“Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que le corresponde, que no es condenar o sobreseer a nadie sino garantizar la administración de justicia.” La reflexión pertenece a Pablo Parenti, coordinador de la unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa y coordina el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad, y resume el principal punto de acuerdo de quienes integraron ayer la mesa de trabajo “Justicia y crímenes de lesa humanidad: una política de Estado”, convocada por la Comisión por la Memoria bonaerense en el marco del VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria.

Los representantes del alto tribunal fueron los grandes ausentes de la tarde. Hubo jueces, fiscales, abogados, miembros de organismos de todo el país, testigos y periodistas, coordinados por el anfitrión Leopoldo Schiffrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. La agenda fue abierta. Los temas, añejos: los operadores de la impunidad disfrazados de fiscales y jueces; la necesidad de acelerar y unificar procesos; la ausencia de una política de Estado que amerite tal denominación; los flancos débiles de los programas de protección de testigos; la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 de garantizar la publicidad de los juicios.

El juez federal Daniel Rafecas, miembro de la Comisión Interpoderes creada a instancias del máximo tribunal y “relanzada” el martes, fue el portavoz de una buena nueva: a propuesta del procurador Esteban Righi, la comisión que encabeza Ricardo Lorenzetti resolvió realizar visitas periódicas a los departamentos judiciales con problemas más acuciantes, como Mendoza o La Plata, para tratarlos en persona y buscar soluciones en plazos razonables. “Eso tendría un efecto tremendo. Es imprescindible que la Corte tenga un mapa actualizado de los juicios y que los ministros recorran los juzgados todos los meses”, celebró Schiffrin.

Rafecas describió con crudeza el presente de la Justicia federal. Destacó que tras las leyes de impunidad y los indultos “hubo un tercer gran momento” para garantizar la obstaculización de los procesos. Fue “la designación sistemática y planificada de jueces y fiscales en todo el país con el objetivo de asegurar la impunidad”. Mencionó casos de “absoluta y deliberada resistencia” y planteó que “llegó el momento crucial de plantear qué vamos a hacer con estos jueces, fiscales y camaristas”. Agregó que percibía “una postura muy ingenua” frente al tema y destacó que los operadores de la impunidad “no van a defraudar a quienes los designaron”.

El fiscal federal Jorge Auat, titular de la unidad especial de la PGN, compartió el diagnóstico y destacó que “nunca antes de los procesos por crímenes de lesa humanidad el Poder Judicial puso tanto énfasis en las garantías constitucionales”. Auat sostuvo que “la herramienta más idónea y la única respuesta posible es el trabajo cotidiano, la actitud permanente de lucha para derribar cada nueva barrera”, y enfatizó la necesidad de disponer de “una ingeniería política” que permita hablar “de una verdadera política de Estado, no de respuestas aisladas ante hechos consumados”.

Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya! en La Plata, sostuvo que “una política estatal no es sólo tener voluntad: implica una inercia en la que los procesos fluyen” sin que organismos y abogados controlen cada día la actuación de la Justicia. Lamentó que “dependemos de personas puntuales, un fiscal, un juez, en tanto sigue faltando una estructura acorde” con la entidad de los procesos. Manifestó que “no vemos todavía resultados de la comisión interpoderes” y dedicó “una crítica específica al Centro de Información Judicial, que difunde las noticias que sugieren que el proceso marcha sobre ruedas pero oculta todas las trabas que impone la Justicia”.

Parenti admitió cierto “estancamiento” en La Plata y destacó los avances en jurisdicciones del interior del país que no suelen trascender. Coincidió en que “todos esperábamos más de la comisión interpoderes”, que “aún no se logró que la Corte tenga una unidad fuerte” y confesó que “nos sentimos bastante solos” en la unidad de la PGN. “Falta que la Corte asuma su rol, que es garantizar la administración de justicia”, resumió.

Gerardo Fernández, abogado del CELS, planteó el problema de “la renuencia de algunos testigos a seguir declarando, porque están agotados”, y “la amenaza del TOF-5 de no empezar el juicio ESMA si sólo se realizan dos audiencias por semana, que eternizarían el proceso”. Inti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que por orden de la Cámara de Casación ayer “estuvieron a punto de ser excarcelados once represores de la Unidad 9, que superaron los tres años de prisión preventiva”, mientras “esperamos desde hace diez meses que la Corte se expida sobre el criterio a aplicar a la hora de excarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad”.