En la conclusión de su 65a asamblea anual, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció “claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y del consiguiente debilitamiento del sistema democrático” en toda la región e hizo hincapié en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina. En una resolución dedicada exclusivamente a este tema, la entidad solicitó al Congreso “la revisión del texto aprobado” para hacerle una corrección “basada en criterios de razonabilidad”. Además, la organización que agrupa a personal jerárquico de medios designó a su nuevo titular, el estadounidense Alejandro Aguirre, director del Diario de las Américas, de Miami, que en su discurso de asunción advirtió sobre “un movimiento internacional para coartar la libertad de expresión”.

La ley de medios “compromete principios constitucionales básicos, como la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad, así como principios supranacionales de derechos humanos”, señala sin mayores argumentos el documento difundido ayer, al concluir el encuentro realizado en Buenos Aires. Allí la SIP destaca las “consecuencias negativas” que tendría el nuevo ordenamiento legal para “la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país”. A contramano de la posición sostenida por la ONU (ver aparte), el informe sostiene que la ley “otorga fuertes discrecionalidades” al Poder Ejecutivo y “afecta la libertad de programación y la prohibición de la censura previa”.

También fue objeto de críticas el proceso de sanción de la ley, aunque no se mencionó en ningún momento el extenso debate previo a que comenzara a tratarse en el Senado. Según la SIP, el tratamiento fue “apresurado” y “ha generado fuertes cuestionamientos en torno de las presiones oficiales para su rápida sanción sin cambios sustanciales”. Así, “con la excusa o propósito de evitar la concentración excesiva de medios que se predica como objeto de la nueva ley, lamentablemente se termina limitando la radiodifusión y la televisión privadas”.

Todo esto “en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes” que se estaría llevando a cabo en toda la región, dentro de una “tendencia de manipulación legal”. En las conclusiones del encuentro, la organización responsabilizó a Venezuela de “exportar ideología” a partir de “la persecución al periodismo y a toda la opinión pública distinta a la del poder”, generando “claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático”. Esto, sostuvieron, “sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta”.

El flamante presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, fue más allá al denunciar “un plan internacional para coartar la libertad de expresión” y advirtió que “no es la primera vez” que sucede algo así. El director del Diario de las Américas, el primer periódico en español de Miami y uno de los principales bastiones anticastristas, aseguró que “los regímenes políticos que no respeten la libertad de prensa no son democráticos” y llamó a la entidad que ahora preside a “hacer prevalecer el derecho que pertenece a cada uno por derecho natural.”

Para el final, la SIP dejó el único aspecto positivo que destacó en su informe: “La despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias”. Eso sí, según destacaron, la iniciativa se tomó “en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.