El juez Norberto Oyarbide pidió el desafuero de Horacio Gallardo y José Luis Rey, los jueces de Misiones que ordenaron las escuchas ilegales que luego retiró Ciro James. Imputados por violación de la intimidad, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad de documento público, entre otros cargos, los magistrados se protegen con la Justicia local como escudo: otro juez le trabó un conflicto de competencia a Oyarbide, el jefe de los fiscales –que antes era apoderado del PJ local– es quien debería llevar la acusación en un jury y los respaldó. El Consejo de la Magistratura local lo integran allegados a Carlos Rovira, el gobernador que fracasó en su intento de reelección indefinida. Gallardo fue designado por el caudillo peronista Julio Humada y Rey, por Rovira. El juez federal Ramón Chávez, que se negó a allanar a sus colegas, está vinculado con Ramón Puerta, sucesor de Humada, mentor de Rovira y amigo de Mauricio Macri.

Todas las escuchas son de Misiones. Gallardo y Rey ordenaron las pinchaduras a Sergio Burstein, de Familiares de Víctimas de la AMIA; al empresario Carlos Avila, al cuñado de Macri, Néstor Leonardo, y en otros seis casos. En el de Avila, las órdenes se extienden desde 2007 y fueron cambiando de causa y de juzgado. Se trata de procesos por homicidio y robo que no tienen la más remota relación con los espiados. En todos los casos, James estaba autorizado para retirar las escuchas de la SIDE en Buenos Aires. Ambos jueces faltaron en dos oportunidades a la citación a indagatoria de Oyarbide. “No tengo la obligación de hacerlo porque tengo fueros”, dijo Gallardo a los medios locales. El fiscal Alberto Nisman pidió su desafuero y Oyarbide avaló ayer ese pedido: cursó la solicitud a la Cámara de Diputados de Misiones, que deberá resolver.

Oyarbide reclamó durante semanas los expedientes de los jueces misioneros, que le negaron cooperación. Les envió un emisario a buscar la documentación y no tuvo suerte: Gallardo le dejó un escrito en el que decía que no pensaba entregarlos, y en el caso de Rey el emisario volvió con una historia sacada de Macondo: esperó durante horas y luego le informaron que Rey se había retirado. Como la única salida es una ventana, llegó a la conclusión de que el juez y su secretaria se escaparon por allí. En diálogo con Página/12, Rey sostuvo que “tendría que ser el hombre araña” para hacerlo.

Los dos jueces firmaron todas las escuchas y, por lo tanto, quedaron implicados, salvo que logren explicar por qué las ordenaron. Hasta ahora, le echaron la culpa a la policía local (ver aparte). Sin embargo, salió al rescate un tercer juez penal de Posadas, Fernando Verón, quien reclamó que el caso de espionaje se investigue en esa provincia. “Todo debe analizarse en Misiones”, consideró el juez, que abrió una causa en la que están imputados los policías misioneros a los que Oyarbide ya procesó. Gallardo y Rey reclamaron a través de su secretaria Mónica González –también sospechosa en la causa– que Oyarbide no ordene más medidas. Verón tomó declaración a los policías y a los secretarios de los juzgados, pero no citó a sus colegas, a diferencia de Oyarbide.

Cuando Oyarbide ordenó allanar las oficinas de los magistrados, el juez federal de Posadas Ramón Chávez se negó: primero les dijo a los 20 policías que viajaron que volvieran 12 horas más tarde. Luego, les informaron que el juez le giró el escrito al Superior Tribunal de la provincia para que definiese qué hacer. Cuando el tribunal accedió a los allanamientos de Oyarbide, no se encontraron ni cassettes, ni transcripciones de las escuchas que habían ordenado los magistrados.

Para dejar en claro la opinión de la familia judicial de Misiones, otro juez opinó a través del diario El Territorio. “No hubo intencionalidad clara ni de los jueces ni de los policías, por lo tanto no llega a configurar ningún tipo de delito. El circo que hizo Oyarbide es un vedettismo”, consideró Juan Enrique Calvo, presidente del Tribunal Penal de la Primera Circunscripción Judicial.

Un informe especial sobre la politización del Poder Judicial misionero del diario El Territorio denunciaba en 2006 la práctica de Humada y Puerta de “incorporar a la Justicia abogados políticamente afines”. Rovira le sumó luego su toque de realismo mágico: por consejo de su esposa, Rossana Spotorno, designó en el Supremo Tribunal a Ramona Velázquez, una docente jubilada que se recibió en la tercera edad y prácticamente no tiene experiencia como abogada. Otros dos ministros fueron socios del empresario de medios Daniel “Fonchi” Duarte, de buenos contactos con el poder local.

En ese informe se detalla que, antes de terminar su gobierno, Humada elevó a nueve los miembros del Superior Tribunal provincial, siguiendo el modelo de Carlos Saúl Menem: incorporó a cuatro jueces cercanos al peronismo provincial y al procurador general Piñeiro, que antes era apoderado del PJ. No es la única relación con el peronismo local: en la provincia, al juez federal Chávez se lo vincula con Puerta. Puerta sería, además, primo de Amalia Spinatto, la fiscal en las causas de las escuchas.

Chávez estuvo acusado en el Consejo de la Magistratura nacional por cerrar una causa de homicidio sin siquiera hacer una autopsia a las víctimas, dos gendarmes que murieron persiguiendo contrabandistas. En la causa también desaparecieron pruebas, como la ropa de los dos jóvenes. Se lo acusó de “mal desempeño de sus funciones, retardo de justicia e irregularidades en la investigación”. Finalmente zafó de un juicio político porque el oficialismo no reunió la mayoría. Le aplicaron, en cambio, un multa del 30 por ciento sobre su sueldo “por negligencia en el cumplimiento de sus deberes”. Gallardo asumió el 21 de noviembre de 2001. Lo designó Julio Humada, el caudillo que condujo el PJ local hasta que lo destronó Puerta. A Rey lo nombró Rovira el 25 de octubre de 2002. En la política local se considera imposible que un jury pueda prosperar allí.

Pese a que la formación del peronismo federal los distanció, Puerta mantiene buena relación con Macri. Página/12 informó de algunas pruebas de esa amistad, en la causa “Grindetti, Néstor s/estafa”, donde se investiga el presunto cohecho y defraudación en la renegociación del precio de la obra del arroyo Uruguai entre la gestión de Puerta y la constructora de Macri: estaba presupuestada en 80 millones y costó 300 millones de dólares.