Las radiaciones electromagnéticas de un conjunto de antenas y transmisores de radio y televisión instaladas en un edificio del microcentro de Buenos Aires y en un predio en el partido bonaerense de San Martín, lindero con la Capital Federal, superan los máximos autorizados por una resolución del ministerio de Salud de 1995, de acuerdo con una medición realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Una comisión intersectorial creada por el ministerio de Salud debe pronunciarse ahora sobre los efectos de esas radiaciones no ionizantes sobre la salud. El edificio del microcentro es el Alas, en Leandro Alem entre Córdoba y Viamonte, que pertenece a la Fuerza Aérea. Allí funcionan las plantas transmisoras de los canales 11 y 13 de televisión y de las radiodifusoras Buenos Aires (Rock&Pop) y Cadena 3. El de la provincia de Buenos Aires está en las avenidas General Paz y de los Constituyentes, sede del Polo Tecnológico Constituyentes, una Sociedad Anónima con mayoría estatal integrada por el propio INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de San Martín, el Servicio Geológico Minero Argentino y el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). En ese sitio están instaladas las plantas transmisoras de las radios Mitre y La Marea, en Amplitud Modulada, y Amadeus, en Frecuencia Modulada. Hasta hace dos semanas, Amadeus pertenecía a Daniel Hadad, quien con la misma antena y en la misma frecuencia opera ahora la radio para adolescentes TKM. Además hay una discusión jurídica entre el ministerio de Defensa y las empresas de radiodifusión por la vigencia de los contratos de locación. No está claro cómo incidirá esta situación en la disputa entre el Grupo Clarín, que en el último año apoyó con ardor militante el proyecto destituyente de las patronales agropecuarias y a los partidos de oposición, y el Estado Nacional, que respondió con la apertura de la venta de pliegos para instalar nuevos cables que había sido cerrada hace una década por el gobierno radical, la rescisión del contrato con la AFA para transmitir partidos de fútbol, la negativa del COMFER a la fusión de Cablevisión con Multicanal y el envío al Congreso del proyecto desconcentrador de servicios audiovisuales. En un alarde de objetividad que ratifica la conveniencia del proyecto, Clarín lo menciona en el diario, la radio y la televisión, abierta y por cable, como “Ley K de medios” o “Ley para controlar a los medios”.

Mediciones

En el edificio ALAS viven y trabajan más de 800 personas, entre ellas casi 300 niños. Los habitantes son personal civil y militar de la Fuerza Aérea y del ministerio de Defensa. Desde 2007 mostraron inquietud por los posibles efectos de las radiaciones de los transmisores sobre su salud y el ministerio solicitó que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el INTI midieran esas emisiones electromagnéticas. La CNC no detectó valores que superasen los de la máxima exposición permitida (MEP), establecidos por las resoluciones 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social y 3690/04 de la CNC. Para el rango de frecuencias de 10 a 400 MHz, que corresponde a las emisiones de mayor potencia desde el edificio, el máximo admisible de Campo Eléctrico es de 27,5 V/m (voltios por metro). En cambio el INTI detectó que en varios puntos del edificio ALAS las radiaciones superan ese valor y en algunos hasta las triplica. La medición estuvo a cargo del ingeniero Juan Carlos Mollo, del Centro de Electrónica e Informática del INTI. Se realizó desde el propio edificio y desde la terraza del que a media cuadra de allí ocupa el Ministerio de Trabajo. Consultado para esta nota, Mollo dijo que el papel del INTI es sólo técnico y que acerca de los efectos que pueden tener las radiaciones sobre la salud deben expedirse médicos o biólogos. La ex ministra Graciela Ocaña resolvió en junio crear una comisión intersectorial e invitó a designar representantes a la CNC, las secretarías de Comunicaciones y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). Sus integrantes “no deberán tener vínculos laborales o compromisos comerciales con las empresas que explotan la actividad”. La semana próxima vence el plazo fijado en esa resolución 674/09 para que produzca su primer informe. Pero como es más fácil redactar órdenes que estudiar fenómenos complejos sobre los que es tanto lo que se sabe como lo que se ignora, según la oficina de prensa del ministerio aún está “en proceso de creación”.

La alarma

El Informe del INTI indica que los pisos inferiores recibían la radiofrecuencia desde la terraza por la cañería del sistema de aire acondicionado y los radiadores de calefacción. En la terraza había muchas pantallas y estructuras, varias abandonadas. Esto genera una desviación de las radiaciones y las reirradia. El nivel de campo eléctrico en la terraza era tan alto que sólo se realizaron mediciones desde dos puntos, porque el personal del INTI no tenía trajes protectores de la radiación. Sólo los posee el personal de Canal 13 que realiza tareas de mantenimiento allí. Uno de ellos llevaba un medidor de densidad de potencia provisto por Canal 13, que alerta si detecta una fuga importante de radiofrecuencias. El empleado mostró que el medidor no acusaba nada anormal, pero el ingeniero Mollo advirtió que tenía las baterías agotadas. Cuando se las cambiaron, marcó emisiones por encima del límite y sonó la alarma. El funcionario del Canal se asustó. “Casi se desmaya”, dijo Mollo. Luego de esas mediciones, el personal de Telefé pidió a la gerencia trajes de protección. El INTI midió las radiaciones hace poco más de un mes. Los transmisores marca Harris de los canales 11 y 13, de 30 kW de potencia pico de sincronismo, estaban funcionando a la mitad de su potencia nominal de salida. También hay un transmisor de música funcional. Las conclusiones del informe sostienen que en la última década se generó un aumento de la potencia instalada de transmisión sin tomar en cuenta los niveles de radiaciones y se incrementó la cantidad de antenas. Además se constató la presencia de numerosas antenas de microondas sin identificar, de antenas y elementos metálicos fuera de uso que reirradian campo electromagnético, lo mismo que las estructuras de antenas adosadas a los muros del edificio. Los estudios que la Organización Mundial de la Salud realiza desde 1996 no permiten afirmar con certeza que esas radiaciones produzcan daños biológicos o psicológicos mensurables, pese a lo cual se establecieron máximos admisibles. La Argentina fue uno de los primeros países en hacerlo. Pero hay un creciente conocimiento empírico. Las periodistas de Clarín Silvina Heguy y María Eugenia Cerutti publicaron un libro impresionante, “132.000 voltios. El caso Ezpeleta”, sobre un barrio del partido de Quilmes donde varios cables de alta y media tensión llegan a una subestación eléctrica. La manzana que la rodea fue diezmada por el cáncer: hasta el 30 de julio de 2006 habían muerto 14 vecinos y enfermado otros 17.

El Polo Tecnológico

En el Polo Tecnológico Constituyentes la investigación fue iniciada a pedido de su presidente y al mismo tiempo titular del INTI, ingeniero Enrique Martínez, a raíz de las interferencias de los campos electromagnéticos en los sensibles equipos de medición de los distintos laboratorios, sistemas de computación, teléfonos y hasta cajeros automáticos. En marzo la CNC verificó la interferencia de las emisiones de Radio Mitre en las líneas telefónicas de CITEDEF y la intimó a hacerlas cesar. En junio, la División Antenas y Propagación del Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa verificaron “el grave daño que causan a los sensibles equipos de medición de los entes de investigación”. Los valores medidos superaron en cien veces los establecidos en la resolución 329/2000 de la Secretaría de Comunicaciones. Mitre alquiló al Ejército el predio de 2500 metros cuadrados en el que instaló su planta transmisora, de acuerdo con el régimen de contrataciones públicas. En abril de este año, ya vencido el contrato, el Ejército intimó el desalojo. Radio Mitre argumentó que eso contradecía la decisión del Poder Ejecutivo que en 1983 le otorgó una licencia por 15 años, la prorrogó por otros diez en 1998 y por otro tanto en 2007, y solicitó que el contrato se extendiera hasta el vencimiento de esa licencia, en octubre de 2018, invocando el carácter de servicio público de la radiodifusión.

El caso de Clarín

La operadora del Canal 13 es Artear, sigla de Arte Argentino, una de las empresas del Grupo Clarín. En el edificio ALAS posee ocho antenas ubicadas en la terraza, un departamento de un centenar de metros cuadrados en el piso 40 donde funciona la planta transmisora, otro de 30 metros cuadrados en el piso 39 y un espacio en el subsuelo para la instalación de un generador eléctrico. En la terraza y los pisos 40 y 39 es donde se registraron las mediciones más altas. La ocupación de esos espacios comenzó en 1960, según contratos de los que la Fuerza Aérea no tiene constancia documental. En febrero de este año Artear adujo que la renovación del contrato era automática si ninguna de las partes lo denunciaba y solicitó una audiencia con la ministra Nilda Garré. En 2003 Canal 13 pagaba por esos espacios un canon de 5.500 pesos mensuales. En abril de este año el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo fijó en 13.500 pesos mensuales. En la audiencia con Garré los directivos de ARTEAR dijeron que la antena y la planta transmisora eran “el corazón del canal 13”. En una segunda reunión se les notificó la conclusión de un sumario administrativo sobre los contratos. El único registrado se firmó en diciembre de 2003, venció en diciembre de 2008 y se prorrogó hasta fin de este año, pero soslayó el régimen de contrataciones públicas: no hubo expediente, publicidad ni licitación. Esto permitiría al Estado revocarlo, dada su absoluta nulidad. ARTEAR dijo que el ministerio actuaba de mala fe, con una actitud persecutoria, dado que de otro modo convocaría a una licitación pública para su regularización. El ministerio negó esa intencionalidad: desde la asunción de Garré está regularizando la situación de todos los edificios asignados al uso militar y en casos con menores irregularidades separó a los funcionarios que actuaron y los denunció ante la justicia. Según ARTEAR el traslado de las estructuras a un nuevo emplazamiento sin afectar la transmisión del canal no llevaría menos de seis meses, por lo cual pidió que se revisara la decisión. Ambas cuestiones, igual que la separación de los cables y las obligaciones de desinvertir en caso de aprobarse la ley que discute el Congreso, terminarán en la justicia, donde la ideología y la corrupción juegan en contra del intento de democratización del espectro de las comunicaciones.