La primera audiencia pública para debatir en el Congreso el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual comenzó con una declaración de principios del representante de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (Farco), Néstor Busso. “A este proyecto lo consideramos nuestro. Por eso lo apoyamos y defendemos.” Que ésa haya sido la primera intervención no fue casualidad. Busso es el referente más conocido de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una multisectorial integrada por ONG que viene impulsando la derogación de la ley 22.285/80 desde hace años. Ese primer discurso anticipó el espíritu de lo que se escucharía en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados a lo largo de la jornada. A pesar de ser uno de los primeros impulsores del proyecto, Busso no se privó de pedir una modificación puntual sobre el artículo 80. En ese momento quedó claro que la audiencia no sería una puesta en escena de posiciones preacordadas y que los participantes tampoco mostrarían una posición monolítica y uniforme. Aunque la gran mayoría de los expositores apoyó con visible entusiasmo el proyecto, algunos pidieron correcciones en la redacción o garantías más explícitas en determinados artículos: sobre todo una reglamentación más dura para el ingreso de las telefónicas.

Como se había votado en el plenario de las Comisiones de Comunicaciones, Libertad de Expresión y Presupuesto del jueves pasado, la audiencia comenzó a las 9.30 con una breve introducción de los diputados Manuel Baladrón y Gustavo Marconatto, titulares de dos de las comisiones. Desde ese momento hasta las 19.30 se sucedieron ponencias de diez minutos. Dos de las entidades más representativas del establishment mediático, Adepa (que agrupa a las empresas editoras de diarios) y ATVC (Asociación de Televisión por Cable) decidieron no participar.

Algunos expositores prefirieron leer, otros improvisaron discursos que reflejaron toda la heterogeneidad de los participantes. No faltó la ironía y el sentido del humor, hubo quien optó por el repaso minucioso de cifras para subrayar inversiones, ganancias o posiciones dominantes en el mercado. Y también abundó la polémica. Desde bien temprano la diputada radical Silvana Giúdici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión, se acercó hasta el subsuelo del Anexo para rechazar “la forma vertiginosa” en que se estaban realizando las audiencias. “Nos oponemos a esta metodología tal cual se está llevando a cabo”, cuestionó.

¿Federalizar o dilatar?

La declaración de Giúdici desnudó cuál sería la estrategia de la mayor parte de la oposición: tratar de quitarles legitimidad a las tres audiencias –que terminarán siendo cuatro– y reclamar que las jornadas se extiendan al interior. Algunos diputados ni siquiera asistieron al foro en el Anexo. Otros estuvieron un rato para escuchar las exposiciones y, de paso, aprovecharon el contacto con la prensa para dejar constancia de su rechazo al proyecto. Además de Giúdici, por la audiencia pasaron Norma Morandini (monobloque cordobés), Paula Bertol (PRO), Federico Pinedo (PRO), Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Enrique Thomas (Unión Peronista) y Miguel Angel Giubergia (UCR). Una presencia comentada fue la del diputado Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), que en el plenario del jueves había votado en contra del cronograma de discusión propuesto por el oficialismo. Ayer, ante los periodistas, Macaluse criticó a los diputados que no asistieron a la primera audiencia. “Aquellos que reclaman más debate deberían estar sentados aquí”, cuestionó.

A tono con la demanda opositora de extender el debate al interior, por el Congreso también circuló la versión de que la Cámara de Diputados de Mendoza había solicitado de manera institucional poder organizar una audiencia pública en la provincia. En esa provincia cuyana surgió el grupo Vila, cuyo titular –Daniel Vila, socio de Francisco de Narváez en América– se opone a la Ley de Servicios Audiovisuales. La versión fue desmentida por el titular de la Cámara de Diputados mendocina, Jorge Tanús, a través de una carta dirigida al presidente de la Cámara baja, el jujeño Eduardo Fellner (ver página 2). En respuesta a ese reclamo de supuesta federalización, varios expositores recordaron que el anteproyecto original fue puesto en discusión en 23 foros realizados a lo largo del país. En la audiencia de ayer se escucharon ponencias provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Formosa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Río Negro y Catamarca.

Voces múltiples

El comienzo del debate mostró la cantidad y la diversidad de los actores sociales que avalan el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales. Tras la presentación de Busso, llegó el turno del representante de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el periodista Gustavo Granero. Luego se escucharon las intervenciones del productor cinematográfico Pablo Rovito (Fapca), quien apoyó la iniciativa y pidió que se fijara una cuota mínima de producción de ficción y documental. También respaldó el proyecto el miembro del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), Adrián Ciafa. En un tono campechano y no desprovisto de chicanas, siguió Javier González, director de FM La Boca y representante de ARBIA (Asociación de Radiodifusores Bonaerenses).

En nombre de las radios comunitarias que se amparan en los famosos PPP (permisos precarios y provisorios), González recordó cuando la entidad que agrupa a las radios privadas (ARPA) “les pagaba la nafta a las camionetas de la Comisión Nacional de Comunicaciones para decomisar los equipos de las FM truchas”. Ex colaborador del diputado Miguel Bonasso, de quien se distanció en los últimos años, González le dedicó un párrafo a la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, cara visible de la oposición al proyecto: “Silvana Giúdici venía a nuestra radio cuando quería ser candidata al CGP de La Boca”, aseguró. Luego siguió Susana Velleggia, de la Fundación Nueva Mirada, quien cuestionó el tratamiento que la televisión hace de la infancia y la adolescencia y elogió el artículo 17 del proyecto, que propone crear el Consejo del Audiovisual y la Infancia.

Para escuchar las primeras críticas al proyecto hubo que esperar al representante de la Cámara Argentina de Anunciantes, Luis María Castro, quien protestó por la “discriminación” que sufriría el sector por el fomento a la televisación nacional. Enseguida pidió que se incorporara al proyecto otras dos leyes que regulen la publicidad oficial y el acceso a la información pública. Otra voz crítica fue la de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG con presencia en todo el mundo, que pidió que la autoridad de aplicación no fuera dependiente del Ejecutivo. El neuquino Héctor Huarte, de la Federación de Radiodifusores de Baja Potencia, reclamó que se realizaran debates en el interior. Pero la mayoría de las intervenciones mostró un amplio consenso a favor del proyecto.

Quizá la intervención más escuchada haya sido la del secretario general de la CTA, Hugo Yasky. El gremialista surgido de Ctera leyó un documento aprobado por unanimidad en la central sindical que reclama “el tratamiento urgente” del proyecto por considerarlo “un mandato histórico”. Luego propuso impulsar dos leyes complementarias para promover el acceso a la información pública y la despenalización del delito de calumnias e injurias. También dijo que el proyecto “era perfectible” y que se podía mejorar la reglamentación para “la entrada de las telefónicas” al negocio del audiovisual. Su discurso terminó con una arenga fervorosa a sancionar la nueva ley. “Dilatar esta discusión, desconociendo el proceso de debate que lleva 26 años, sería un retroceso de la democracia”, instó. A nadie le pasó por alto que varios diputados de centroizquierda, entre ellos algunos cuyo voto es incierto, son históricos afiliados de la CTA.