El abogado Ciro Gerardo James –acusado de espiar a Sergio Burstein, un familiar de las víctimas de la AMIA, y al empresario Carlos Avila– admitió ayer ante la Justicia que trabajaba en la Policía Metropolitana y que su designación oficial se iba a producir el viernes pasado. Su ingreso a la fuerza fue gestionado –según le dijo al juez Norberto Oyarbide– por el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios, el hombre que tuvo que renunciar a la conducción de la Metropolitana justamente por la oposición, entre otros, de los familiares de las víctimas. Varios legisladores opositores pidieron al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, que concurra a la Legislatura a dar explicaciones. Anoche, Montenegro reiteró ante este diario que James no fue designado en la Metropolitana: “Lo aseguro, aunque él diga lo contrario en Tribunales”, señaló el ministro. El juez Oyarbide resolvió que James siga preso y lo envió ayer mismo al penal de Marcos Paz.

James tuvo que responder ayer a las preguntas sobre el increíble armado de una causa por homicidio en Misiones en la que se involucró a Burstein y Avila. El integrante de Familiares hace veinte años que no pisa Misiones y Avila sólo ha pasado por allí para hacer turismo. Como adelantó en exclusiva Página/12, se utilizó un asesinato producido en 2005, el del contador José María Piccoli, para meter en ese expediente una sospecha falsa sobre Burstein y Avila y así justificar una escucha telefónica ilegal.

James dijo ayer, sin que se le mueva un pelo, que efectivamente investigaban a Burstein y Avila por el homicidio. En este terreno trabajó con el jefe de Homicidios de la policía de Misiones, comisario Raúl Rojas, y con el auxiliar de Inteligencia misionero, Diego Guarda. Lo insólito no es únicamente que ni Burstein ni Avila tienen relación con la pesquisa de Misiones, sino que las escuchas telefónicas se hicieron cuando James ya no estaba en la Superintendencia de Investigaciones. Pidió la baja a principios de agosto, se fue de licencia y nunca regresó porque le dieron la baja en los primeros días de septiembre. Aún así, el 2 de septiembre, los policías de Misiones presentaron un escrito en el juzgado pidiendo que James siguiera trabajando con ellos. Todo esto será materia de investigación ahora por parte de Oyarbide: la sospecha es que los policías y los funcionarios judiciales de Misiones participaron del armado de la causa trucha contra Burstein y Avila y, por lo tanto, fueron claves en el espionaje ilegal. Todo indica que, a cambio de un pago, fueron el vehículo para espiar a quien perdió a su esposa en el atentado y al empresario y productor televisivo.

En toda la trama, James jugó un papel importantísimo, al punto que recibió una autorización del juzgado de Misiones para retirar los casetes grabados a Burstein y Avila. Hoy, Oyarbide les pedirá a los jueces de Posadas las 400 horas de grabación que hizo la SIDE. Es obvio que esas cintas no les importaban nada, porque en realidad nunca investigaron a Burstein y Avila por el homicidio de Piccoli. Sólo fue una excusa.

En el centro de la operación parece estar el Fino Palacios. Es que James fue su subordinado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal y, según él mismo declaró ayer ante el juez, lo había hecho entrar a la Metropolitana. Las hipótesis son las siguientes:

- A Palacios le importaba escuchar lo que Burstein hablaba desde su celular con otros integrantes de la agrupación Familiares y con el fiscal Alberto Nisman. Es que en agosto y septiembre, cuando se produjo el espionaje, los familiares juntaron firmas contra su designación al frente de la fuerza policial porteña y, además, estaba por resolverse si el juez Ariel Lijo lo procesaba o no por encubrimiento en el atentado contra la AMIA. El magistrado finalmente procesó a Palacios.

- La escucha a Avila tenía interés porque se produjo en los momentos en que chocaron la AFA y Torneos y Competencias. Avila fue, hace varios años, el dueño de esta última empresa y mantuvo en agosto diálogos con el Poder Ejecutivo en relación con cómo reorganizar las transmisiones de fútbol, ahora en forma abierta y a través de Canal 7.

Lo que quedó acreditado ayer en la indagatoria ante el juez Oyarbide es que el abogado Ciro James mantenía una relación estrecha con Palacios. El imputado en ningún momento dijo que el Fino encabezó la maniobra para realizar las escuchas ilegales, pero lo reconoció como su jefe en Investigaciones de la Federal y ahora como su vínculo para entrar en la Metropolitana. Además, mencionó varias veces sus relaciones con la policía de Misiones, el lugar en el que Palacios, cuando fue jefe de Unidad Antiterrorista, armó una delegación de importancia para investigar los movimientos en la Triple Frontera. James registra numerosas entradas y salidas por Iguazú. De manera que con, su declaración de ayer, objetivamente, James no hizo más que reforzar las sospechas sobre Palacios. El origen de toda esta investigación fue un anónimo que recibió Burstein en el teléfono de su casa: “Tenés pinchado el teléfono por orden del Fino Palacios”. Los datos de ese increíble anónimo se han ido confirmando, uno por uno.

Los legisladores porteños Aníbal Ibarra, Juan Cabandié, Gabriela Alegre y Martín Hourest pidieron ayer que el ministro Montenegro concurra a dar explicaciones a la Legislatura, básicamente porque –según señalan– un integrante de la Policía Metropolitana aparece involucrado en el caso de espionaje ilegal (ver aparte).

Montenegro señaló que “James no fue designado nunca y eso se puede verificar porque las designaciones salen en el Boletín Oficial. Tampoco está en ningún contrato de ninguna universidad, como dice la oposición”.

–Pero él mismo lo declaró en la indagatoria ante el juez –insistió este diario.

–No me importa. Puede decir lo que quiera. No está designado.

En las próximas horas seguramente se podrá esclarecer la polémica, pero lo que parece indudable –y se ratificó ayer– es que James estuvo en todos los lugares en los que estuvo Palacios. Y siempre fue su subordinado.