La asignación universal por hijo, un antiguo reclamo de organizaciones sociales que el Gobierno decidió implementar a partir de diciembre, sigue generando adhesiones y críticas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que “no existe ninguna posibilidad de clientelismo” en su aplicación y confirmó que se estudia la posibilidad de extender el beneficio a las empleadas domésticas. El diputado electo por el Acuerdo Cívico y Social Alfonso Prat Gay leyó la decisión como un síntoma de “debilidad” de la gestión de Cristina Fernández y advirtió que hubiera sido “más positivo” tratarlo en el Congreso. El líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, admitió que “venimos peleando hace muchos años” para que se concrete, aunque advirtió que su implementación generará un “clientelismo tremendo” y que “discrimina” a los hijos de “extranjeros que trabajan o que ‘changuean’ en nuestro país”.

El jueves la presidenta Cristina Fernández anunció la puesta en marcha de una asignación universal por hijo de 180 pesos para desocupados, empleados informales y discapacitados. Randazzo sostuvo que “no habrá superposición” de planes sociales. Sobre las trabajadoras domésticas dijo que “en principio” cobrarán las asignaciones “las que están en forma informal”, aunque “se está estudiando la posibilidad” de que puedan percibir el beneficio “aquellas que están en empleo formal”.

El ministro destacó que “todos los pibes de cero a 18 años van a tener una asignación familiar”. “No existe posibilidad de clientelismo”, añadió, y puntualizó que el “sistema jubilatorio no se financia sólo con aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores”. “Hubo una distorsión a partir de la pérdida de empleo en la década del ’90, en la cual se rompió la relación de trabajadores activos y pasivos. Entonces hay que recurrir al Presupuesto nacional”, agregó. Aseveró que “del total de fondos que administra la Anses, el 50 por ciento no es del sistema jubilatorio” sino “de IVA y Ganancias”. “Que quede claro que no va a haber superposición de planes”, aclaró. “Aquellos que eran beneficiarios de Plan Jefes y Jefas, que cobraban 150 pesos, seguramente van a venir al plan de asignaciones universales, porque si tienen más de un hijo les conviene”, concluyó.

“La preocupación es que se utilice la política social para mantener a los pobres en la pobreza, no para liberarlos”, manifestó Prat Gay desde Estados Unidos, adonde viajó para participar de un ciclo de charlas en la Escuela de Gobierno de Harvard. El economista alineado con Elisa Carrió recordó que el ingreso a la niñez “es una vieja demanda de la oposición”. “En su debilidad, el Gobierno empieza a tomar algunas propuestas de la oposición y es positivo, pero hubiera sido más positivo que se debatiera en el Congreso”. dijo. Entre los puntos negativos analizó que “hay demasiados condicionantes para quien recibe ese ingreso”, y consideró que no es “universal”.

“No lo puedo rechazar porque para eso venimos peleando hace muchos años”, subrayó Alderete, quien cuestionó algunos puntos de la ayuda. El líder de la CCC dijo estar en desacuerdo “con que el financiamiento para este programa salga de la plata de la Anses, porque hay que cumplir con la ley y con la Constitución, que dice que el jubilado tiene que ganar el 82 por ciento móvil. En vez dar un aumento a este sector, se usa este dinero con otro destino”, afirmó. También alertó sobre la generación de “un clientelismo tremendo”, advirtió que “se hace una discriminación con chicos que no tienen documento” y que se “deja afuera a extranjeros que trabajan o que ‘changuean’ en nuestro país. De ahí que exista una discriminación y, por lo tanto, no sea universal”.