Desde Santa Fe

El primer juicio oral y público al terrorismo de Estado en Santa Fe comenzó con seis represores en el banquillo y uno a mil kilómetros de distancia. El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que queda en el proceso, fue internado en una clínica de Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por el sistema de videoconferencia. “Es el efecto Pinochet”, dijo José Schulan, querellante en la causa, al denunciar el intento de la defensa para que Marcellini zafe por su estado de salud.

Otro de los acusados ya había logrado escapar del proceso: el ex jefe del área 212 coronel Juan Orlando Rolón –máximo responsable de la represión en el centro norte santafesino– consiguió que lo apartaran del juicio por problemas de salud. El tercero en la jerarquía militar, Nicolás Correa, un experto en inteligencia del Ejército que integró el gabinete de asesores del ex gobernador Jorge Obeid, murió hace dos años.

Ayer formaron en el banquillo seis imputados: el ex juez federal Víctor Brusa, el primer ex juez que fue preso por delitos de lesa humanidad en la Argentina y cinco ex policías: Héctor Colombini, Mario Facino, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos.

La audiencia se demoró más de una hora y media por la situación de Marcellini. Su defensa ya había pedido que lo aparten del juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”. Pero el lunes, a las cinco de la tarde, volvió a la carga con otro escrito en el que informó que el coronel había sido internado en Mendoza y debía permanecer 48 horas en observación. La consecuencia quedó a la vista: los técnicos del tribunal no pudieron instalar el sistema de videoconferencia para que Marcellini siga las audiencias desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

“Nosotros pedimos que no se suspenda el debate y se rechacen las maniobras de mala fe. Porque una cosa son las garantías del debido proceso que prevé la Constitución y otra, estirar los códigos como un chicle, donde todo se permite”, dijo el abogado querellante Jorge Pedraza.

Marcellini era una pieza clave en el circuito represivo. Estuvo al mando del Destacamento de Inteligencia Militar 122, entre fines de 1975 y octubre de 1979, con jurisdicción en el centro norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y departamentos fronterizos del Uruguay. En su carrera, también pasó por la Escuela de las Américas. Su internación obligó a los jueces Roberto López Arango, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna a suspender la lectura de la acusación fiscal y solicitar al equipo de médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que examine al paciente y eleve un informe. Mientras tanto, rechazó el pedido de la defensa de Marcellini para que se lo aparte del proceso.

Durante casi siete horas el secretario del tribunal César Toledo y la prosecretaria Marta Quiroga se alternaron en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes: Pedraza, Schulman, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Patricia Traba, los esposos Daniel García y Alba Sánchez y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

Los imputados escucharon los cargos en su contra casi sin inmutarse: algunos con la mirada perdida o buscando algún punto fijo en el espacio y otros, con gestos de fastidio o negativa. En la doble fila de butacas destinadas al público se ubicaron cinco Madres de Plaza de Mayo; Elsa Ramos, de Familiares de Desaparecidos; algunas querellantes, la vicegobernadora Griselda Tessio; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, y el director del Programa de Protección a Testigos, Oscar Blando, entre otros.

Concluida la audiencia, dos de los imputados, Brusa y Ramos, volvieron a la cárcel de Las Flores, donde tendrán más compañía. El tribunal modificó el régimen de prisión domiciliaria que beneficiaba a Perizzotti, Facino y Colombini, que ahora serán alojados junto a Brusa y Ramos durante los días de audiencia.