La aprobación en el Senado de la ley de obtención de muestras de ADN despertó una pregunta al menos curiosa. ¿Cómo fue que un proyecto al que la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, llegó a bautizar como “fascismo puro” finalmente fue aprobado por 58 votos a favor y apenas uno en contra? ¿Qué pasó con la senadora María Eugenia Estenssoro, una de las voces más cercanas a Carrió en el Senado, quien terminó acompañando con su voto el proyecto repudiado en tales términos por la chaqueña? El debate parlamentario por la extracción alternativa de muestras de ADN, lo que implica métodos distintos a la simple inspección corporal, se extendió a lo largo del último mes. Aunque las primeras declaraciones de Carrió prometían una fuerte polémica, la discusión en el Congreso de este proyecto esencial para la búsqueda de hijos de desaparecidos apropiados terminó encontrando un consenso mayor al esperado. “Para poder elegir hay que conocer la verdad”, fue la frase que pareció guiar el debate. Su autora fue una hija de desaparecidos que recuperó su identidad: nada menos que la diputada Victoria Donda.

A mediados de octubre, cuando el proyecto que los medios presentaban como de “extracción compulsiva de ADN” llegaba a Diputados, Carrió aprovechó un nuevo regreso a la escena para irrumpir en la agenda con unas declaraciones muy fuertes. “Es terrible que se vote la ley para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad. Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora Herrera de Noble. Quiero denunciar al matrimonio. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal”, fueron sus dichos. La denuncia de Carrió impactó velozmente sobre las tapas de los diarios y los títulos de los informativos de radio. La respuesta de Abuelas de Plaza de Mayo no se hizo esperar. La entidad que encabeza Estela Carlotto venía impulsando desde hace años la sanción de una ley que consagrara como el derecho a la identidad y el derecho a la verdad como principios privilegiados y fundamentales; aparte, se trataba de dos principios de rango constitucional. “Esta señora está tan desprestigiada que dice barbaridades, confunde las cosas y, con tal de echar más leña al fuego, nos ofende. La ley la necesitamos porque va a facilitar el encuentro con la identidad de nuestros nietos”, fue la réplica de Carlotto.

El proyecto de Abuelas

Desde un primer momento, el proyecto que impulsaba Abuelas de Plaza de Mayo buscaba garantizar el derecho a la verdad y el conocimiento de la identidad. En esa lógica, si la víctima de la apropiación no estaba dispuesta a hacerse una muestra de ADN, el juez tendría facultades para ordenar la extracción “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”. Un ejemplo de ese tipo de objetos son los cepillos de dientes usados. El proyecto que promovían las Abuelas contaba con un antecedente favorable en materia de jurisprudencia: en particular, una resolución de la Corte Suprema firmada el 11 de agosto. Cuando el tema llegó a la Cámara baja para su discusión en el recinto, el 4 de noviembre, los diputados prestaron especial atención a ese fallo del máximo tribunal.

Al momento de la discusión en el recinto, el bloque de Coalición Cívica-ARI mantuvo la posición crítica que había planteado Carrió. Se opuso terminantemente, con el argumento de que el proyecto “violaba los derechos humanos” porque no respetaba la decisión individual de un adulto. “Hay niños que fueron apropiados y que hoy tienen entre 30 y 35 años, no están en situación de esclavitud y pueden decir no”, argumentó por caso la joven diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica-ARI. El mismo planteo se le escuchó por esos días al ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Strassera. “No se pude tratar de defender los derechos humanos contra los derechos humanos. Si una persona mayor de edad no quiere y se niega a investigar su origen, hay que respetarla. Las leyes tienen que ser parejas para todos”, planteó Strassera, de simpatías por el radicalismo.

A pesar de esos argumentos, los diputados votaron mayoritariamente a favor del proyecto –154 a favor, 32 en contra, 14 abstenciones– aunque antes le hicieron algunos cambios: impusieron ciertos requisitos para que la decisión de extraer de forma alternativa una muestra de ADN no sea una potestad absolutamente discrecional de los jueces. “Tendrán que dar cuenta de los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”, argumentaron en aquel momento desde el bloque oficialista. El socialismo pidió que el mecanismo se utilizara sólo en la resolución de casos de delitos de lesa humanidad. Otra modificación al texto de la ley que se incorporó durante el debate en Diputados fue el cambio en el organigrama del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esa institución pasó a ser un ente autárquico cercano al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso sí, dejó de ser un órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

Y el momento de la definición llegó en el Senado. Entonces llegó el turno de votar y el resultado causó cierta sorpresa. Por lo abultado: 58 a 1. Apenas el senador Juan Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, votó en contra. Quizás hicieron su efecto las declaraciones que había hecho la diputada Donda al contar su historia como hija de desaparecidos que recuperó la identidad hace pocos años. “En este país existieron listas de las cuales nos entregaban como si fuéramos cachorros”, recordó Donda. La propuesta de extracción alternativa de ADN se convertiría inexorablemente en ley.