Los ex funcionarios y empresarios acusados por el affaire IBM-Banco Nación, un caso emblemático de coimas de los ’90, aceptaron reconocer su culpabilidad y devolver al Estado 18 millones de pesos a cambio de evitar un juicio oral que amagaba con durar cerca de un año y de garantizarse que la condena que seguro recibirán no será de cumplimiento en la cárcel. Esto es lo que pactaron, a modo de una solución que no tiene precedentes en la Justicia argentina, con la fiscal del juicio Sabrina Namer, y con la conformidad de dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en asuntos de corrupción, que vienen monitoreando la causa y estuvieron presentes en la firma del acuerdo. Ahora habrá un juicio abreviado, cuya fecha fijará el Tribunal Oral Federal (TOF3). Lo que ya está asegurado es que terminará con siete condenas firmes, que ya no tendrán revisión de ningún tipo.

Después de casi 16 años, el juicio oral por las coimas pagadas por IBM a ex directivos del Banco Nación para garantizarse la adjudicación del llamado “Proyecto Centenario” –la informatización de todas las sucursales de la entidad– estaba previsto para fines de este mes, con un desfile de 240 testigos por delante. A esta altura, algunos partícipes secundarios ya habían conseguido la prescripción y uno de los imputados, Juan García del Río, acusado de facilitar la apertura de cuentas en el exterior para que se depositaran las coimas, había logrado una probation (pena alternativa). Así las cosas, en el banquillo propiamente dicho iba a haber ocho imputados, con una situación difícil ya que las coimas y la defraudación fueron comprobadas, y en algunos casos confesadas.

Frente a este escenario, y al estilo de los juicios norteamericanos, los acusados y la fiscalía intentaron acercar posiciones y finalmente ayer, en una audiencia con cierto clima de nerviosismo en el noveno piso de los tribunales federales, firmaron un acta. En el texto, siete acusados aceptan su culpabilidad: son los ex directores del Banco Nación Alfredo Aldaco, Mario Dadone, Genaro Contartese y Hugo Gaggero, el ex ejecutivo de IBM Gustavo Soriani y Juan Carlos Cattáneo y Alejandro de Lellis, un dúo que intervino en el ofrecimiento y pago de los sobornos. Para ellos la fiscal Namer propone penas de tres años en suspenso en el caso de Aldaco, de dos años y medio para el resto de los directivos de la entidad bancaria y de dos años y tres meses para el resto de los imputados. Para los ex funcionarios, impulsa la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Ricardo Martorana, propuso la absolución.

Todos los personajes que recibirán la condena se comprometen a devolver algo más de 18 millones de pesos, que es la cifra de las coimas que se pudo comprobar a lo largo de la investigación –se cree que en realidad fueron unos ocho millones de dólares– porque se pudo reconstruir la ruta del dinero y repatriar la plata desde cuentas en el exterior. Es decir, todo indica que se efectivizará el decomiso de exactamente 17.172.682,70 pesos que hasta ahora están custodiados en una cuenta del Banco Ciudad. Y además Dadone y Gaggero también se comprometieron a aportar 1.114.000 de pesos más en efectivo, que corresponde a depósitos aparte que tenían en las cuentas identificadas. El acta dice que se pedirá que el dinero se destine “a fines sociales”. Ahora al TOF3 deberá evaluar la propuesta, pero todo hace pensar que la homologaría tal como fue cerrada entre las partes.

El acta, a la que accedió este diario, contiene las increíbles confesiones de los acusados. “No encuentro justificación alguna para mi pasada conducta puesto que tenía la cultura, educación, la ideología necesaria para haber rechazado cualquier tipo de oferta”, dice, por ejemplo Aldaco, quien estuvo 57 días preso y cuenta que lleva años recluido en su casa sin participar de “evento social alguno”. “Devolver el dinero”, señala, le parece una forma de “enmendar” los delitos que admite. Dadone, por su lado, también se muestra arrepentido, dice que su “deseo” es que el proceso, que le produjo “un gran sufrimiento”, “finalice”.

La audiencia de ayer tuvo otro ingrediente novedoso, que fue la presencia de representantes de dos ONG que trabajan sobre casos de corrupción y que vienen haciendo un seguimiento de este juicio. Por el Cipce estuvo Pedro Biscay y por ACIJ, Ezequiel Nino. Son las mismas que en el famoso caso del enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray promovieron el decomiso del dinero que la Justicia consideró que robó y su devolución a la sociedad, algo que se concretó justo ayer con el remate del petit hotel de la ex funcionaria.

“Si esto iba a juicio es imposible saber cuándo terminaría. La solución a la que se llegó permite resolver un caso que lleva muchísimos años de una manera cierta y evitando el desgaste de las audiencias orales tanto en recursos humanos como económicos. Con una proyección, además, en cuanto al final, que seguramente no sería muy diferente de la que aquí se está logrando”, fundamentó Namer, consultada por Página/12. “Aquí además tenemos la ventaja de que se dispondrá directamente del dinero que ya está inmovilizado más las sumas aportadas en efectivo por los imputados. A esto no se llegaría si no es con una condena firme con un juicio abreviado, como éste.”

Biscay le dijo que es “una decisión histórica porque se avanza en la obtención de siete condenas y la recuperación del dinero malhabido en uno de los casos de corrupción más importantes de los noventa”. “Se reconoce –añadió– la necesidad de que el dinero de la corrupción se destine a reparar el daño social y se les da un lugar preponderante a las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de estos casos. Se trata de una forma inteligente de avanzar en la persecución de estos delitos que no tiene precedentes en nuestro sistema.”