Carla Baptista y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a denunciar el hostigamiento que recibieron en la noche del 2 de octubre, cuando intentaron echarlas de la vereda donde dormían y les tiraron los colchones, lo poco que tenían en el precario lugar donde vivían, en Pasco al 1300. Desde el viernes, también son las primeras víctimas que se postulan para ser querellantes en una causa contra la UCEP, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. En el pedido presentado por el abogado defensor Adrián Albor se les imputan a los integrantes de la UCEP varios delitos que, sumados, implicarían una condena de 5 a 21 años. El pedido propone la misma pena, en calidad de “instigadores”, para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y el ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, que hoy se presentará ante la Legislatura para dar explicaciones.

“Ser querellantes les permitirá (a Carla y Graciela) tener un rol activo y participar de la presentación de pruebas de la misma manera que el fiscal”, apuntó el abogado.

Si de recolectar pruebas se trata, Carla lleva una en su panza. Según lo denunciado por ella y Miguel Varela –el vecino que registró el hecho con su cámara de fotos–, la madrugada del 2 de octubre, unos veinte integrantes de la UCEP llegaron a Pasco al 1300 con cuatro camionetas y un camión de basura de la empresa Panizza para cargar las pertenencias y echarlas de la vereda en la que dormían. En el intento, Carla recibió un golpe en su panza de embarazada que le provocó un dezplazamiento de placenta. Así lo confirmó un estudio que le realizaron en el Hospital Ramos Mejía y que quedó constatado en la denuncia que se realizó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Además –como informó Página/12–, aquella noche algunos integrantes de la UCEP no respondieron al pedido de Carla de llamar una ambulancia y, en cambio, le dijeron: “¿Te sentís mal? Te vamos a hacer el tacto”. Graciela también carga una prueba en su cuerpo: un amplio moretón bajo las costillas, corroborado por un médico legista.

El pedido de Albor ante la fiscal Andrea Giudice acusa a los integrante de la UCEP por los delitos de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”. De confirmarse esas acusaciones y ser llevados a juicio, los hombres de la UCEP podrían recibir una sentencia de prisión de entre 5 y 21 años. “De actuar como querellantes en la causa haremos un pedido de competencia para que las actuaciones pasen al Fuero de Instrucción Criminal”, advirtió el abogado.

Las personas registradas en las fotografías de Varela, con vestimentas oscuras y, uno de ellos, con una campera en la que se leía “UCEP”, serían los implicados como autores del hecho, pero Albor apuntó que “Macri y Piccardo deberían responder por los mismos delitos en calidad de instigadores. Por lo que las penas también estarían entre los cinco y veintiún años”.

Informe: Nahuel Lag.