El grupo de hombres de negro que se despliega cada noche por la ciudad, con las siglas UCEP en su uniforme, se ha convertido en una verdadera fuerza de cazadores de indigentes. Así lo revela un informe del propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, elaborado en respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo, que desmiente las declaraciones públicas de su jefe, el ministro Juan Pablo Piccardo. En poco más de siete meses, la fuerza de choque creada por el gobierno de Mauricio Macri para despejar el espacio público de gente pobre y sin techo se anotó 444 desalojos. De acuerdo con el detallado informe, al que accedió Página/12, en sólo nueve de ellos no se menciona la palabra “indigente” cuando se hace referencia a la “problemática” que motivó el procedimiento. No hay ninguna mención a presuntas tareas de remoción de carteles o incautación de productos de la venta ilegal, como había mencionado Piccardo como tareas propias de esa fuerza. En la gran mayoría de los casos, el resultado del operativo fue que “se restauró el espacio público”, un eufemismo que da cuenta del desalojo sumario de los indigentes del lugar que ocupaban. El informe confirma que la UCEP se ampara en la oscuridad: actúa de 23 a 6 de la madrugada, el horario en que los sin techo descansan. Precisa que está integrada por 26 personas. No indica si se les brindó a esas personas ayuda social o albergue provisorio. Ni hace referencia a la modalidad empleada que, según las denuncias formuladas ante la Justicia, incluyen agresiones físicas, el robo y la destrucción de las pertenencias de las víctimas.

El título de la extensa lista de operativos incluida en el informe lleva el sugestivo título de “Stock de procedimientos realizados”. La nómina pretende ser exhaustiva: además del número de caso y la fecha en que se realizó, se detalla el “asunto”, la “ubicación”, la “problemática”, el CGP al que pertenece el lugar y el “resultado” del procedimiento.

El informe, elaborado por el personal de la UCEP, con la firma de su responsable, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini, releva los casos desde el 17 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año. En total, son 225 días corridos en los que se acumularon 444 procedimientos, un promedio de casi dos operativos por día, suponiendo que la UCEP trabaje sábados, domingos y feriados. Pero hubo días, como el 3 de marzo, en que los efectivos batieron todos los records, con veinticuatro procedimientos. El 26 de marzo y el 17 de abril consumaron nueve desalojos cada día, mientras que el 13 de julio hubo ocho y el 22 de septiembre, siete.

El gobierno porteño respondió con este expediente a un pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 4 de septiembre último, en el que le daba un plazo de diez días para que informe “la cantidad de operativos ejecutados” y la “forma en que se implementaron esos procedimientos, cantidad de personal empleado, horario de actuación y si hubo intervención de otros organismos”. La respuesta llegó a la Defensoría el 21 de octubre, en un expediente de 32 folios, de los cuales 24 corresponden al extenso listados del “stock de procedimientos”.

La descripción de los motivos que originaron cada operativo no tiene desperdicios y brinda, por sí misma, una idea certera de la misión de la UCEP:

- En Sánchez de Bustamante y Mansilla, la esquina del Hospital de Niños, el grupo intervino porque “indigentes consumen el agua del hospital”.

- En Vidt al 1800, desalojaron “un asentamiento de indigentes de alta peligrosidad”, aunque sin aclarar en qué consistía el peligro.

- En Senillosa 650 (Caballito) se ocuparon de un “indigente de alta peligrosidad que merodea la zona hace tres años y ocasiona disturbios”. En rigor, según vecinos que lo conocen, se trata de un hombre con las facultades mentales alteradas que vivía en la vía pública.

También es curioso que en la columna “asunto”, donde aparecen referencias a cómo se inició cada procedimientos (denuncias de los CGP, por ejemplo), aparezcan los nombres de Gabriela Michetti, Mauricio Macri, el propio Juan Pablo Piccardo, las siglas HRL (coincidentes con la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta), la diputada Silvia Madjalani. También se mencionan notas del diario La Nación.

El ministro Piccardo, responsable político de la UCEP, deberá hacer frente hoy al cuestionamiento de la oposición, cuando se presente en la Legislatura para dar cuenta de las asignaciones previstas en su cartera en el Presupuesto 2010. A propósito, el diputado electo Fernando “Pino” Solanas, se presentará en la Legislatura junto a los legisladores de Proyecto Sur para denunciar el aumento de presupuesto para 2010 para ese “grupo de tareas” del macrismo.

El jueves último, la Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría oficial de la Justicia porteña denunciaron la existencia de catorce casos de desalojos violentos, con lesiones, amenazas y el robo de las pertenencias de las víctimas, y pidieron la disolución de la UCEP.

Todos los procedimientos denunciados ocurrieron durante la madrugada, los objetos incautados terminaron en un compactador de basura y ninguno de los desalojados recibió contención o asistencia social.

El mismo jueves, el ministro Piccardo dijo a Página/12 que la UCEP “tiene muchas funciones vinculadas con el buen uso de la fuerza pública”, entre los que mencionó el “retiro de carteles instalados en forma ilegal y de puestos callejeros”. Los datos que aportó su propia cartera se encargaron de desmentirlo.