Si un observador distraído o profano, por ejemplo un politólogo sueco que intentara estudiar la realidad argentina, juzgara la entidad de lo ocurrido el 14 de noviembre en función de sus repercusiones o su contexto llegaría a la (doblemente incorrecta) conclusión de que fue ese un día normal, en un país normal. “Los mercados” no se encolerizaron, ni aterrorizaron ni incurrieron en ninguna de sus proverbiales conductas histéricas. Tampoco entró en pánico el chiquitaje que, cuando hay vaivenes, puebla las calles de la City en pos de comprar un puñado de dólares. Los políticos de la oposición y los numerosos candidatos del PJ hicieron alguna que otra declaración, pero a las cansadas, sin especial énfasis y (en esta ocasión) más instados por las preguntas de los medios que por su propia voluntad. Sin embargo, la decisión del Gobierno de pagar sólo los intereses adeudados al Banco Mundial (BM) tiene enormes implicancias, y enormes riesgos. La levedad de las reacciones revela que no hay pánico, en lo inmediato, respecto de la economía.
También sugiere que la dirigencia política local tiene pocas cosas que decir, aun (¿sobre todo?) cuando acontezcan hechos determinantes. La decisión de no pagar a los organismos internacionales sus acreencias si sigue empantanado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) venía rondando el magín de Roberto Lavagna desde hace casi dos meses. Y se fue redondeando en esta semana cuando corroboró, por enésima vez, que en Washington siempre encuentran una razón para no aprobar una carta de intención. Acá en Buenos Aires, empero, había más optimismo que entre los negociadores que viajaron al Norte. Había quien, como el ministro del Interior Jorge Matzkin y el presidente del Banco Central Aldo Pignanelli, entre otros, propugnaban pagar aunque el consenso con Washington no hubiera avanzado significativamente. El ministro de Economía maquina distinto, no está dispuesto a seguir sacando divisas. Su primera cuenta es sencillita: de acá a la entrega del mando el 25 de mayo los pagos equivalen a las reservas acumuladas en el Banco Central. Lavagna se niega a desguarnecer esa posición, sin algo a cambio. Y durante toda la semana percibió que el acuerdo seguía lejano. Así se lo aconsejó por teléfono al Presidente que lo escuchaba rodeado de sus más fieles aliados en el gabinete. Y Eduardo Duhalde siguió su consejo, desoyendo a varios de sus laderos de la primera hora que piensan que Lavagna es un negociador demasiado duro.
La Argentina no está en default con los organismos internacionales, explican en Hacienda y esa es media verdad. Para completarla cabe acotar que en un plazo de 180 días (que coincide casi milimétricamente con la entrega del mando) lo estará, a menos que vuelva a pagar o que consiga redondear la negociación con el FMI.
Los pilares de la decisión de Lavagna son dos, atesorar las reservas de divisas y no ceder a cualquier imposición por nada. El norte del ministro sigue siendo acordar, pero lo cierto es que la kafkiana trama de la negociación lo induce a pensar que eso no ocurrirá nunca. “Si pensaba que estábamos cerca del acuerdo, pagaba”, explicó Lavagna a sus compañeros de gestión y esa es su lectura de las cosas.
Riesgos en puerta
Dependiente es la relación de Argentina con los organismos de crédito, compleja su decisión reciente. No han de ser simples sus derivaciones, ni lineales, ni pueden imaginarse haciendo cálculos de almacenero, computando como pura ganancia disponible lo que se dejó de erogar. Lo que debería ocurrir, de acuerdo a las reglas de los acreedores, es que no se abran nuevos créditos, por ejemplo el destinado a financiar el Plan jefes y Jefes de Hogar que se firmaría la semana que empieza mañana y que montaría a 600 millones de dólares. Para hacer bien la cuenta y no caer tampoco en depresiones excesivas, hay que tabular que esa plata no vendría de un día para el otro, ni todita junta.
La declaración del default –que los organismos pueden diferir 180 días– detonaría el inmediato cese de los pagos pendientes por convenios de asistencia que ya están en curso. Según un relevamiento de Jefatura de Gabinete –que tendrán bajo sus narices los gobernadores de provincia esta noche cuando cenen con Duhalde en Olivos– suman alrededor de 4500 millones de dólares. Las provincias, arguyen en Jefatura, los necesitan como al agua. Catamarca, por caso, tiene pendientes de entrega 40 millones de dólares (cifra sideral obviamente) para mejorar la calidad de su sistema político. Otra línea del Banco Mundial que caería es la que –con magros si no nulos precedentes– se volcaría a las provincias que adeudan sueldos a los docentes, permitiéndoles integrar sus salarios para que no se pierdan días de clase. Serían más de 400 millones de dólares y, de llegar a su destino, podrían permitir que los calendarios escolares de Entre Ríos, San Juan, Río Negro y Tucumán, por citar apenas los más afrentosos, se midieran en meses y no en semanas, como sucedió en 2002.
La dependencia argentina es extrema y sus eslabones más débiles, las provincias pobres, dependen aún más. Con esos datos bajo el brazo el Gobierno espera pedirles señales consistentes de apoyo al acuerdo con el FMI: una ley prohibiendo moratorias futuras, y el compromiso de aprobar en los respectivos legislativos presupuestos 2003 que contemplen ajustes y eviten emitir cuasi moneda. “El miedo no es zonzo”, dice un incondicional de Duhalde con rango ministerial y confía en que los gobernadores prometerán lo que se les pide.
Pero... siempre hay peros. El primero es que los gobernadores no dominan a su propia tropa. “Digamos que cada gobernador controla al 60 por ciento de sus legisladores” –estima generoso un integrante del ala política del gabinete–, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué con las provincias que no gobernamos? “¿Qué con los radicales que no sean de las 8 provincias que aún dominan?” Esta semana Eduardo Camaño se pegó un julepe padre cuando radicales y menemistas arañaron el quórum para prorrogar las ejecuciones hipotecarias y no pudieron (¿no quisieron?) conseguirlo por el canto de una uña. Que los gobernadores actúen en línea con Washington puede ocurrir, que lo hagan todos los legisladores –incluidos los díscolos y los que buscan revalidar títulos– suena a quimera.
El segundo “pero” lo planteó Lavagna con todas las letras. El ministro no minimizó en nada el aval que pedirá Duhalde a líderes parlamentarios y gobernadores, pero está convencido de que eso no basta. “Es condición necesaria, pero no suficiente”, lapidó.
Dura lex
Si el Poder Legislativo les saca canas verdes a Lavagna y a Duhalde, qué decir del Judicial. El ministro no acababa de bajarse del avión y ya se enteraba de que una sentencia de primera instancia impedía el aumento de tarifas de servicios públicos, vía decreto de necesidad y urgencia. Su suba es una exigencia del FMI que Lavagna está dispuesto a otorgar, si que limitando su importe. Se trata de una imposición llamativa, ya que no alude a la capacidad de pago de la Argentina (único parámetro que debiera concernir al FMI) sino a los intereses de las empresas extranjeras que, Menem lo hizo, capanguean los servicios públicos. Pero en el Norte el tema interesa. Y cómo: el viernes a la tarde, cuando un periodista le preguntó sobre la sentencia mencionada líneas atrás, Lavagna confesó que en Economía la conocían por los cables de agencias noticiosas, sin tener aún su texto original. Y añadió “pero en el FMI ya tienen la sentencia completa y la están estudiando”.
El Gobierno seguirá intentando con su política “tercerista” en materia de tarifas: al FMI los aumentos le parecen poco y a los usuariosargentinos demasiado. Todo sugiere que Lavagna no podrá poner esa ofrenda en el –angurriento– altar de los organismos.
Si los jueces de primera instancia sacan canas verdes, qué decir de la Corte, que continúa teniendo bajo el poncho su fallo sobre la inconstitucionalidad de la pesificación. Dos proyectos de sentencia hay en disputa: uno que dolariza, tout court y otro que establece una suerte de Plan Bonex. Ninguno de los dos conforma a Lavagna, quien preferiría que el tema siguiera irresuelto hasta que las velas no ardan. Pero aún ese módico anhelo es difícil de plasmar.
La democracia argentina es imperfecta y cuestionable pero existe, al menos a veces, cierta autonomía de jueces y legisladores respecto del Poder Ejecutivo. Muchos de los dictados del FMI parecen remitir a dictaduras de partido único y control absoluto de los poderes del Estado revelando, quizá, su ignorancia y seguramente su ideología al menos en lo concerniente a este confín del globo. Una perla de muestra: en alguna reunión Anoop Singh, el inefable, no trepidó en exigir a los funcionarios argentinos el compromiso de conseguir en un plazo brevísimo un fallo de la Corte poniendo fin a los amparos contra el corralito. Delivery judicial, podría decirse.
Números
El funcionario de primer nivel tiene dos encuestas sobre su escritorio. La primera se hizo velozmente entre jueves y viernes por una de las consultoras favoritas del Gobierno. El 70 por ciento de los entrevistados se manifestó de acuerdo con haber pagado sólo parcialmente al BM. “Jamás conseguimos tamaño consenso”, ironiza el hombre, que era de los que quería ponerse con toda la deuda pero que, de todos modos, registra adónde rumbean los humores ciudadanos.
La otra encuesta, más convencional, es una de las tantas que ponderan la intención de voto. En este caso, de Rouvier y Asociados. Adolfo Rodríguez Saá puntea, a despecho de su empecinada suma de errores, pero no llega al 15 por ciento. Néstor Kirchner va segundo, Carlos Menem tercero y Elisa Carrió cuarta, alejada sólo un seis por ciento del puntero. Los que aseguran que no votarán por ningún candidato llegan al 27 por ciento, estando en condiciones de derrotar a dos presidenciables cualesquiera coaligados.
Cruzar los dos sondeos induce a conclusiones de puro sentido común. Los argentinos parecen registrar dónde está el enemigo pero no registran quién podrá ayudarlos a enfrentarlo. Los referentes alternativos no consiguen levantar la cabeza, la atonía política llega a niveles inimaginables que el Gobierno (con un tintín de soberbia) interpreta como una forma oblicua de apoyo. De ahí a maquinar alquimias electorales hay un paso que cualquiera está dispuesto a dar.
En las horas recientes, cabe reconocerlo, el shock de la decisión del 14 ha tenido el don de despabilar al staff oficialista y darle un baño de realidad. Gobernar este país es difícil, cualquier logro es transitorio, la vaca no está atada y más vale irse a tiempo que morir en el intento. Las fantasías de postergación de mandato o algún sucedáneo vuelven al freezer (acá nada muere del todo), pero la frivolidad oficial urde nuevos artificios: ahora imagina nuevas movidas, entre ellas la de seguir postergando la elección presidencial.
Fondólogos
Lavagna tiene elaborada una sencilla tipología de sus aliados y adversarios en esta negociación. Sus aliados son el Tesoro norteamericano, los franceses e italianos que integran el FMI y cuyas empresas poseen importantes activos e intereses a futuro en la Argentina. Su principal enemiga es la línea burocrática del FMI, coaligada a los alemanes que integran el organismo, empezando por su número uno Hoerst Kohler. Esta descripción sencilla tiene la virtud de espejar que cada uno tributa a sus intereses nacionales. Tiene una excepción que la afea algo: la norteamericana Anne Krueger rompe la regla, pues es impiadosa con nuestros negociadores.
La Argentina, país proclive a los records de toda laya, padece una novedad: jamás en la historia del FMI el apoyo de los Estados Unidos pintó tan poco como ahora. Ese es un dato cuya interpretación obsesiona y aflige a todo el Gobierno. Los funcionarios argentinos, aun los más novatos, se vuelven “fondólogos” en cuestión de horas y elaboran teorías veloces, seductoras, vaya a saber uno si certeras.
La que más adeptos posee es la del escarmiento a Argentina por sus devaneos pasados, empezando por su festiva celebración del default resuelto por Rodríguez Saá. Los negociadores, incluido Lavagna, sin negar del todo esa hipótesis, la complejizan desmenuzando la lógica burocrática de la “línea” del FMI. Llegada tras una brutal guillotina de cabezas por desvaríos previos, les teme a las decisiones. No errar es razón de su subsistencia, la primera ley de cualquier organización que se precia. “Tienen miedo a equivocarse, a apartarse de los libros. Ganan en dólares pero son burócratas como cualquier otro”, describe uno de los negociadores. Ante su equipo Lavagna se precia de haber desairado a las contrapartes probando cuán errados fueron ciertos pronósticos sobre la inflación, el valor del dólar, el conflicto social mismo. Fondólogos del ala política temen que esa superioridad del más débil resienta aún más a los que están del otro lado del mostrador.
Laberintos
“Quiero acordar pero no a cualquier precio”, justificó su decisión Lavagna. La primera parte de la frase lo emparenta con sus precursores en el cargo, la segunda establece una diferencia a su favor, dentro de la misma familia. Nada es lineal, blanco o negro. El actual gobierno ha tomado una impresionante cantidad de medidas a pedido o por imposición de los organismos internacionales, entre ellas pagar 4500 millones de dólares y dictar leyes “a medida” no ya de los países extranjeros sino de sus banqueros buscados por la Justicia. Algo bastante parecido a pagar cualquier precio. Pero de pronto las vueltas de la vida lo han llevado a tomar una decisión plena de acechanzas pero dotada de sensatez y un ápice de dignidad. Dos ingredientes que han faltado largamente en los últimos gobiernos de estas pampas y que tampoco, mejorando lo presente, sobran en éste.