll (MST) apuntó que las críticas a Mauricio Macri “están basadas en hechos puntuales y concretos que nos dan la certeza de que con su policía él va a buscar garantizar el orden de la represión. Los antecedentes de Palacios y lo que viene haciendo la UCEP marcan que el camino va en esa dirección”.

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