El 10 de diciembre comenzará el mandato de los legisladores electos el 28 de junio pasado; entre ellos los ocho de la Alianza Proyecto Sur. El mandato que hemos recibido, como consecuencia de propuestas nacionales y locales claras, respaldadas por la trayectoria y la ética de todos, pero encarnadas en la figura de Pino Solanas, generó una gran responsabilidad y desafío, por cuanto confiamos –como muchos otros– en que el espacio popular, emancipador y progresista derrotará al macrismo en el 2011.

Mientras tanto, la tarea legislativa que nos espera debe armonizarse con el espacio político dispuesto a enfrentar el proyecto mercantilista y autoritario del macrismo, que administra la ciudad como a una empresa, trata a la cultura como a una mercancía, al habitante como a un consumidor, a la seguridad como una cuestión meramente policial, al espacio público como un negocio y destinado al bienestar de los sectores privilegiados, a los barrios carenciados como a guetos a la vez que degrada la educación pública –maltratando a sus docentes y dejando a sus edificios en estado de abandono–, desobedece al Poder Judicial y atropella las formalidades institucionales.

La acción en la ciudad no puede estar disociada de la propuesta política nacional que debe orientarla. Por ello no nos prestaremos, en ningún ámbito, al silencio cómplice frente a la degradación de lo público, la entrega o malversación de los recursos de todos, una corrupción impúdica (que se evidencia hasta en las declaraciones juradas de algunos funcionarios o funcionarias); la prepotencia que agravia las instituciones y, fundamentalmente, un régimen que tanto en lo nacional como en lo local profundiza las grandes definiciones económicas y prácticas políticas del menemismo.

En la ciudad debemos impulsar la reestructuración del uso del espacio urbano para revertir el proceso de su privatización y la recuperación del hospital público, impedir la destrucción del patrimonio histórico y cultural (de lo cual el caso del Colón es el ejemplo más notorio), y promover la cultura como identidad, como dimensión existencial y como práctica de la libertad, separándola netamente de la industria del entretenimiento revirtiendo la mercantilización del hecho cultural; formular una política de vivienda y ocupación del suelo que no esté subordinada a las reglas del consumo, la rentabilidad y el marketing urbano; defender la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, especialmente en su política de criminalizar la pobreza y la protesta social.

Es necesario replantear el proceso de focalización, descentralización y privatización que subordinó las políticas sociales a los criterios del liberalismo de los ’90 y reinstalar los principios de solidaridad y de participación en las políticas urbanas, para lo cual el rápido y eficaz funcionamiento de las comunas constituye una urgencia impostergable.

Es urgente la evaluación del gasto público, para poner en evidencia el criterio que lo orienta en cada área, y evitar el despilfarro o los negocios de familia. Para ello, la ciudad debe contar con un “presupuesto-programa” que tenga metas físicas, posibilitándose así la permanente evaluación “costo-beneficio” de cada asignación de recursos, entendiendo por “beneficio” el atendimiento de las urgencias los más necesitados; la real mejoría en la calidad de vida de todos, el más humano uso del espacio público y la preservación del ambiente.

Sabemos que la norma que expresa intereses populares y que aspira no sólo a ser votada, sino a una real vigencia, nunca es el resultado de la labor ilustrada del gabinete del legislador, sino que debe ser una respuesta concreta y adecuada a los problemas de la gente que se moviliza para reclamarla e imponerla.

La tarea no es simple ni fácil pero, con la gente, podemos y debemos realizarla.

* Legislador electo, Proyecto Sur.