El mismo represor, el mismo ministro y la misma decisión. Muchas cosas han cambiado en Argentina desde agosto del año pasado, pero el gobierno de Eduardo Duhalde no modificó la postura de rechazar las extradiciones a los militares acusados de delitos de lesa humanidad en el exterior. Alfredo Astiz no será juzgado en Suecia por el asesinato de Dagmar Hagelin, como hace cinco meses no fue trasladado a Italia. Como la anterior, esta resolución fue firmada por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en ausencia del ministro de Relaciones Exteriores.
Suecia reclama al represor, por el asesinato de la joven Dagmar Hagelin, quien fue baleada por la espalda el 27 de enero de 1977 en El Palomar y llevada casi sin vida a la Escuela de Mecánica de la Armada.
“Los hechos por los cuales se lo requiere a Astiz fueron investigados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo absolvió por considerar que no estaban probados los hechos que se le imputan”,aseguró Jaunarena, en la resolución que tendrá como efecto la libertad de “El Angel Rubio”. El ministro añadió que la Cámara Federal “revisó la sentencia y declaró la prescripción de la acción emergente de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones graves” respecto del ex marino. Y resaltó que “dar curso al pedido de extradición iría en desmedro de la soberanía de nuestro país en virtud que al corresponder la jurisdicción a la República Argentina sus tribunales tomaron intervención, además de conculcar el principio ‘non bis in idem’”, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho.
Es cierto que en 1986 la Cámara Federal dió el delito por prescripto, aunque consideró acreditada la responsabilidad del secuestrador y que el expediente fue cerrado luego por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero en 1995, después de la confesión de Adolfo Scilingo, el abogado y diputado Luis Zamora pidió la reapertura de la causa y el año pasado reclamó a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la continuidad de la investigación.
Jaunarena actualizó con su respuesta a los tribunales de Estocolmo el controvertido decreto 1581/01, firmado en diciembre del año pasado, cuando él ocupaba el mismo cargo que ahora pero en el gobierno de Fernando de la Rúa. Ese documento establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe rechazar “los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional” y que “si con el requerimiento se acompañaran antecedentes, documentación o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o en su defecto, al juez de turno o al ministerio Público Fiscal en carácter de denuncia”.
En su paso como secretario de Justicia de Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Zuppi anunció la derogación del decreto y elaboró un preproyecto para concretar la medida, que no hubo tiempo para ser discutida con José María Vernet que, al mando del área de Defensa, se resistía. El actual subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano aseguró a este diario la semana pasada que el decreto 1581 es una norma dictada in extremis (cuando De la Rúa estaba por irse) y por lo tanto no obligaba a la gestión actual, aún si no era derogado. Sin embargo, el Gobierno de Duhalde decidió confirmar la validez de la resolución.
El año pasado, el represor fue arrestado a pedido de Italia pero Astiz fue liberado con un documento que firmó Jaunarena durante un viaje de Adalberto Rodríguez Giavarini. Ayer, un día después de que el canciller Carlos Ruckauf iniciara su gira a Estados Unidos, Italia y España Jaunarena le otorgó nuevamente la liberación de Astiz.