Las discusiones legislativas insinúan un bloqueo recíproco entre el gobierno y la oposición, aunque tampoco está decretado que no sea posible alcanzar acuerdos. Ejemplo de bloqueo fue la discusión sobre las tarifas de gas; de cooperación, la emergencia agropecuaria votada por unanimidad en Diputados. La diferencia no es menor: en el segundo caso se trataba de un reclamo de las cámaras patronales agropecuarias, que no cejan en su empeño de subordinar a oficialismo y oposición. Al gobierno sólo le queda el consuelo de la unanimidad alcanzada en la votación.

El gobierno pudo impedir que se tratara sobre tablas en el Senado el cuadro tarifario del gas pese a las deserciones en el propio bloque que conduce Miguel Pichetto, enmascaradas como caídas de presión, visitas urgentes al médico o fugas repentinas del recinto. Pero cuando se trate en una sesión ordinaria, el FPV tal vez no tenga la mayoría para dejar en pie el decreto. Por lo tanto, no es imposible que proponga suspender por un mes la aplicación del cargo específico a los consumos más elevados, mientras una comisión revisa los cuadros y establece las exenciones automáticas a determinada categoría de usuarios, cosa que no hicieron las distribuidoras privadas. En teoría el cargo sólo recae sobre el 5 por ciento de los consumidores, pero cualquier error puede hundir a una familia de una sola factura, como el matrimonio con un hijo que denunció haber pasado de 50 a 900 pesos de un mes al siguiente. La emergencia agropecuaria comenzó a tratarse el año pasado al mismo tiempo que la resolución 125. La Mesa de Enlace intentó duplicar la suma de 500 millones de pesos de asistencia a productores en peligro, pero no lo consiguió, con lo cual, pase lo que pase, siempre encuentra de qué quejarse.

Deslizamientos

Las dificultades se incrementarán a fin de año, cuando los bloques opositores crezcan y el oficialismo se reduzca, aunque este desequilibrio tendrá alguna compensación en el deslizamiento hacia posiciones más comprensivas con el gobierno por parte de los refractarios al chantaje ruralista. La elección de Martín Sabbatella y la dificultad de la Mesa de Enlace para el disimulo ya han introducido sutiles cambios en los alineamientos del bloque del SI e incluso en Proyecto Sur. Pasada la polarización eleccionaria reemergen las posiciones ideológicas. También Pino Solanas ha comprendido que desfinanciar al Estado para que transfiera miles de millones de dólares a la Mesa de Enlace, mientras los pobres alimentan el populismo conservador del cardenal Jorge Bergoglio y de su colaborador sojero Eduardo Serantes, no es la política más progresista posible. La primera línea del gobierno ha tenido la sensatez de no ingresar en una polémica sobre los índices de pobreza. Esta decisión obedece a razones tácticas, porque los hombres de negro tienen mayor credibilidad que las estadísticas oficiales. Pero resta por ver si hay también una comprensión estratégica sobre las causas que desde antes de la crisis internacional contribuyeron a sumergir a un porcentaje apreciable de la población luego de seis años de crecimiento asiático. La hipótesis que en esta página se ha postulado desde 2006 es la del veto a la recuperación salarial por parte de los sectores más concentrados de la producción y la comercialización a partir del momento en que los salarios equipararon a los previos al estallido de 2001. Poder de veto que se refleja en sus felices balances y que desató un proceso inflacionario. Una de las respuestas oficiales fue el avasallamiento del Indec y otra la negociación con los empresas más grandes de cada oligopolio, fortaleciendo la concentración con la estrambótica idea de que así se facilita el control. Cuando se renueven las dos cámaras, la oposición estará en condiciones de conseguir el quórum propio, al menos para ciertos proyectos con mucho respaldo mediático y/o social. El gobierno sólo podrá recurrir entonces al veto, un recurso tan constitucional y republicano como los que ensalza la oposición, que a su vez no tendrá los 2/3 necesarios para insistir en la sanción de esos proyectos. Si esto se repitiera con frecuencia enrarecería el clima político hasta límites difíciles de manejar.

Reapariciones

En contextos muy distintos, reaparecieron los dos principales contendientes bonaerenses en las elecciones del 28 de junio. En los encuentros entre Francisco De Narváez y el vicepresidente Julio Cobos se acordó apresurar el juicio político al juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez. Néstor Kirchner anunció ante los intendentes del sur del conurbano que recorrerá el país para la recuperación política del gobierno de su esposa. Mencionó en forma explícita el 2011 y dijo que sobra tiempo para construir una alternativa. Su discurso sobre modelos enfrentados difirió poco de los que pronunció en la campaña, y fue complementado con ventaja por la conferencia de prensa que ofreció al terminar. Se mostró más suelto y tranquilo respondiendo preguntas que hablando ante intendentes cuyo entusiasmo no había crecido desde el 28 de junio. Reconoció varias veces haber cometido errores, que no especificó, pero dijo que no todo lo habían hecho mal, que el diálogo y la negociación no implicaban renunciar a las convicciones e intentó transmitir optimismo para remontar la cuesta. Si pensaba en errores tácticos, uno de los más graves resultó ser el adelantamiento de las elecciones. En retribución, el repunte que insinúa la economía podría aliviar el fin del año.

Pasos adelante

La presidente CFK ha dado sucesivos pasos para corregir errores, aunque el Frente Político, Corporativo y Mediático del Rechazo los desdeñe como cosméticos. No accedió a la baja de retenciones pero hizo concesiones en varios rubros que le presentaron las patronales agropecuarias, con lo cual les volvió más difícil la virulencia. Aceptó agilizar los trámites de la Oncca y reducir los encajes para la exportación de carne, pero mantuvo las medidas de fiscalización de ese organismo que recuperaron el rol supervisor del Estado y fastidiaron a los evasores consuetudinarios. La presidente estudia designar al ex ministro de Economía entrerriano Mauro Alem al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Formado en el MIT de los Estados Unidos, Alem renunció al cargo durante una de las fases calientes de la agresión agromediática porque las amenazas recibidas en su casa alteraron a su esposa. En un par de semanas el ministro de Economía Amado Boudou espera anunciar que vuelven a hacerse públicas las bases de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), uno de los insumos fundamentales para los investigadores de la economía y la sociedad, retiradas del conocimiento público por la intervención en el Indec. Con cinco universidades nacionales en el Consejo Asesor y la constitución de los sectores económicos definidos como usuarios de la información económica, Boudou cree que quebrará el sombrío encierro que terminó por devaluar cualquier palabra oficial sobre el tema que fuera. El calibre de la representación académica y sectorial convocada hace improbable que sus opiniones puedan ser desoídas para continuar con las prácticas de vandalismo que ocurrieron en los últimos años sin provocar un escándalo. Como aclaró la UBA, a la primera condición u ocultamiento romperá el compromiso, y eso sería estrepitoso. La mano presidencial se percibe en estas providencias para descomprimir tensiones, sin por eso flagelarse como tantos desearían.

Aló diputado

Faggionatto Márquez es el juez que investiga a De Narváez a raíz de cuatro llamados al detenido comerciante ilegal de efedrina Mario Roberto Segovia desde un teléfono registrado a su nombre. Se realizaron en 2006, cuando Segovia utilizaba el nombre de Héctor Germán Benítez, un hombre que estaba detenido en la cárcel de Sierra Chica. La lista de sus comunicaciones telefónicas fue solicitada por el juez en lo penal económico que intervino cuando la Aduana secuestró 17 toneladas de DVD y CDs de contrabando. El nombre de Francisco De Narváez apareció en esa nómina aportada por la compañía Nextel e incorporada a la causa de Faggionatto sobre la efedrina luego de la detención de Segovia, en noviembre de 2008.

El acuerdo con Cobos proveerá a De Narváez la tercera oportunidad de apartar a Faggionatto. La primera fue por medio del propio Segovia quien acusó al juez de pedirle que incriminara a De Narváez. La presentación no la hicieron los letrados de Segovia, sino el abogado corporativo del filántropo colombiano en el canal de televisión América, Mariano Cúneo Libarona. El ex ministro menemista José Luis Manzano, mendocino como Cobos es el nexo con el vicepresidente. El hombre de negocios con ambiciones políticas De Narváez es la arcilla ideal para que modele el político Manzano que luego de la acumulación primitiva y perseguido por su frase inolvidable debió refugiarse en los negocios. De Narváez no necesita que lo acuse Segovia para estar en problemas, dado que hasta ahora no ha podido dar una explicación satisfactoria para los llamados desde su teléfono. Una vez que el juez y la Cámara de Apelaciones rechazaron esa recusación infundada, De Narváez insistió esta vez en su propio nombre y asistido por Alejandro Carrió. Este segundo disparo también se perdió en el vacío y De Narváez teme una indagatoria de Faggionatto. La investigación del Consejo de la Magistratura sobre el juez está a cargo del senador radical Ernesto Sanz y concluirá con un dictamen acusatorio por mal desempeño, aunque no delitos. La primera respuesta pública que dio De Narváez cuando se difundieron en esta página sus comunicaciones fue que tenía más de 1000 celulares en sus empresas, de los cuales casi 400 de la compañía Nextel. Pero luego reconoció que sólo 28 eran usados por su familia y personas de mayor confianza. Una de ellas, que llevaba al colegio a los hijos del empresario, tenía el teléfono sospechoso. De Narváez se lo secuestró y muchos días después fue obligado por el juez a entregarlo.

Consejos

Cobos y De Narváez también intentarán coordinar acciones para modificar la ley del Consejo de la Magistratura. La primera dificultad es la relación entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, que disputan por el presupuesto del Poder Judicial y respecto a la representación de la Corte en el Consejo, tal como ocurrió hasta la última reforma con el inolvidable Buby Nazareno. La segunda, que los hombres fuertes del radicalismo en la materia no se ponen de acuerdo sobre el camino a seguir. Para el ex ministro de Fernando de la Rúa y ahora diputado por la CCL, el jurista Ricardo Gil Lavedra, la Corte no debería integrar el Consejo y hay un obstáculo constitucional insalvable para que administre sus recursos y ejecute su presupuesto. El político Sánz cree, en cambio, que ese impedimento podría salvarse con un convenio entre ambos organismos. Además, tanto Gil Lavedra como Sánz experimentan una cierta incomodidad en compartir la asesoría en reformas institucionales con el diputado Oscar Aguad. Designado en 1995 ministro de Asuntos Institucionales del gobierno cordobés de Ramón Mestre, respaldó al frente de las direcciones de Inteligencia y de Drogas Peligrosas de la policía a los hermanos Carlos y Raúl Yanicelli, conocidos como Tucán Grande y Tucán Chico. Eran los años del ajuste, de la rebaja de ingresos a empleados públicos y jubilados, de los cierres de hospitales y escuelas, lo cual produjo enormes movilizaciones de rechazo que fueron reprimidas con violencia. El Tucán Grande fue descubierto en los archivos de la Conadep como partícipe del entierro clandestino de cadáveres durante la dictadura en el cementerio de San Vicente. Luego un ex policía, Luis Alberto Urquiza, acusó a los dos hermanos de haberlo interrogado bajo torturas en la dirección de Inteligencia policial, la D2, cuyo jefe era el comisario mayor Pedro Raúl Telleldín, padre del sospechoso por el atentado a la AMIA. Durante la dictadura su comportamiento fue premiado con cinco ascensos en siete años. Urquiza comenzó a recibir amenazas hasta que no soportó más y volvió a exiliarse en Dinamarca. Mestre y Aguad tuvieron que pasar al Tucán Grande a retiro y el año pasado fue detenido y alojado en la misma Guardia de Infantería de la que fue jefe. Durante esos años, Aguad, a quien en Córdoba llaman El Milico, fue uno de los funcionarios radicales que acompañaron a Luciano Benjamín Menéndez en el palco de honor de las ceremonias públicas. Mestre partió luego a Corrientes como interventor federal, donde Aguad fue uno de sus principales colaboradores, antes de sucederlo. La declaración en comisión del Poder Judicial permitió despedir a más de cincuenta jueces sin explicaciones. Tres de ellos, Gustavo Dacunda, Horacio Silvestri y Alberto Cúneo se suicidaron. Silvestre se pegó un tiro en su despacho atiborrado con canastos de mudanza, Dacunda en la intimidad de un parque. El Colegio de Abogados de Corrientes, que había respaldado la intervención protestó luego porque los decretos de remoción sólo incluían el nombre de cada juez y la fecha de su cesantía. Auténtica calidad institucional.