“La oposición está planteando un discurso sobre el clientelismo para boicotear la medida porque se quedan sin agenda. ¡Cómo les duele!” El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoce que pueden existir dificultades en la aplicación de la asignación por hijo para trabajadores en negro o desocupados, pero asegura que no está montado sobre el clientelismo. “En algunos planes existió intermediación –reconoce–, pero se trataba de un Estado mucho más débil, un Estado que no tenía la experiencia que tiene ahora.” El titular de la cartera laboral acompañó a la Presidenta en su visita a Chile y durante el fin de semana se reunió con sus pares de Economía y Desarrollo Social, y el titular de la Anses, para terminar de definir la implementación del proyecto. El funcionario estimó que el programa mostrará resultados a partir del primer mes y resaltó que la medida no sólo impulsa la demanda agregada, al estar destinada a los sectores más vulnerables, sino que también libera recursos de las provincias. Tomada sostiene que el sistema no es incompatible con la creación de puestos de trabajo.

–¿Qué los llevó a tomar la decisión de extender el sistema de asignaciones hacia los sectores más vulnerables?

–La decisión política estaba tomada hace algún tiempo, pero todavía restaba definir el financiamiento. No estamos inventando una política, tomamos el sistema de asignaciones familiares y partimos de esa base como subsistema de la seguridad social. Primero generamos la cobertura por el lado del trabajo registrado que mejoró la recaudación y permitió que 1,5 millón de chicos estuvieran cubiertos por el sistema. Después pasamos a la inclusión jubilatoria. Paso siguiente: transferimos los recursos de la seguridad social al sistema estatal y le dimos movilidad para garantizar a todos esos jubilados la actualización. Este era un paso que faltaba. Sabemos que no alcanza ni para eliminar la pobreza ni para tener la tranquilidad de que resolvimos el tema del empleo. El pleno empleo es un objetivo al que no vamos a renunciar.

–Un sector de la oposición sostiene que se estructurará un sistema clientelar.

–Que no hablen por hablar del clientelismo. Se va a emplear un registro de todos y el acceso será vía tarjeta magnética. Lo que están haciendo con el clientelismo es buscar un problema que no está en el corazón del sistema. El sistema está pensado para extender el sistema de asignaciones familiares. Ahora que se universalizan las asignaciones, nos dicen que se podrían haber creado puestos de trabajo. Cuando presentamos el programa de las cooperativas, salieron a decir que era clientelar, que era un robo, que en lugar de hacer eso teníamos que poner la asignación. Lo que no se termina de apreciar es que acá hay un proceso de extensión progresiva de la protección social. Esto nace en mayo de 2003, el trabajo es el factor fundamental de la inclusión social, pero también tenemos que extender la protección social en el país. Esas son ideas que están profundamente vinculadas.

–Pero, ¿no cree que pueden surgir focos de atención clientelar, por ejemplo, cuando se requiera la intervención de los municipios por las dificultades de acceso?

–No podemos negar que habrá problemas, pero son distorsiones de un sistema que no está montado sobre el clientelismo. Lo que están planteado es propio de un discurso que realmente quiere boicotear el sistema, porque se quedaron sin agenda. ¡Cómo les duele! No hay reconocimiento. Estas acciones tienen un “paso a paso” de incremento y ampliación del trabajo registrado y la protección social. Un sistema que está buscando incluir millones de niños no puede estar nunca estructurado sobre un esquema clientelar. Los sistemas de estrecha focalización sí pueden tener algún grado de clientelismo, como puede ser el caso del Plan Trabajar.

–El Plan Jefes llegó a cubrir a casi dos millones de personas y recibió muchas críticas por su uso clientelar.

–El Jefes tuvo bajo clientelismo. Vamos a ser claros, ese plan llegó a todos los pobres, no a otro lado. Es cierto que existió intermediación, pero se trataba de un Estado mucho más débil, un Estado que no tenía la experiencia que tiene ahora. Pero tampoco fue necesariamente todo así, tantos punteros y tantos jefes piqueteros para repartirlos. Eso es una reducción muy mezquina de la evolución de los planes sociales. De todas maneras, este proyecto de asignaciones es largamente superador y de carácter permanente. Eso va a quedar demostrado cuando se vean los procesos de acceso y cobro, va a estar todo magnetizado.

–¿En cuánto tiempo esperan poder llegar a cubrir a una población significativa?

–Yo creo que dentro del primer mes, en noviembre, vamos a haber alcanzado a muchos que hoy no reciben nada, ni siquiera indirectamente por un plan social. La transferencia de los planes, sobre todo del Jefes y el Familias, que entre los dos alcanzan a alrededor de tres millones de niños, será sencilla. El proceso va a requerir baja intermediación. Sin embargo, va a haber que llevar adelante algunas tareas porque hoy un beneficiario de un Jefes con demostrar un solo hijo menor de 18 ya cobraba, ahora deberá presentar la documentación de todos sus hijos. Este nuevo sistema es mucho más extendido y mejora las prestaciones para el que tiene un hijo, porque pasa de 150 a 180 pesos en el caso del Jefes y, obviamente, al que tiene más niños porque ahora cobrará desde 360 pesos.

–¿Por qué se decidió utilizar los recursos de la Anses?

–Es un mecanismo que no afecta formalmente a los recursos de los jubilados porque surge de la renta del Fondo y ni siquiera es toda. En estos momentos no era conveniente poner nuevos impuestos. Pero no sólo no era la mejor decisión por su carácter contractivo, más importante era que no generaban los ingresos suficientes. Acá estamos hablando de más de 10 mil millones que van a estimular la demanda de los sectores más postergados. Además, hay que remarcar la cantidad de recursos que libera en las provincias, ese es otro aspecto redistributivo regional. Las provincias ahora no tienen más que financiar los planes y es plata que les queda disponible para gastar.

–¿Cómo va a hacer la Anses para identificar a los individuos que cobren por debajo del salario mínimo?

–Es cierto que es difícil identificar cuánto cobra un trabajador informal, pero la idea de poner el salario mínimo como tope es dar una señal para que los sectores de ingresos por encima de un promedio razonable no vayan a pedir la asignación. Eso tenemos que terminar de definirlo durante el fin de semana con el ministro de Economía, Amado Boudou; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el titular de la Anses, Diego Bossio. Quedan algunos puntos que tenemos que trabajar en estos días. Por ejemplo, se comunicó conmigo el ministro de Educación para intervenir en la parte que se paga contra certificación escolar. La secundaria es uno de los lugares con mayor deserción y esto puede servir como elemento de retención, pero tenemos que trabajarlo. Hay que ver todo dentro del proceso de protección a la niñez, ese es el punto de partida.

–Algunos analistas sostienen que puede desalentar el blanqueo y la creación de puestos de trabajo.

–El sistema no es incompatible con la generación de empleo, más allá de la coyuntura que estamos atravesando. Esa fue una premisa para tomar la decisión, tenía que ser compatible con la generación de empleo y no obrar como una contrainvitación para ese proceso. Hubo un momento, con el Plan Jefas y Jefes de Hogar, cuando existió cierta restricción de los informales a pasar a la formalidad por el temor a perder el plan. Pero este esquema no tiene ese componente. Uno lo percibe como trabajador desocupado o informal y cuando consigue trabajo, cuando lo blanquean, continúa cobrando la asignación a través del sistema contributivo. Eso es una clave en la propuesta.

–¿La medida no erosiona las limitadas capacidades de negociación que tienen los trabajadores más vulnerables?

–Eso lo hemos pensado, pero no creo que sea un fenómeno de envergadura. Aisladamente, no tengo ninguna duda de que puede llegar a suceder, puedo ver la escena. Pero eso nos va a pasar con cualquier sistema de protección social que armemos. La perversidad empresaria está. Puede llegar a pasar que en un taller donde pagaban mil pesos al trabajador el dueño le diga “a partir de ahora te pago 600 pesos y los otros 400 que te los ponga el Gobierno”. Ahí es donde se enmarca la política de inspección y fiscalización del Ministerio de Trabajo. No podemos no avanzar porque pueda llegar a aparecer algún ladrón de guante blanco con cara de egresado de Chicago. Eso es inevitable.

–¿Piensan incluir algún tipo de actualización o movilidad automática como se hizo con las jubilaciones y pensiones? Por ejemplo, que dependa de la rentabilidad del Fondo.

–Va a actualizarse junto con todo el sistema de asignaciones familiares.

–Ese sistema es discrecional...

–Y, por ahora, seguirá siéndolo.