Se hace llamar “El Comandante”. Es la punta de lanza del gobierno porteño en las villas. Es uno de los peronistas de los que el PRO se valió en las últimas elecciones. Miguel Angel Rodríguez es útil para el macrismo. Pero también tiene su prontuario: fue director de Tránsito de Carlos Grosso y en 1991 fue preso por vender licencias truchas de taxis desde ese cargo. En la causa se mencionaban sus negocios en los noventa con Sevel, la empresa por la que Mauricio Macri estuvo procesado por contrabando. Pese a esto, fue contratado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y en la unidad social del gobierno porteño (UGIS) hasta que lo descubrió el legislador del ARI Facundo Di Filippo a fines del año pasado. El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, justificó su contratación, pero luego lo tuvieron que dar de baja. En la gestión PRO admiten que sigue vinculado con el trabajo en las villas y que “colaboró con algunos desalojos”.

“Lamentablemente, el macrismo en la ciudad acordó con los peores punteros de todas las villas, coordinados por El Comandante Rodríguez, que imparte miedo a muchas personas de muchos barrios carenciados”, denunció Di Filippo a Página/12. “Es quien coordina la relación de la UGIS con las cooperativas, con trabajos que muchas veces no se hacen o se hacen a medias y se cobran íntegros. Por esto, seguramente vamos a estar avanzando con una denuncia penal cuando encontremos los elementos suficientes”, advirtió el legislador sobre la relación de Rodríguez con cooperativas, a las que no sería ajena la empresa Aparo Construcciones, que viene recibiendo una buena cantidad de contrataciones directas del Gobierno porteño para obras en escuelas y villas, como informó este diario el domingo pasado.

Robo para el taxi

En los primeros años de la intendencia de Grosso, Rodríguez se convirtió en un personaje conocido: llegó a ir al programa A la cama con Moria, donde le prometió a la vedette que iba a luchar contra las mafias de los taxis. Entre los suyos, se hacía llamar “El Comandante” y sostenía que había tenido militancia en el peronismo revolucionario en los setenta. Quienes militaban en el PJ porteño sostienen que quedó envuelto en una interna entre Grosso y el entonces ministro del Interior José Luis Manzano, el inolvidable autor de la frase del “robo para la corona” devenido socio de Francisco de Narváez en el Canal América.

Lo cierto es que la Policía Federal recibió una denuncia sobre la venta de licencias truchas y allanaron la dirección de Tránsito, de donde secuestraron documentación y “un maletín con dinero”, según figura en la causa a la que tuvo acceso Página/12. Cuando lo fueron a detener, Rodríguez se abroqueló en sus oficinas y, con un megáfono, les decía a sus empleados: “Compañeros, esto es una emboscada de las fuerzas represivas contra las de la liberación”. “Bueno, acá el compañero abogado me está diciendo que me entregue”, cedió finalmente. Estuvo preso un año, tres meses y un día, hasta que pagó una caución.

En 2006 fue condenado a tres años de prisión en suspenso. El juez Facundo Cubas dio por probada la venta de licencias truchas de taxis “por un precio que oscilaba entre los 1500 y los 2000 dólares, superando en algunos casos los cuatro mil, cuando los interesados sólo debían abonar un sellado cuyo valor era muy inferior”. Advirtió que el grupo que vendía las licencias “se conformó a raíz del nombramiento de Rodríguez como interventor”. El sucesor de Rodríguez encontró 500 licencias irregulares.

El juez comprobó, además, que Rodríguez repartía semanalmente dinero a los involucrados. El ex funcionario admitió que “les entregó una suma de dinero a modo de retribución”, pero dijo que era porque estaban esperando que se efectivizaran sus contratos. Su jefe de asesores aseguró que ese dinero salía de una empresa que habían creado con sus esposas, Splay S.A., y que repartía “semanalmente 1.700.000 australes”. Cuando intentaron allanar Splay, encontraron en su lugar la Escuela Superior de Hotelería.

El hermano de Rodríguez confesó que crearon Splay para una operación con Sevel por la que adquirieron cien Fiat Duna, por los que –según Sevel– pagaron 1.115.280 dólares. El dinero, según el hermano de Rodríguez, era “producto de lo que recaudaba con las licencias vendidas”. Sevel Argentina era la empresa de los Macri. Tanto el jefe de Gobierno como su padre estuvieron procesados por “contrabando agravado” de autos que comercializaba esa empresa automotriz. Ambos fueron luego sobreseídos, claro.

De Chávez a Recrear

“Rodríguez es el que coordina el aparato en las villas que tiene el PRO. Es el que manejó la campaña en las villas en la última elección y tiene un fuerte vínculo con Recrear”, advierte Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Rodríguez se recicló primero como representante de Pdvsa en 2004 y fue el encargado de abrir estaciones de servicio de la petrolera venezolana. Un peronista porteño lo recuerda al frente de una lujosa oficina en la Avenida Libertador.

En 2006, durante el gobierno de Jorge Telerman, llegó al IVC de la mano de una funcionaria de esa entidad, Karina Leguizamón, esposa del legislador de Recrear Enzo Pagani, con el que Rodríguez mantiene su principal contacto. Al comienzo de la gestión, acompañaba al titular de Recrear y entonces ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, en recorridas por la Villa 1-11-14, como la que ilustra esta nota.

Su intervención en las políticas sociales de PRO se hizo notar enseguida. Al comienzo de la gestión PRO, los habitantes de Villa Cartón estaban en un “centro de evacuados” en Parque Roca. Allí vivieron por más de un año sin agua, sin cloacas, sin luz y sin asistencia médica, por lo que falleció un bebé. Una de sus delegadas, Miriam Aquino, dijo a Radio Gráfica: “Queremos denunciar que a un vecino lo sacaron a punta de pistola, lo echaron y el señor Miguel Angel Rodríguez, funcionario del IVC, les decía a los vecinos de cada una de las casitas de la transitoria que ‘ya sacamos a uno que boconeaba más que las delegadas, ahora siguen las delegadas’”.

En una entrevista con un medio de la comunidad boliviana, Rodríguez dejó otros conceptos: “Defiendo al villero, pero llora mucho para mi gusto. Deben reconocer que hicieron algo ilegal en su momento, tomar tierras que no les corresponden. En otros países, van presos. Derechos, no tiene ninguno”, sostuvo a Renacer. “Hay quienes son pobres realmente y quienes se disfrazan de pobres. Sus compatriotas tienen casas en Bolivia y solicitan departamentos. ¿Usted sabe cuánta plata sale al año de la Argentina para sus países de origen? Aquellos que no pagan, que no cumplen con sus compromisos, hay que echarlos”, aseguró.

Di Filippo confrontó al jefe de Gabinete porteño en una sesión de la Legislatura de diciembre del año pasado y le preguntó por qué seguía siendo coordinador de la UGIS, dado que por tener una condena penal estaba inhabilitado para trabajar para el Gobierno porteño. “El señor Miguel Angel Rodríguez es personal del IVC, era contratado con la modalidad Locación de Servicios y fue incorporado por decreto 948, en el 2006. A la fecha se encuentra en comisión en la UGIS”, se defendió Larreta.

A fin de mes, le rescindieron el contrato. “Fue por orden estricta de Macri”, aseguró el director de la UGIS, Federico Angelini, quien también milita en Recrear.

–¿No sigue coordinando el trabajo de las cooperativas?

–El ha tenido trabajos en la Corporación del Sur. Tiene relaciones con algunas cooperativas: trabajó en la UGIS, en la Corporación Sur y en Desarrollo Social, pero ya no como empleado. Colaboró con algunos desalojos de viviendas de la manzana 7, en la Villa 1-11-14.