Desde Santa Fe

El juez federal Reinaldo Rodríguez concedió ayer el beneficio del arresto domiciliario a dos de los militares detenidos en la megacausa por delitos de lesa humanidad: el primer gobernador de la dictadura, coronel José María González y el general de brigada Carlos Alberto Settel. Hoy indagará al ex juez de Menores Luis María Vera Candioti y al coronel Carlos Enrique Pavón, ambos involucrados en la supresión de identidad de María Carolina Guallane, una joven que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando tenía apenas un año y recién dos décadas después descubrió que su verdadero nombre era Paula Cortassa. Su papá biológico, Enrique Cortassa, está desaparecido, y su madre, Blanca Zapata, agonizó dos semanas en el hospital José María Cullen, donde dio a luz un bebé muerto.

González y Settel fueron indagados el martes y quedaron presos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores hasta que el juez les concedió la prisión domiciliaria: un pasaporte para que pudieran volver a sus departamentos en Buenos Aires.

El coronel González ya tenía arresto domiciliario por otra causa en la que está procesado por el secuestro y asesinato del militante Mario Osvaldo Marini, el 9 de diciembre de 1975, cuando era jefe del Comando de Artillería 121 y jefe del Area 212. Tres meses después, el 24 de marzo de 1976, copó la Casa de Gobierno al mando de las tropas golpistas, removió al gobernador Carlos Sylvestre Begnis y asumió como el primer interventor de facto de la provincia. En mayo de 1976, lo reemplazó en el cargo el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni.

En la megacausa, González fue imputado por veintidós homicidios cometidos antes y después del golpe, entre febrero y octubre de 1976. Según la acusación fiscal, fue uno de los ejecutores del “plan sistemático criminal que tenía como fin la eliminación física o neutralización ideológica de los opositores políticos desde el aparato estatal”.

El general Settel era segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 212 de Rosario –sede de Area 211– cuando desapareció uno de los soldados que estaban bajo su mando, Edgardo Ferreyra, en enero de 1977. Settel está sospechado porque le encargó a Ferreyra “la confección de un plano de la sala de armas del Batallón para sustraerlo del grupo de conscriptos que terminaba el servicio militar y de esa manera hacerlo seguir más fácilmente” cuando saliera del cuartel. Ferreyra concluyó el trabajo, lo entregó y después viajó rumbo a la ciudad de Santa Fe, sin saber que era “seguido por un efectivo vestido de civil”. Ya en la capital de la provincia se encontró con compañeros de militancia en “un lugar cercano al domicilio paterno” en el barrio Mariano Comas, donde “irrumpió un grupo de policías y militares, luego de lo cual nunca volvió a saberse de él”, relató la Fiscalía.

En tanto, el ex juez Vera Candioti y el coronel Pavón serán indagados por “actuaciones judiciales irregulares” en 1977 cuando María Carolina Guallane tenía poco más de un año y fue adoptada de buena fe por una familia de Venado Tuerto. La Justicia ya probó que la orden militar firmada por Pavón –como oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT)– que dispone la entrega de la nena al ex juez Candioti es falsa. Está fechada el 4 de febrero de 1977, con un sello de recibida en el Juzgado el 8 de febrero, cuando en realidad el ataque a la casa de calle Castelli 4531, donde Carolina vivía con sus padres y otra familia, se produjo el 11 de febrero. Su papá, Enrique Cortassa fue secuestrado y está desaparecido y su madre, Blanca Zapata, sobrevivió hasta el 24 de febrero en el hospital Cullen, con un disparo en la cabeza y un embarazo a término.

La nota del Ejército que puso a Carolina a disposición de Vera Candioti fue “antedatada” y “fraguado” el cargo de recepción en el juzgado. “La menor fue mantenida durante un lapso prolongado fuera de las instituciones encargadas de su custodia con un destino informal e incierto, todo lo cual tuvo por objeto ocultar la verdadera identidad de Paula Cortassa”, dice la acusación fiscal. “En consonancia con eso, luce realmente significativo que la guarda de la menor se hubiere formalizado en la vivienda particular de (una ex funcionaria judicial) Irma Soria y no en la sede del Juzgado de Menores como hubiera correspondido”.