El oficialismo está dispuesto a hacer concesiones y cambios al proyecto para avanzar con la reforma política y darle media sanción antes del 30 de noviembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias. Ayer hubo una ronda de consultas con los principales bloques políticos de la Cámara de Diputados para recoger las observaciones a la iniciativa del Gobierno, de las que participó el director nacional electoral, Alejandro Tulio. El kirchnerismo bajaría las exigencias para el reconocimiento y sostenimiento de la personería electoral de los partidos, regularía en la normativa la publicidad oficial y el reparto en los medios de comunicación audiovisual entre los partidos durante las campañas y establecería sistemas de controles cruzados en la organización, la votación y el escrutinio de los comicios. El tema será uno de los ejes del informe que desarrollará el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, hoy ante los diputados.

La mayoría de los encuentros se hicieron en el despacho de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño –que también preside el plenario de comisiones que debate el proyecto en la Cámara baja–, con la presencia del oficialista Jorge Landau y Tulio. De la ronda de negociaciones participaron representantes de la UCR, la CC, PRO, distintos grupos del PJ disidente, los santiagueños del Frente Cívico, los neuquinos del MPN, los radicales K. La mayoría de ellos plantearon las objeciones al proyecto y el oficialismo ofreció alternativas.

Uno de los planteos más insólitos surgió del radicalismo: pidió que la fórmula vencedora de las primarias, abiertas y obligatorias de cada partido no fuera cerrada. Es decir, que se dejara un marco de negociación entre los competidores.

Sin embargo, ninguna bancada opositora comprometió su respaldo. Cada bloque discutirá las propuestas que hizo llegar el oficialismo, pero sobre todo las quiere ver plasmadas en el texto final del dictamen que prepara Camaño, a pesar de su distanciamiento con el bloque K. Los únicos que plantearon su rechazo de plano al proyecto fueron los diputados de centroizquierda Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Cecilia Merchán y Victoria Donda (Libres del Sur), además peronistas disidentes de Santa Fe que responden a Carlos Reutemann.

El kirchnerismo accedió a bajar los pisos de adhesiones para el reconocimiento electoral de los partidos (el texto original exige el 5 por mil del padrón electoral en cada distrito) y el mantenimiento del mismo, que se perdería si en dos elecciones consecutivas obtienen menos del 3 por ciento de los votos. También incluir en el texto la regulación de la publicidad oficial y el reparto entre todos los partidos. Aunque el oficialismo considera que sería “imposible” sacar de la órbita del Ministerio de Interior el manejo de los comicios, aunque abriría un sistema de controles del que participarían la Justicia electoral y los partidos.