Sálvese quien pueda es lo que parece ocurrir entre los banqueros acusados de fugar dinero antes y después del corralito. El Banco Central envió a la jueza federal María Servini de Cubría un acta que da cuenta de un presunto fraude por 250 millones de dólares que habría cometido el detenido Carlos Rohm en perjuicio de sus socios extranjeros. Quien informó esto no fue otro que su hermano, José “Puchi” Rohm, ante los accionistas del banco del que es presidente, el General de Negocios (BGN), principal entidad investigada hasta ahora por la magistrada. Y el miércoles pasado el representante local de uno de esos accionistas, la banca estadounidense JP Morgan, relató los hechos ante las máximas autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Página/12 pudo saber que los detalles sobre la supuesta maniobra defraudatoria coinciden con información que hay en el expediente, pero los investigadores son cautos al momento de interpretar lo denunciado por el JP Morgan.
El director ejecutivo para Argentina y Uruguay de esa entidad, Marcelo Podestá, aseguró haber acudido a la Superintendencia porque recibió instrucciones de los accionistas del BGN: el Dresdner Bank, el Credit Suisse First Boston y JP Morgan Chase & Co. Según su relato, José “Puchi” Rohm se reunió el viernes pasado con el presidente del Credit Suisse en Suiza y en esa oportunidad lo puso en conocimiento de la existencia de un fraude que habría sido cometido por su hermano Carlos Alberto Rohm, del cual recién se habría enterado unos días atrás. El supuesto fraude estaría relacionado con la utilización de títulos por valor de 250 millones de dólares del Banco Comercial SA y la Compañía General de Negocios (CGN), ambas entidades uruguayas vinculadas al BGN. Según José Rohm, su hermano usó esos títulos para cancelar deudas que mantendría con la sociedad panameña San Luis y otra sociedad dependiente de la CGN. Según Podestá, José Rohm informó esto a otros accionistas del BGN. La actitud que adoptaron éstos, según el acta que pudo reconstruir este diario, fue quitarle la confianza al “management” local del BGN, poner en conocimiento de toda la situación al Banco Central de Argentina y contratar los servicios de una auditoría.
La existencia de esta acta fue confirmada a Página/12 por dos fuentes, una de ellas de alto rango judicial. Sin embargo, desde el Central indicaron que la desconocen. Los investigadores del caso –que mantiene preso a Carlos Rohm acusado de subversión económica y asociación ilícita y a su hermano José prófugo acusado de los mismos delitos– creen que los accionistas del BGN decidieron no darle el dinero que Rohm decía necesitar para cubrir a su hermano porque habrían sospechado de un intento de extorsión. Y lo abortaron denunciándolo. Por otra parte, una fuente de la investigación externa no descartó que toda la historia tenga por objetivo “despegar” a los accionistas del tan manchado BGN. Según un cable de la agencia DyN, la banca estadounidense JP Morgan habría detectado presuntas irregularidades en el manejo de BGN durante una auditoría ordenada para una posible adquisición de esa entidad. Lo llamativo es que, según el acta que posee la justicia, la auditoría se ordenó como consecuencia de los dichos de Rohm y no antes. Allegados a la defensa de Rohm consideraron que “todo esto es descabellado”, pero admitieron que no tenían información suficiente sobre la cuestión.
Por su parte, las diputadas del ARI Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez investigan la “conexión uruguaya” de la fuga de capitales. “Conseguimos nuevos datos muy interesantes sobre el BGN, que tiene como contraparte en Montevideo una banca off shore, ambas de los Rohm”, comentó Ocaña a Página/12, pero se excusó de dar detalles que sí entregó a Servini.