Casi cuarenta días duró la toma de la planta de Kraft Foods (ex Terrabusi), que ayer fue desalojada por la Policía Bonaerense con palos, gases, balas de goma y caballería. Hubo cerca de 70 detenidos, entre manifestantes y obreros, dos heridos graves y una docena de lesionados leves. Antes del operativo la empresa había acudido al Ministerio de Trabajo para manifestar que se comprometía a “mantener los puestos de trabajo existentes”, sin contemplar a los 160 trabajadores despedidos hace más de un mes, muchos con fueros gremiales. Y advirtió que sólo volvería al diálogo con la planta en funcionamiento. La orden de desalojo ya había sido dictada por la Justicia y las intensas gestiones de funcionarios de las carteras laborales nacional y provincial no pudieron frenarlo.

Ante las imágenes de la represión, secretarios y asesores sólo pudieron argumentar que el conflicto se había “desmadrado” y que ya no estaba bajo su órbita. El fracaso de esa negociación fue visto de manera diferente por los cincuenta operarios que permanecían en la planta. “Se fueron de rosca, no nos dieron tiempo a nada”, comentó uno de ellos. “Ahora que el Gobierno pague este costo político, porque fue muy duro con los trabajadores y muy blando con esta empresa norteamericana”, dijo a Página/12 Javier Hermosilla, uno los delegados despedidos.

El jueves a la noche, la comisión interna de la ex Terrabusi, liderada por Ramón Bogado, advirtió que la empresa preparaba “un violento desalojo”, por el “despliegue de carros de Infantería y Gendarmería”, y encendió el alerta. Ayer, organizaciones sociales y políticas acudieron a la planta de Pacheco o se manifestaron en Capital. Cuando se fueron los mil operarios del turno noche quedaron unos cincuenta, entre ellos Bogado, quien manifestó que “los directivos cerraron las puertas para que no entre nadie, lo que se denomina lockout patronal ofensivo”. El delegado César García llegó a contar 20 camiones con unos 300 policías. Afuera, familiares y compañeros de los despedidos quemaban cubiertas, colocaban carteles en la reja perimetral e instalaban carpas para el “aguante”.

El juez de garantías de San Isidro Ricardo Costa justificó la orden de desalojo por “la intransigencia de las partes” y “hechos delictivos que desnaturalizaron el legítimo reclamo”, aunque instó a que “el uso de la fuerza fuera el último recurso”.

A las 15 se anunciaron ante la viceministra de Trabajo Noemí Rial el representante de Kraft Pedro López Matheu, con dos abogados, y Mercedes Gadea, del Ministerio de Trabajo bonaerense, con otros dos funcionarios. “Con la intención de llevar tranquilidad a sus empleados la empresa manifiesta su firme vocación de continuar su actividad productiva en Argentina, manteniendo los puestos de trabajo existentes. Asimismo cumplirá con el pago de salarios conforme fuera requerido por este Ministerio”, dice el acta que firmaron todos. Además, anunciaron que el lunes “restablecerá la actividad del establecimiento Planta Pacheco”. López Matheu dijo el suspendieron el turno mañana “por razones de seguridad por la ocupación ilegal” y afirmó que “la empresa está dispuesta al diálogo pero con la planta desocupada y la producción desarrollándose normalmente”. Sobre los salarios dijo que se había pagado la quincena a los que trabajaron, y descontado los días a los que no porque “afecta la cadena de valor”. Según la comisión interna, casi la totalidad de los trabajadores no despedidos mantuvieron paralizada la fábrica de galletitas, chocolates y otros productos alimenticios en solidaridad con los echados.

A las 17.30 los manifestantes comenzaron a forcejear con la policía sobre la reja. En la terraza los ocupantes habían colgado una pancarta que rezaba “Señora Presidenta ¿dónde está?”, pero en pocos minutos los uniformados de casco, palo y escudo los sacaron a la fuerza. La respuesta de los manifestantes fue una lluvia de piedras hacia adentro de la fábrica, desde donde los policías tiraban gases. Representantes de organismos de derechos humanos que estaban en la puerta hacían declaraciones indignados por la “respuesta represiva de un gobierno nacional y popular a un conflicto laboral”. Media hora más tarde aparecieron la policía montada y la brigada de perros. Uno de los manifestantes logró hacer bajar del caballo a uno de los uniformados, que corrió a refugiarse a la ex Terrabusi, mientras la mayoría se dispersaba y un grupito quedaba atrapado en medio de las corridas de caballos, perros y bonaerenses. “Hijos de puta, le pegan a los pobres, aguante Terrabusi”, cantaban rodeados.

La noticia llegó enseguida a Estados Unidos, donde estaba el ministro de Trabajo Carlos Tomada. “El ministerio intervino durante todo el conflicto, pero nos retiramos porque no había voluntad de las partes de acordar, la actitud de hoy de la empresa no fue tan voluntaria, hubo una intimación a ellos el lunes, y hoy mismo hubo denodados esfuerzos para convencerlos (a los trabajadores) que cedieran, que dejaran la planta hasta cinco minutos antes del operativo”, explicó uno de sus más cercanos colaboradores. Como una muestra del evidente fracaso de esas gestiones –que incluyeron llamadas de Rial a Bogado y la presencia en Pacheco de Alejandro Chavarría, de la cartera laboral bonaerense– insistían en todo lo que hicieron durante el conflicto.

A las 20, el comisario Salvador Baratta explicaba que “luego de casi cuatro horas de negociaciones hubo que ingresar, gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas ni lesionados graves”, al tiempo que mostraba una mesa en la que había gomeras, cadenas y algunas botellas a las que describió como “bombas molotovs”, y repetía a cada minuto que “acá estoy con gente de la secretaría de Derechos Humanos”.

A las 21 entraron a la planta los abogados de derechos humanos Enrique Papa (Cadhu), Claudia Ferrero (Apel) y Victoria Moyano (Ceprodh). “Estamos a 50 metros de los detenidos pero por orden del juez (de Garantías de San Isidro Ricardo Costa) y de la fiscal (Laura Capra) no los podemos asistir. Hablé con Sara Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia) porque les niegan el derecho a la defensa, pero dice que están ellos y dos diputadas, ése es el grado de legalidad que le quieren dar pero a nosotros no nos importa, así no podemos responder la inquietud de las familias”, se quejó Moyano. A esa hora unos 40 manifestantes estaban siendo revisados para luego ser liberados, mientras que los trabajadores “demorados” eran trasladados a diferentes comisarías. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Fernando Navarro Roa, informó que participó del control previo del armamento realizado por la policía y garantizó que no haya balas de plomo “y que se intentara la menor violencia posible”.