En el segundo día de las audiencias públicas sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, las entidades empresarias fueron hasta el Congreso para pronunciarse contra la iniciativa del Gobierno. El presidente de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Carlos Molina, atacó el proyecto porque consideró que va “contra la libertad de expresión, de libre asociación y la propiedad privada”. En la misma línea, Luis Tarsitano, secretario de relaciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), aseguró que el proyecto es “de corte decididamente intervencionista sobre medios y contenidos”. La mayoría de los restantes 41 disertantes –universidades, trabajadores, cooperativas, pequeños radiodifusores, productoras de TV y hasta el cineasta Juan José Campanella– respaldó en general la iniciativa y propuso modificaciones específicas para cada sector. “Que esta ley nos permita celebrar el camino de la independencia y la libertad”, dijo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, tras cargar contra “los monopolios de la comunicación”.

La audiencia comenzó otra vez con la presencia únicamente de los diputados oficialistas y sus aliados, además de disertantes, asesores y periodistas. Con cuentagotas, algunos legisladores de los bloques de oposición pasaron a lo largo del día por el auditorio del anexo de la Cámara baja. Una lista que incluyó a la radical Silvana Giúdici, que desde la Comisión de Libertad de Expresión que preside impugnó las audiencias.

Parte de las expectativas estaban puestas en la reacción de las cámaras empresarias que pasarían ayer por la audiencia pública. ARPA y Adepa no repararon en sus críticas al proyecto que recorta su cuota en el negocio de los medios de comunicación. “El Estado no tiene derecho a la libre expresión, tal derecho corresponde a los ciudadanos. Al Estado sólo le cabe la obligación de hacer públicos sus actos y para ello no necesita de normas que le permitan el uso ilimitado del espectro radioeléctrico”, afirmó Molina, representante de la Cadena 3, en nombre de la entidad que nuclea a las principales radios del país.

Molina se explayó contra el artículo del proyecto que respalda la producción de contenidos locales y limita la retransmisión en cadena de los contenidos que generan los grandes medios radiales. También contra la competencia que generarán los medios del Estado en el reparto de la torta publicitaria privada, además de expresar sus quejas por las interferencias que producen en ámbitos urbanos las radios de baja frecuencia. El representante de ARPA se manifestó a favor de debatir una nueva normativa pero sostuvo que “difícilmente podamos hacerlo desde la crispación, la confrontación, la estigmatización de los que piensan diferente y el odio”. Tarsitano transitó el mismo camino. “El clima de confrontación con el periodismo no es un marco adecuado”, dijo el hombre de El Tribuno, de Salta, en representación de los principales medios gráficos de la Argentina agrupados en Adepa. “Se sostiene que a la hora de adjudicar una licencia –continuó Tarsitano– la autoridad de aplicación analizará la participación del solicitante en otros medios de comunicación. Esto y decir que cuando un diario o una revista accedan a una radio o a un canal van a ser evaluados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo no es una simplificación.”

“La libertad de expresión de los titulares de licencias tiene como base la libertad editorial y la libertad de programación: las injerencias estatales en este punto siempre son riesgosas y entrañan el peligro de un exceso de intervencionismo”, agregó Tarsitano antes de juzgar que “la intención de incorporar nuevas voces aparece asociada a debilitar o silenciar las existentes”.

Antes y después de las intervenciones de las entidades empresariales, la mayoría de los expositores defendieron el proyecto y cargaron contra la “composición monopólica” del actual espacio audiovisual. Los cooperativistas pam-peanos de Fepamco defendieron la incorporación, hasta ahora vedada, de las cooperativas de servicio del interior en el negocio de las comunicaciones y la posibilidad de producir contenidos locales.

Fabián Biccire, decano de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario y presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social de todo el país, hizo una encendida defensa del proyecto oficial. Horacio Arreceigor, del Sindicato Argentino de Televisión, respaldó la iniciativa y recordó la concentración de los ’90 “que dejó en la calle a miles de trabajadores”, pero también criticó el ingreso de las telefónicas como “nuevos jugadores” en el mercado de las comunicaciones audiovisuales.

Aunque no se concretó la anunciada presencia de Leonardo Favio, la gente del cine tuvo voz a través de Campanella. El director de El hijo de la novia y la actual El secreto de sus ojos habló en nombre “de la industria y no de un grupo perdidoso y limosnero”. Afirmó que el “gran mercader Hollywood” acapara el 65 por ciento de lo que se pasa en nuestros cines, el 85 de la TV pública y 90 por ciento en la TV por cable” y pidió “emparejar las condiciones de competencia”. Por eso, Campanella pidió “subsanar el error involuntario” del artículo que promueve el cine nacional a excepción de los films que reciben subsidios del Incaa: es decir, la mayoría de las producciones realizadas en los últimos tiempos.

El cierre estuvo a cargo de Pérez Esquivel. El Premio Nobel no dudó en respaldar el debate “después de 25 años de democracia” y “la voluntad política” del Gobierno en llevarlo adelante: “¿Qué estamos discutiendo? Este gobierno, con todas sus dificultades, pretende avanzar con este proyecto y quieren voltearlo. Esta no es una ley K, es una ley de todos los argentinos”. Insistió en que “los monopolios generan una conciencia perversa” en la sociedad y que “eso no es libertad de prensa, eso es dominación”. Aunque Pérez Esquivel también pidió cambios en la autoridad de aplicación y que se les cierre el paso a las telefónicas.