Tanto la patronal como los delegados sindicales injustamente desplazados aspiran a que el de Kraft Foods sea un caso piloto. También apuesta así una constelación de partidos y organizaciones sociales de izquierda, incluidas varias que formaron parte del Commonwealth kirchnerista apenas ayer. Obviamente, sus anhelos respecto del desenlace son antagónicos. La empresa procura disciplinar a los sindicalistas, en pos de una señal que trasciende a la propia fábrica propagándose al universo de la industria. Se valen de un argumento consabido en los noventa. Hacen falta inversiones (entonces para “modernizar”, ahora para acompañar la factible o hasta visible recuperación económica), a cuyo efecto hay que de-sembarazarse de las “rigideces” del orden laboral argentino.

El conflicto tiene muchas ramificaciones que, en sobrevuelo, se atenderán en esta columna. Pero tiene un eje de estructura subestimado en la mayoría de los tratamientos mediáticos: arranca de una provocación de la empresa (despidos en masa por motivos disciplinarios) que llega a su clímax en la exclusión ilegal de un grupo de delegados combativos. Esa brutalidad y esa violación de las normas son indiscutibles, taxativas. A los gremialistas se los acusa de abusar de la acción directa, dentro del establecimiento o en el espacio público. Son cargos de distinto volumen, el segundo es opinable, el primero irrefutable. Casi no hace falta agregar que el abuso de la acción directa es un reproche que cabe a numerosas movilizaciones de los últimos años, cuyos actores se reparten en todo el espectro social. Y que muchas protestas, especialmente la del “campo” fueron mucho más lesivas para terceros que las acciones de los trabajadores de Kraft.

La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales estipula una vieja conquista, la estabilidad de los representantes de los trabajadores durante su mandato y aún durante los períodos electorales previos. Para removerlos, con invocación de causa grave, la patronal debe acudir a la Justicia, en pos de una sentencia o tan siquiera de una medida cautelar provisoria. Los feroces representantes de Kraft hicieron el intento, pero tuvieron acogida sólo en un caso. Aun en ese supuesto, el delegado tiene potestades para entrar a la fábrica para ejercer su cometido gremial, la limitación sólo faculta a la empresa a impedirle trabajar.

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Novedades en cierne: En las dos reuniones cuatripartitas celebradas la semana que hoy termina, el Ministerio reconoció a la comisión interna como interlocutora. En el acta ulterior a la segunda tipificó como “falta gravísima” la prohibición de ingreso. En jerga eso configura “práctica desleal” y habilita sanciones administrativas.

La autoridad ejecutiva no tiene competencia para imponer la reposición de los delegados, que debe ser gestionada ante los Tribunales mediante trámite sumarísimo. Dada la claridad de los hechos y la tipificación administrativa ningún juez laboral serio y decente (nótese que no se dice “ningún juez laboral”) puede denegar un pedido en ese sentido. Los legitimados para hacerlo son los damnificados, que tienen la puerta abierta para conseguirlo en pocos días. El sindicato también está facultado pero no mueve un dedo, como ya se relatará.

Entre tanto, en Trabajo se prepara la máxima sanción administrativa autorizada que es una multa. Su importe, como se consignó días atrás en Página/12, se obtiene multiplicando la suma de cinco mil pesos por el número de trabajadores desamparados de la tutela gremial. El resultado excede los trece millones de pesos. Tiene un tope que es el diez por ciento de la masa salarial.

Así las cosas, es verosímil que dos estamentos del Estado le den, por vías institucionales, malas noticias a Kraft Foods en cuestión de horas. Su gerente Pedro López Matheu, un talibán de las relaciones laborales, y la cúpula patronal conocen esa perspectiva y quizás estén dispuestos a enfrentarla. Si así osaran, quedarían expuestos a acciones penales.

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Novecento en el siglo XXI: López Matheu encabezó otro conflicto con atropellos variados, en el que reclamó y obtuvo la toma violenta de la planta por fuerzas de seguridad. Fue en la empresa integrante del Grupo Clarín. Un cuadro patronalista, con mentalidad de Novecento, munido de herramientas del siglo XXI.

El apoyo a libro cerrado de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) habla de una ofensiva corporativa. Las monsergas del obispo Jorge Bergoglio, tan laborista cuando se celebra a San Cayetano, no tuvieron una línea crítica para la barbarie patronal.

La flamante embajadora de Estados Unidos, Vilma Socorro Martínez, también dejó filtrar su aval y preocupación. Parte de su misión es bancar a las empresas de su bandera, pero ese cometido está sujeto al límite de la ley local. Caben acá dos hipótesis, ambas preocupantes. O Martínez no tuvo tiempo de imponerse de las reglas argentinas o, conociéndolas, fomenta su arrasamiento en un caso concreto. La Embajada debería develar el dilema.

Conocedores del paño explican que a los empresarios estadounidenses que “paran” en estos pagos les cae mal el sistema de relaciones laborales criollo. Hay un ingrediente cultural, etnocentrista al mango. El empresario proveniente de una potencia no internaliza ni respeta culturas y reglas diferentes a la propia que juzga superior, si no única. Es muy diferente su sistema al argentino, percibe a los sindicatos como charros enemigos de la libertad económica, como un estorbo a las inversiones. Ese imaginario se corrobora mediante datos empíricos, medidos por oficinas públicas. Las empresas norteamericanas son las más remisas a admitir delegados sindicales en sus establecimientos, veda que rige en un 47 por ciento de su total. Cierto es que se transita una época de merma en la afiliación y en la sindicalización, pero es también real que para otras empresas extranjeras (que tampoco brillan por su cordialidad o transigencia) la marca baja al 33 por ciento. Eso incluye a las europeas (abarcando a las españolas que han hecho lo suyo), las japonesas, las de América latina y aun las canadienses.

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Intersindicales: El antagonismo entre la interna y la conducción nacional del sindicato signa también el conflicto. Ha habido varios de ese jaez durante los gobiernos kirchneristas, algunos de alto impacto público: el de Foetra Capital, el de los subtes, el del Garrahan. Varios versaron sobre cuestiones de encuadramiento, pedido de reconocimiento de gremios alternativos. En otros, como éste, la pugna incluye ese ingrediente pero va más allá.

Ha sido chocante la pasividad del gremio que conduce Rodolfo Daer, quien fuera uno de los más entreguistas secretarios generales de la CGT de que se guarde memoria. Voces cercanas a Daer (y a la empresa que pone muchas fichas a esa baraja) alegan que los líderes de la protesta están aislados, que son cuestionados por la mayoría de los laburantes que siguen trabajando con normalidad. El razonamiento, recogido en voz baja en la Casa Rosada y zonas de influencia, espiga entre un conjunto radicalizado y una “mayoría silenciosa” rehén del enfrentamiento. La posibilidad no es desechable, como hipótesis, pero debería ser corroborada mediante prácticas gremiales y no por inferencias discursivas. Es bien posible, hay precedentes interesantes. Por ejemplo, Pedro Wasiejko (secretario general del Sindicato único del neumático) más de una vez tuvo cortocircuitos con delegados de base. Y alegó, como hacen voceros de Daer, que las asambleas podían reflejar mal el sentir general de los trabajadores a favor del de un grupo organizado y más radicalizado. Acudió entonces a un mecanismo democrático, en la empresa Fate y en otras: organizó una votación secreta y universal, con urnas y todo. Así fue validada la conducción. La idea fue propuesta por algún mediador oficial a Daer, quien la desechó sin trepidar. A diferencia de Wasiejko, integrante de la mesa central de la CTA, el ex pope cegetista no puede pisar una fábrica, dejarse ver por “los muchachos”, menos entrar llevando urnas.

El Ministerio de Trabajo releva los conflictos existentes, se han sustanciado miles en estos años. Los que incluyen el ingrediente de la puja interna son minoría, menos del cinco por ciento. Se caracterizan por una duración promedio mayor, por la apelación más frecuente a la metodología del piquete. Su visibilidad ha variado mucho, en parte al vaivén de la relación entre los grandes medios electrónicos y el oficialismo. En cualquier caso, todos revelan una brecha en la calidad de la representación sindical, que los grupos basistas exponen pero no crearon. La dirigencia cegetista menoscaba su praxis, clasificándola como un revival de décadas anteriores, sin reparar en la viga en el ojo propio. La de Daer es extra, extra large.

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Pídele al viento firmeza: Una encuesta telefónica de la consultora Ibarómetro, realizada sobre 900 personas de la zona metropolitana, ofrece indicios sobre la percepción ciudadana.

La mayoría atribuye la culpa del conflicto a la empresa. Es interesante porque los mismos sondeados creen que, en términos generales, los causantes de los conflictos son primero “las luchas entre sindicalistas” y luego los enfrentamientos con el Gobierno. El obrar empresario queda, fuera de este caso, en el tercer lugar del podio.

El cuestionamiento a la intervención de “la Embajada” trepa a niveles plebiscitarios: 63 por ciento, casi igual al reproche a Kraft Foods.

También supera el cincuenta por ciento el rechazo a los cortes de ruta. Los mismos ciudadanos se oponen a la represión que se ejerció para desalojar la fábrica. Acaso “la gente” propone programas de imposibles cumplimientos. Así es la opinión pública, no siempre congruente con sus propias premisas.

Comedidos a elegir quién tiene la responsabilidad de resolver el conflicto, los entrevistados ponen al Ministerio de Trabajo en primer lugar. El cuestionario es de preguntas cerradas, Ibarómetro no dio cabida al Poder Judicial entre las alternativas, siendo que (como se apuntó más arriba) es el único competente para tomar medidas muy determinantes. Quizá sea un error, quizá una concesión a un sentido común que es, más que estadocéntrico, ejecutivocéntrico.

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En la mira: Al Ejecutivo le llueven reproches desde todo el espectro ideológico. En el peronismo, es un lugar común pontificar que esos cuestionamientos simétricos prueban su acierto. Es una deducción excesiva: casi no hay gobierno que no sea pasible de recriminaciones provenientes de un abanico político. Hugo Chávez supo tomarle el pelo amigablemente a Evo Morales recordándole que, antaño, tuvo un dirigente indigenista (el líder aymará Felipe Quispe) que lo “corría por izquierda”.

Un oficialismo en merma debe hacerse a la idea que hay un esperanto opositor que es cargarle todas las responsabilidades, llevando luego cada uno agua para su molino. Hay confluencia de intereses, no conjura.

Ciertamente son injustas las críticas a la pretensa laxitud del Ministerio de Trabajo. Sus primeras figuras rezongan y exponen indiscutibles desempeños encomiables durante años en paritarias y conflictos específicos. En este caso, fijaron la conciliación obligatoria a menos de 24 horas de la denuncia gremial. Emitieron dictámenes contra las prácticas empresarias desleales y redactan contrarreloj una imposición de multa ejemplar. También allanaron camino al, imprescindible, recurso de los delegados a la vía judicial.

Se mantiene la negociación sudando la gota gorda. La intransigencia de las partes es muy elevada, en términos comparativos. Tanta que, hasta ahora, no se han sentado juntos a la proverbial “mesa”. Las tratativas se mantuvieron en habitaciones separadas, limitación que el Ministerio tratará de paliar el martes, así sea durante un lapso breve.

Pero el kirchnerismo no es del todo ajeno, en términos de responsabilidad política, de la conducta abandónica de sus aliados estratégicos de la CGT, más atentos a su distancia con “los zurdos” que a la defensa del sistema de representación gremial, que la patronal desafía con malas artes.

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El derecho y las razones: La mayoría de fuerzas de izquierda que llevan adelante la protesta se presentaron a elecciones, su representatividad medida en votos es irrisoria. Y es posible que su concepción sea acentuar las contradicciones, orientados por la máxima “cuanto peor, mejor”. Ese paradigma es opinable, no hay por qué darle razón. Pero en democracia nadie tiene razón de modo definitivo, aunque existen mecanismos para fijar mayorías contingentes que marcan el rumbo político y económico.

La legalidad es una dimensión diferente, cualitativamente. Cuantitativamente es de mayor volumen. A despecho de coincidencias o divergencias con la ideología o modelo de país de los delegados, su posición cuenta con el amparo legal. Ese es el alfa y el omega del entredicho, la clave para dirimirlo.

La paciencia frente a la ocupación del espacio público fue, aunque con intermitencias y agachadas, una constante del kirchnerismo. El cronista se enrola entre los que cree que esa elección fue acertada, lo que equivale a perfecta ni exenta de complicaciones y repudios de las clases medias de grandes centros urbanos. La exhortación de la Presidenta a desistir de la metodología no es pecado, si no deriva en un cambio de paradigma, un retroceso en verdad.

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La tasa de ganancia, estúpido: Las banderas de movimientos de desocupados y la afligente situación social pueden inducir a una conclusión incorrecta. Este conflicto tiene poco que ver con los desocupados, con ajustes empresarios o con cierres de fábricas. El sector alimentario es uno de los menos afectados por la crisis mundial y, con las proyecciones imaginables para el mercado internacional de commodities, tiene buenas perspectivas de mejorar. Lo que se pone en juego es un nuevo mapa de relaciones laborales.

El capitalismo global produjo, por sus propias carencias, un cataclismo mundial. En la hora de los “brotes verdes” germina asimismo la disputa por quién paga los platos rotos y por cómo se configura un nuevo mapa en la puja capital-trabajo. La realidad económica no es un juego floral donde predominan los que tienen mejores argumentos. Ni un tribunal ético donde los responsables se hacen cargo de sus culpas. Es una pugna de poder, supeditada a la correlación de fuerzas. El poder económico, como cuadra a un Ancien Régime que retorna, no aprende ni olvida. La desmesura patronal dista de ser un folklorismo criollo. En Francia, en simultáneo, conmueve una ola de suicidios de empleados de Telecom. El suicidio, una decisión subjetiva por antonomasia, tiene su raigambre social como supo diseccionar Emile Durkheim hace más de un siglo. Es el precio de políticas flexibilizadoras, hiperexigentes, agresivas hacia la subjetividad y la autoestima de los trabajadores. Un directivo de Telecom-France diagnosticó la existencia de una “moda” de suicidios, mostrando que en todas partes se cuecen habas como López Matheu y sus referentes de AEA y UIA. Tuvo que pedir disculpas, dijo que había traducido mal una expresión en inglés, su retractación no produjo resurrecciones ni conmovió a nadie.

La pugna entre capital y trabajo recrudece en este confín del Sur. Las corporaciones patronales creen que ha habido “abusos” que los perjudicaron y marcan el terreno. La situación tiene muchas aristas, se han tratado de reseñar las más salientes. Un detalle particular es que el gran lucro empresario de los últimos siete años no afronta un brete que signó la historia nacional. No hay estrangulamiento del sector externo en ciernes, el esquema exportador tiene pinta de perdurar. Lo que defienden es su tasa de ganancia, que consideran limada por el ascenso del sector sindicalizado de la clase trabajadora. Una pléyade de partidos políticos con buenos resultados en junio les hace de claque.

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Secuelas y oportunidades: La conflictividad extrema y hasta la patología pueden derivar a secuelas virtuosas, en una democracia dinámica. Kraft Foods exhibe los límites y las rémoras del sistema sindical argentino. En sincronía, un escándalo con estribaciones penales desnuda el arcaísmo y la insuficiencia del sistema de salud. Los delitos son graves, deben investigarse pero son llaga de algo más denso. Son consecuencia de un mal mayor, un sistema que hace agua por varios lados, que gasta fortunas y dispensa prestaciones pésimas, muy desigualmente distribuidas por añadidura.

Las crisis pueden parir oportunidades. Los debates estratégicos son, en estas pampas, una rareza y una necesidad. Reconfigurar la legislación sindical, el sistema de salud que le está imbricado, son una necesidad, más allá del curso que tome el conflicto.

El kirchnerismo pretende rectificar su rumbo, con la proa hacia el centroizquierda. En ese difícil cambio de timón el demorado reconocimiento a la Central de Trabajadores Argentinos sería una señal de congruencia, una reparación parcial de esos entuertos y otra llamada a los aliados deseados. Hacer esa tortilla, más vale, exigiría romper algunos huevos.

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