Los archivos hallados en una computadora que usaba el actual jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, lo dejaron seriamente comprometido en la causa del espionaje, a la par de Ciro James y del ex titular de la fuerza porteña Jorge “Fino” Palacios. Chamorro podría ser desplazado hoy mismo, después de una audiencia que mantendrían el secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el juez Norberto Oyarbide (ver aparte). En una carpeta rotulada “Osvaldo” que fue identificada en el disco rígido, la Policía Federal encontró pedidos de informes financieros y comerciales acerca de varios legisladores porteños de la oposición, del dirigente del sindicato de los municipales Patricio Datarmini y hasta del propio jefe de Gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La pericia policial que está en manos de Oyarbide revela, de este modo, que la Metropolitana también habría hecho espionaje político, incluso de los propios dirigentes PRO, y que las escuchas telefónicas eran sólo una parte del espionaje.

El mes pasado, Oyarbide ordenó allanar una oficina de la consultora Strategic Security Consultancy, de Fino Palacios, ubicada en el séptimo piso de Maipú 216, pleno centro porteño. La indicación había sido extender el procedimiento al estudio jurídico de Chamorro, que figuraba como el departamento vecino. Bastó con que se abriera una puerta para que los investigadores descubrieran que, en realidad, no eran dos departamentos separados, sino que estaban conectados como una misma oficina. Palacios y Chamorro ya eran carne y uña desde sus viejos tiempos en la Policía Federal, de donde fueron separados en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ayer el abogado del Fino, Diego Richards, se presentó para pedir su eximición de prisión.

El juez le encomendó a la División Apoyo Tecnológico de la Federal que analizara las computadoras secuestradas. Una de ellas evidentemente era utilizada por Chamorro, ya que había archivos y carpetas con su nombre. Allí tenía instalado el sistema de búsqueda de información financiera de la empresa Nosis –que brinda servicios similares a Veraz– y había requerimientos de datos sobre una lista de nombres y apellidos más que llamativos, empezando por el propio jefe de Gabinete de la administración macrista, Horacio Rodríguez Larreta. Figuran también la legisladora Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad; el diputado Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), miembro de la misma comisión; la legisladora porteña Diana Maffía (Coalición Cívica) y el sindicalista Datarmini (líder del gremio de los empleados municipales porteños). Fuentes policiales señalaron anoche que también se pidieron informes económicos de Néstor Kirchner y del dirigente gremial macrista Daniel Amoroso. Sin embargo, en el juzgado no tenían confirmación de esos datos.

Los informes aparecen gestionados por la consultora de Palacios y corresponden a los últimos meses, desde julio en adelante. Es porque la clave, que estaba en un documento de Word común y corriente, permitiría acceder sólo a los más recientes. Ayer el juez Oyarbide pidió que Nosis detalle cuáles fueron todas las consultas hechas por Strategic Security Consultancy en los últimos dos años. Por la tarde circulaban fuertes versiones de que la lista de los espiados con esta metodología elemental abarcaría también al legislador electo (Frente para la Victoria) y referente de los docentes porteños Francisco “Tito” Nenna y a tres legisladores porteños de PRO: el vicepresidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli, y los integrantes de la Comisión de Seguridad Christian Ritondo y Osvaldo Borrelli.

La firma Nosis proporciona datos personales, crediticios y vinculaciones comerciales de los ciudadanos. Cualquiera que pague un abono y obtenga un password puede pedirlos: en sí mismo no es delito. El problema es que en el caso que investiga Oyarbide habrían sido utilizados para “hacer inteligencia interior” –según advierten allegados a la causa– por quien fue jefe de la Policía Metropolitana hasta fines de agosto, el Fino Palacios, y por su sucesor, Chamorro, quien está ahora al frente de la fuerza. El gobierno porteño preveía que quedara en ese lugar hasta que asumiera Eugenio Burzaco, que termina su mandato de diputado nacional en diciembre. En la fiscalía de Alberto Nisman, que interviene en la pesquisa, analizan si hubo violación a la Ley de Seguridad Interior o a la Ley de Inteligencia.

El expediente que instruye Oyarbide comenzó con una denuncia de Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA: había recibido un llamado anónimo donde le decían que el Fino Palacios le había mandado a pinchar el teléfono. El magistrado corroboró que, efectivamente, Burstein tenía su celular intervenido con una técnica sorprendente: su nombre había aparecido en una causa judicial de Misiones vinculado con la investigación de un asesinato; un juez de Posadas, a instancias de policías misioneros, ordenó la escucha, y las grabaciones las retiraba de oficinas de la SIDE en Buenos Aires el entonces policía federal Ciro James. James, además, resultó estar muy ligado a Palacios –quien gestionaba su ingreso a la Metropolitana– y tenía desde 2008 un contrato como supuesto asesor legal del Ministerio de Educación porteño, aunque hasta ahora la administración macrista no logró o no quiso precisar qué hacía.

Burstein fue uno de los principales impulsores del desplazamiento del Fino de la jefatura de la Metropolitana. Fue espiado entre agosto y septiembre últimos, cuando era inminente el procesamiento del comisario retirado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo que finalmente determinó que dejara la policía porteña, y a pesar de lo cual Macri lo siguió respaldando.

Lo que terminó de convertir a Palacios en un sospechoso clave en la causa fueron las 150 llamadas que se descubrió que intercambió con James en el período de las escuchas a Burstein. Incluso hablaron un rato antes de que el propio James hiciera dos llamados de prueba para verificar la línea del dirigente de los Familiares de AMIA. Las oficinas de la consultora del Fino, que compartía con Chamorro, fueron allanadas apenas salió a la luz que desde julio y hasta que lo detuvieron, a comienzos de octubre, James hablaba por teléfono desde adentro del edificio del Ministerio de Seguridad porteño, donde están las dependencias de la policía de Macri, lo que hacía suponer que ya estaba trabajando allí antes de ser designado y previo a que le concedieran la baja en la Federal.

La relación con James ya había implicado el primer traspié en la causa también para Chamorro, que tuvo que declarar como testigo, bajo juramento de decir verdad: el comisario le dijo que había hablado con él sólo dos veces en su vida a raíz de su incorporación a la Metropolitana que –confirmó– manejaba Palacios. Sin embargo, los análisis de sus llamados telefónicos revelaron que hablaron una decena de veces a través de sus celulares personales y otras sesenta a través del teléfono del secretario privado de Chamorro.

Con el correr de los días, el juzgado de Oyarbide identificó a otras ocho víctimas a las que les habían intervenido los teléfonos con la misma técnica: se los vincula falsamente en una causa judicial por robo u homicidio; por lo menos dos jueces de Posadas requieren las escuchas; James retira las grabaciones en casetes o CD de la SIDE, con autorización de los policías misioneros y los magistrados intervinientes. Los jueces involucrados hasta ahora, Horacio Gallardo y José Luis Rey, faltaron dos veces al llamado a la indagatoria y ayer Oyarbide pidió su juicio político para poder detenerlos (ver página 4).

Entre las personas que fueron blancos del espionaje figuran, además de Burstein, el parapsicólogo Daniel Leonardo, baleado la semana pasada, quien apuntó por las escuchas a su suegro, Franco Macri, y en un principio también a su cuñado Mauricio; el empresario televisivo Carlos Avila; su yerno, gerente de TyC Sports, Federico Infante; dos gerentes de Coto; el empresario Jorge Navarro, quien ayer acusó del espionaje a su hermano Juan Navarro, del Exxel Group; el abogado Francisco Castex (del poderoso estudio Iribarren) y la esposa de Hugo Breitman, dueño de un importante anticuario, a quien ella acusa del espionaje que ocurrió, dijo, el mismo año en que él hizo aportes a la campaña de Macri para jefe de Gobierno.

Cuando días atrás procesó a James y a tres policías misioneros, Oyarbide les imputó delitos que son excarcelables, como violación de secretos y falsificación de documento público. A esta altura ya empieza a contemplar que lo que operó habría sido una asociación ilícita, lo que podría derivar en penas de prisión para los responsables.