En el Gobierno admiten que el conflicto de Kraft es difícil de encaminar por sus situaciones inusuales, pero respiran mejor pensando que esas particularidades lo hacen difícil de repetir. Mientras tratan de hacer encajar las piezas del rompecabezas, en la Casa Rosada se quejan de que la UIA, hasta hace poco firme aliada del Gobierno, pareciera querer sacar ventajas de la situación.

Lo enrevesado del conflicto de la ex Terrabusi pasa no sólo por las posiciones intransigentes de empresa y delegados, sino por el aislamiento de los representantes gremiales, que están enfrentados con la conducción del gremio de la alimentación que dirige Rodolfo Daer y que no tienen el apoyo de la gran mayoría de los trabajadores que los votaron: prácticamente todos le dan la espalda al conflicto y están trabajando.

De todas maneras el Gobierno no quiere que quede sentado un precedente de despidos de delegados, aunque sea por la vía de la judicialización en busca de su desafuero que comenzó la empresa. Por eso, mientras la Justicia no se expida, el Ministerio de Trabajo sigue apoyando a los delegados al mantener su reconocimiento, ya que fueron legítimamente votados. El hecho de que el Gobierno sigue dándoles a los delegados despedidos el rol de representantes, convocándolos a una mesa de diálogo, también puede ayudarlos a que la Justicia no les quite los fueros.

Las fuertes trabas para una salida se simbolizan en el hecho de que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconocido negociador que desde que comenzó la crisis paró y reencauzó varios conflictos evitando despidos, en esta ocasión no pudo lograr que empresarios y delegados se sentaran a hablar. Parecen pasos de comedia las reuniones, donde los directivos de la empresa están en una oficina y los delegados en otra, con los funcionarios del ministerio yendo de un cuarto al otro. Y encima sin resultados.

En Trabajo creen que el conflicto tendrá un marco más claro cuando la Justicia resuelva sobre la denuncia penal de la empresa contra los delegados. Eso determinará si los delegados mantienen sus fueros e inmunidad gremial o si pueden ser despedidos. Una u otra decisión inevitablemente hará variar el curso del conflicto. En el Gobierno admiten que nada pueden hacer hasta que la Justicia decida.

Tantos fuentes del Gobierno como de la CGT consultadas por Página/12 dicen que es poco factible que este tipo de conflicto se multiplique, porque más allá de la mayor o menor dureza de las empresas, el componente gremial en general tiene otro perfil que el que lleva adelante el conflicto de Kraft.

En el mayoritario sindicalismo peronista observan que son pocos los cuerpos de delegados que pertenecen a partidos de izquierda, a los que atribuyen una metodología más radicalizada y menos propensa al diálogo. “La historia muestra que cuando el dirigente sindical lleva las cosas a un extremo y no deja margen para la negociación, siempre terminan perdiendo los trabajadores. Es el caso de Kraft, donde los trabajadores perciben esto y ahora les dan la espalda a los propios delegados que ellos votaron. Quizás un caso distinto sea el subte, donde los delegados son de izquierda pero saben cuándo frenar y los trabajadores todavía les responden.”

Esos mismos sindicalistas se culpan de haber dejado resquicios para el crecimiento gremial –aunque los juzguen pequeños– de las agrupaciones de izquierda. Uno de ellos dijo a este diario que Daer, cuando fue secretario general de la CGT, descuidó la interna de su gremio y lo contraponía a Hugo Moyano, que ahora ocupa el mismo cargo en la central sindical, pero que “en su sindicato no vuela una mosca” sin que él lo sepa y lo autorice. “Alguno puede no saber que Moyano es secretario general de la CGT, pero todos saben que es de Camioneros”, completaba el dirigente.

Paralelamente, en el Gobierno están atentos a una situación que por ahora no pasa de hipótesis o sospecha: la supuesta intención de la UIA de sacar algún rédito de esto. Pese a que la industria fue el sector de la economía más beneficiado por el kirchnerismo en términos comparativos, desde que el tándem Juan Lascurain-José Ignacio de Mendiguren fue destronado de la UIA por Héctor Méndez, la relación de la entidad con el Gobierno varió notablemente. En el Gobierno sienten que Méndez buscó echar más leña al fuego al salir a declarar “la preocupación y temor” de la UIA y dar cuenta de la supuesta existencia de “una tensión enorme” por la actitud de los delegados de Kraft. También sostienen que Méndez no ignora la excepcionalidad del conflicto de Kraft pero que busca agigantarlo como jugada política. Ya le respondieron públicamente Tomada y su viceministra Noemí Rial en la entrevista con Página/12 publicada el miércoles. “Me sorprendieron mucho las declaraciones de Méndez. No es lo que me dice cuando se reúne con nosotros y nos agradece las gestiones para resolver los conflictos”, dijo Tomada. “Es llamativo que la UIA tome parte tan rápido sin consultarnos antes”, sostuvo Rial.

En el Gobierno advierten que la UIA busca presionarlos para que ceda al empresariado en su rol de árbitro. “Si fuera por algunos empresarios no debería haber paritarias, ni siquiera Consejo del Salario”, dijo enojado un alto funcionario, que aseguró que este año cerraron convenios colectivos de trabajo prácticamente todos los sindicatos con un promedio de aumento salarial del 17,8 por ciento.