Los tres obispos que participan en la mesa coordinadora del “Diálogo Argentino” exigieron ayer “cambios reales y profundos” a la “dirigencia política, financiera, sindical y empresarial” y condicionaron la continuidad de la participación de la Iglesia en las conversaciones a que se concreten “renuncias personales o sectoriales”. Lo hicieron en un duro comunicado que apunta a sacudir al Gobierno para que ponga el foco y las iniciativas en lo que consideran un tema prioritario: la “emergencia social”. En rigor, también esperan menos palabras y más hechos. En el Gobierno no acusan recibo del reclamo. “Las propuestas deben salir del propio diálogo”, justificó ante Página/12 un vocero de la Casa Rosada. Desde el grupo dialoguista anunciaron que harán entre hoy y mañana un pronunciamiento, en sintonía con el de los prelados, “sobre medidas y líneas de acción puntuales”.
Los obispos Jorge Casaretto (San Isidro), Juan Carlos Maccarone (Santiago del Estero) y Ramón Staffolani (Río Cuarto) oficializaron, después de una reunión con la cúpula del Episcopado, un planteo que en realidad venían masticando hace rato. En documentos previos, inclusive, habían planteado la urgencia de la implementación de planes sociales. En el que divulgaron ayer manifiestan que están a la espera de “signos y gestos concretos para que el ‘diálogo argentino’ pueda cumplir su propósito de lograr acuerdos que sirvan para recrear el país en un marco de paz y unidad”.
Lo que están esperando, explican en voz baja representantes eclesiásticos, es que el Gobierno salga del discurso y “haga algo”. A las autoridades, argumentan, les competen las decisiones ejecutivas. El pedido de acción y de búsqueda de coincidencias lo extienden también al resto de los actores sociales que participan de los encuentros, desde sindicatos, ONGs, empresarios, políticos hasta banqueros, entre otros.
“Hemos comprobado que si bien son muchas las propuestas que se van recibiendo, son pocos los ofrecimientos de renuncias personales o sectoriales que permitan pensar en una verdadera voluntad de cambio”, sentencia el comunicado de los obispos. Para que el diálogo tenga, dijeron, “eficacia y también credibilidad, ha de despertar en la dirigencia política, financiera, sindical y empresarial, la necesidad de gestos y signos que muestren un sincero deseo de cambios reales y profundos”. Advirtieron, además, que “la crisis de confianza y credibilidad es muy profunda” y que la “sociedad está seriamente fragmentada”. “El pueblo no se siente representado por sus dirigentes y a la vez los sectores desconfían unos de otros y buscan en las culpas ajenas la responsabilidad total de lo que ocurre”, sostuvieron.
Los obispos situaron estos cuestionamientos en medio de un dilema que describen como uno de “los más difíciles de resolver”: “¿Cómo es posible generar grandes cambios con los mismos actores que han llevado al país a la situación actual?”, reseñaron un interrogante que, describen, “estuvo presente en todas las conversaciones”. Añadieron que “dialogar no es claudicar, ni entrar en connivencia con algún sector” sino que es “un gesto audaz y profético que nos dispone a todos a ser esclavos de la verdad”.
En el Gobierno atribuyen la iniciativa de los prelados a “su enojo porque saben que ningún sector está dispuesto a hacer concesiones”. Y aseguran que no les sorprende en absoluto. “Además, la idea de la concertación no es que el Poder Ejecutivo presente propuestas, además ceñir el debate a una idea sería paralizante”, dijo un colaborador del presidente Eduardo Duhalde. “Las propuestas deben salir del propio diálogo”, insistió.
La mesa de diálogo, convocada por el Gobierno e impulsada también por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentará hoy o mañana “un pronunciamiento” que, aseguraron algunos de sus integrantes, se corresponderá con los dicho por la Iglesia y enumerará líneas de acción concretas “para afrontar la crisis con voluntad de cambio”.