“Se ha logrado un buen acuerdo, la empresa se comprometió a no modificar las condiciones de trabajo y a no generar nuevos despidos, y los trabajadores a no hacer nuevos cortes”, sintetizó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al terminar la sexta reunión de partes por el conflicto en Kraft Foods. “Había que construir un acuerdo que preservara los puestos porque lo que estaba en juego era un fuerte proceso de reducción de personal, la implementación del turno americano (12 horas), eliminar el turno noche (700 despidos) y aumentar los ritmos productivos. El primer punto del acta dice que la empresa se compromete a no hacer nada de eso. Y además, de los 123 despedidos entran 70”, agregó el funcionario en diálogo con Página/12. Esta evaluación no fue compartida por dos de los miembros de la comisión interna, el líder histórico Ramón Bogado y el referente del turno noche Javier Hermosilla, que se negaron a firmar el acuerdo. “Según el acta, la comisión interna no puede hacer paro y se establece una paz social de 60 días sin cortes, lo que deja desamparados a casi 50 compañeros que quedaron afuera del supuesto acuerdo, en su mayoría delegados de sector. Vamos a seguir peleando por ellos con los de adentro, con movilizaciones y cortes”, dijo Hermosilla a este diario.

El conflicto en la fábrica de dulces y galletitas Kraft Foods comenzó hace casi dos meses, el 18 de agosto, cuando la empresa despidió a 156 trabajadoras y trabajadores, a quienes acusó de haber hecho un paro ilegal y de haber secuestrado a empleados administrativos durante una movilización en la que reclamaban que la multinacional tomara diversas medidas contra la pandemia de gripe A. De aquellos 156 despedidos, 70 operarios y operarias llegaron a acuerdos para cobrar una indemnización, por lo tanto quedaron 86, a los que la empresa sumó 36 suspensiones luego del violento desalojo de la planta del 25 de septiembre. Luego de los despidos hubo sucesivos paros durante 36 días, y a mediados de septiembre un grupo decidió permanecer adentro de la fábrica.

Anoche, Tomada no ocultaba su satisfacción al hablar de la ex Terrabusi en tiempo pasado. Aunque dijo haber estado en conflictos de similar magnitud, complejidad y extensión, destacó que el de Kraft se caracterizó por el nivel de “desproporción” e “intolerancia” de las partes. “Despedir de un saque a 156 personas por medidas disciplinarias o que las partes no acaten la conciliación obligatoria es desproporcionado”, describió. Para Tomada “la empresa entendió que las leyes argentinas hay que cumplirlas, que no puede tener relaciones laborales del siglo XIX, y tuvo que aceptar, no de buen grado, la incorporación de los delegados gremiales”. El ministro anunció, además, que habrá “inspecciones permanentes en la empresa para no esperar a que haya nuevas denuncias”.

Respecto de los mandatos vencidos de los miembros de la comisión interna, el ministro destacó que “la empresa se compromete a respetar las condiciones y el status de delegados”. Página/12 le preguntó si eso implicaba que podían convocar a una asamblea. “Hay que tener cuidado, ahora hay que poner paños fríos”, respondió. A la hora de las cifras finales, Tomada dijo que “de los 86 despedidos que quedaban entraron 42, y de los 36 suspendidos que quedaban serán reincorporados 28, por lo tanto quedan ocho empleados suspendidos y 44 despedidos, cuyos casos serán analizados por el Ministerio de Trabajo provincial, con el compromiso empresario de hacer esa “revisión caso por caso”. Este diario le recordó a Tomada las sucesivas intimaciones a Kraft por incumplir disposiciones ministeriales y judiciales. “La empresa algo aprendió”, contestó el ministro. El acta sostiene que Kraft “reintegrará en sus tareas normales (al total de 79 reincorporados), respetando su jornada de trabajo y se abstendrá de aplicar sanciones disciplinarias o de realizar cualquier acto de discriminación contra ellos”. Los delegados anticiparon que si Kraft no cumple será la que primero viole la “paz social”.

Del otro lado de la General Paz

“Firmemos, para eso vinimos con el mandato de los trabajadores”, instaba con toda su voz la menuda María Rosario, delegada de la comisión interna. Pero no pudo convencer a sus compañeros Bogado y Hermosilla, y finalmente el acta quedó sólo con su firma y la de los otros miembros de la interna, Jorge Penayo y Alcadio Alfonso. Un rato antes Hermosilla les había replicado que la única asamblea real era la de despedidos y suspendidos, que las que hubo el jueves no fueron legítimas porque fueron organizadas por la empresas, con los líderes, el ministerio y la policía rodeando la planta de General Pacheco. “Los líderes pararon las líneas y los funcionarios llamaban a la asamblea, les leían el acta y les decían ‘a favor’ o ‘en contra’, nadie entendía nada, algunos se iban”, dijo Oscar Coria, delegado de sector despedido, que le relataron de sus compañeros.

¿Esto significa que el conflicto sigue? “Cuando salieron hubo una asamblea en la puerta del ministerio y ahí mismo se repudió el acta”, dijo Mariano Pedrero, abogado de Hermosilla que participó del encuentro. Allí habían hecho el “aguante” militantes de la Corriente Clasista y Combativa, del PTS, el MAS, el MST, el PO, IS y varios centros de estudiantes de la UBA, junto a trabajadores de la ex Terrabusi. “La mayoría de los reincorporados son los suspendidos, de los que despidieron en principio muy pocos volverán al trabajo, y esto es porque la empresa utilizó al poder judicial para ponerle una pistola en la cabeza a la gente y obligarla a negociar las indemnizaciones, de 156 personas forzaron a 80 con la coacción de la Justicia penal para que la gente acepte el despido o siga siendo acusada de ser ‘secuestrador’”, dijo el letrado. “Y el acta impone que no pueden luchar por su puesto de trabajo, que están obligados a una paz social y ni sus compañeros ni los delegados pueden hacer nada”, agregó.

Hermosilla anticipó que “medidas va a haber porque vamos a seguir peleando con los compañeros de adentro, con movilizaciones y cortes, aunque paros no por el miedo que hay después de todo lo que pasó”, y destacó que “los que están afuera son los del cuerpo de delegados por sector, los que fueron reprimidos en el desalojo y que están al frente de todos estos reclamos”. Página/12 le preguntó si las diferencias surgidas en la comisión interna no los debilita. “En algún sentido sí, los que firmaron dicen que van a seguir aunque no entendemos bien si efectivamente están dispuestos a hacerlo. En cualquier caso, más allá de haber aceptado en forma dividida el conflicto va a seguir”, aseguró. Antes de emprender viaje a General Pacheco, Hermosilla reconoció que “lo positivo, la batalla ganada fue que no pueden echar a la comisión interna, fue el límite que le puso el ministerio a la empresa”.

Bogado no respondió a ninguno de los llamados de este diario. El delegado Penayo justificó su aceptación del acuerdo al considerarlo “un paso adelante en la negociación”, aunque aclaró que el texto firmado será puesto el lunes a consideración de la asamblea para que sea el colectivo de trabajadores el que decida su aceptación o rechazo. Continuará.