A pesar de la intimación del Ministerio de Trabajo a la empresa Kraft Foods y el aviso de que sería utilizada la fuerza pública, una vez más los integrantes de la comisión interna no pudieron ingresar a la planta de Pacheco a ejercer sus funciones sindicales. Tampoco alcanzó el fallo judicial favorable al delegado Ramón Bogado, que se conoció después de su horario de entrada a la fábrica. Esa resolución judicial fue contundente al afirmar que la multinacional debe reincorporarlo, “darle tareas y garantizarle el ejercicio de sus funciones” de delegado porque “no es peligroso ni para personas ni bienes de la empresa”. Hoy debería ser la llave para abrirle el portón de Henry Ford al 3200. “Creemos que la empresa va a acatar el fallo, que es un paso más para acercarnos a la solución del conflicto que se tornó sumamente complejo y que llegó a los niveles que alcanzó por una intransigencia desproporcionada”, afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al referirse a la resolución de la Justicia. Sin embargo, la empresa sigue ignorando las intimaciones de los poderes del Estado al haber vuelto a impedir el ingreso de los delegados a la planta.

La optimista visión de la cartera laboral era que los juicios del resto de los representantes gremiales podrían tener idéntica resolución. El abogado Juan Pablo Fiorini, que representa a Bogado, aclaró que el fallo del Tribunal de Trabajo 1 de San Isidro no rige para otros delegados, pero anunció que “es un precedente que abre la negociación para el resto de los miembros de la comisión interna” que fueron despedidos el 18 de agosto, acusados de haber hecho un “paro ilegal” y “secuestro de personas” cuando reclamaron por medidas ante la pandemia de gripe A. “El fundamento es que hubo resoluciones anteriores en donde la Justicia había rechazado las medidas cautelares que planteó la empresa, por lo cual no hay fundamento que impida el trabajo de Bogado”, explicó Fiorini. Los jueces Osvaldo Maddaloni, Julián Lescano Cameriere y Gonzalo Freire pusieron énfasis en las actas firmadas en La Plata y en el Ministerio de Trabajo y dijeron “que hay intimaciones del Ministerio que la empresa no ha cumplido”.

Ante la versión que circuló ayer sobre el vencimiento del mandato de toda la comisión interna, sus abogados explicaron que “los fueros rigen por un año más desde el fin mandato, que fue el 30 de septiembre, y hasta que no haya nueva elección hay prórroga de hecho”.

A las 5.30 de la mañana, Bogado y María Rosario trataron entrar a la fábrica, a las 13.30 hicieron lo mismo Alcadio Alfonso y Jorge Penayo y a las 20.30 también lo intentó el quinto miembro de la comisión interna, Javier Hermosilla. Todos recibieron la misma respuesta del agente de vigilancia desde su garita: “No tenemos ninguna notificación oficial para dejarlos entrar”. Mariano Pedrero, abogado de Hermosilla, dijo a Página/12: “Saludamos la resolución judicial favorable a Bogado, pero el reclamo y la lucha sigue porque hay que efectivizar su ingreso, el Ministerio no garantizó el cumplimiento de su resolución de ayer, y hay que concretar el ingreso de los cinco delegados porque impedirles cumplir sus funciones gremiales es absolutamente ilegal e inconstitucional, no hay ningún fallo judicial que impida el ingreso a ninguno de ellos”. Este diario quiso saber por qué el Ministerio de Trabajo no logró hacer ingresar a los delegados, como se había propuesto en su decisión del martes a última hora. Entonces, se indicó también que de ser necesario se apelaría al uso de la “fuerza pública”. “Esa resolución solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que la haga efectiva”, recordó una alta fuente de la cartera laboral en alusión a la responsabilidad del gobernador Daniel Scioli.

María Rosario relató lo ocurrido a primera hora. “Con el compañero Ramón fuimos al portón y los de vigilancia dijeron que no tenían orden de dejarnos entrar. No había ni policía ni inspectores. Nos quedamos ahí en una vigilia con las comisiones internas de otras fábricas. A mediodía aparecieron funcionarios de los ministerios de Trabajo que constataron la situación. Les dijeron lo mismo, que no tenían la disposición pero permitieron que pasaran ellos a ver la cuestión de la policía.”

El gobernador Scioli había dado instrucciones a su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, para que redujera la cantidad de personal policial instalado en Kraft, con el objetivo de “normalizar la producción”. Los inspectores de Tomada y de su par bonaerense, Oscar Cuartango, informaron luego que “no se ha detectado presencia policial en la línea de producción” y que la empresa “está trabajando con normalidad”. La única anormalidad que verificaron fue una cámara de circuito cerrado encendida, que debería estar apagada, comentó la fuente de Trabajo. Con la información de sus compañeras, María Rosario confirmó que los uniformados ya no vigilan las líneas que producen galletitas y golosinas, aunque aclaró que siguen en la parte exterior de la fábrica.

Aunque ayer no hubo cortes de tránsito, como viene pidiendo el ministro Tomada, integrantes de la comisión interna junto con trabajadores despedidos y dirigentes de organizaciones sociales, se reunieron para analizar nuevas medidas. Una de las alternativas que mencionaron fue el bloqueo de los accesos a la planta. Bogado sostuvo que “la empresa plantea que va a reincorporar a veinte compañeros y nosotros decimos que deben volver todos”. Su compañera María Rosario fue enfática en el mismo sentido: “Seguimos planteando la reincorporación de todos, es una lucha de todos, no nos separamos por turnos, eso hace la empresa para dividirnos.”