El juez de Control de Córdoba Gustavo Reinaldi dictaminó que las protestas callejeras no constituyen “un delito de intimidación pública” y señaló que en caso de que durante una movilización se cometan ilícitos, “deben ser determinados de manera individual”. El magistrado rechazó así el planteo del fiscal de Instrucción cordobés Ernesto Gavier, quien acusó a 18 trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de cometer hechos de violencia durante una manifestación en agosto de 2008. “La protesta pública, como derivación del derecho de reunirse y manifestarse, de peticionar, no es una actividad ilegal y como tal no puede ser restringida ni impedida en tanto y en cuanto sus fines sean lícitos y se cumplan dentro del marco de la legalidad”, sostuvo Reinaldi y advirtió el riesgo de “restringir derechos constitucionalmente amparados con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos”.