Mauricio Macri sorprendió al establishment con su decisión de avalar el matrimonio gay. Recibió, como nunca antes, cuestionamientos del cardenal Jorge Bergoglio y editoriales furibundas de tribunas de doctrina. En el gobierno porteño, la resolución de no apelar el fallo que habilita el casamiento de dos hombres incluyó una puja entre los sectores de PRO que le aconsejaban al jefe de Gobierno que escuchase las encuestas, y el ala católica, que intentó detener el fallo con una apelación a espaldas de Macri y, luego, a través de un fiscal que responde a Daniela Bruna Ugolini. Las dos fueron abortadas.

La jueza Gabriela Seijas falló a favor de que Alex Freyre y José María Di Bello puedan casarse. Macri ordenó que no se apelará el fallo. “El mundo va hacia una libertad respetuosa del otro”, aseguró el jefe de Gobierno, que dejó orsai a los sectores más conservadores de su fuerza. “No voy a hacer declaraciones”, le dijo a Página/12 Santiago de Estrada, a quien los macristas llaman El Obispo por su relación con la Iglesia. El dirigente –que supo ser funcionario de dictaduras y democracias por igual– estaba furioso: se había enterado de la decisión por los medios. La ex vicejefa Gabriela Michetti tampoco había sido consultada.

Tanto Michetti como De Estrada tienen una relación estrecha con el cardenal Jorge Bergoglio, quien tronó contra la gestión PRO: “Es una decisión política que sorprende. Constituye un signo de grave ligereza”. El diario La Nación también le dedicó un editorial desfavorable, en el que cuestionó la “claudicación del gobierno porteño”. Criticó a Macri por “guiarse por propósitos electoralistas o por una moda circunstancial”.

Mientras tanto, en las sombras, el sector de PRO disconforme con la decisión operaba para conseguir que el fallo se apelara a como diera lugar.

La historia detrás de esta historia comenzó a la mañana del pasado viernes 13. El gobierno porteño debía definir si apelaba o no. “Fue improvisado, como hacemos muchas veces las cosas nosotros”, cuentan en Bolívar 1, donde comentan que la iniciativa de no apelar surgió del secretario general, Marcos Peña. El joven PRO llamó a José Torello y le pidió: “Apoyame en ésta”. Así, lo respaldaron también los integrantes del gabinete jurídico, el secretario legal y técnico, Pablo Clucellas, el asesor Fabián Rodríguez Simón y el subsecretario de Justicia, Daniel Presti. También consiguió la adhesión del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

Peña habló con Macri, que siempre tuvo una posición flexible y si se quiere ambigua con respecto a este tema, así como también sobre el aborto. El líder de PRO tenía dudas sobre el impacto negativo que podía tener la decisión en los sectores conservadores. El secretario general le mostró encuestas que planteaban que el 67 por ciento de los porteños veía con buenos ojos esa decisión. Macri se convenció y dio luz verde. “Lo que hicimos, lo hicimos con la convicción de que el mundo va, cada vez más, hacia la libertad respetuosa del otro”, afirmó luego el jefe de Gobierno.

Sin embargo, el sector católico no se rindió: De Estrada entró en operaciones. La primera alarma sonó en el gobierno porteño cuando se enteraron de que el procurador Pablo Tonelli –que estaba en contra de la decisión– seguía avanzando con la apelación, pese a la orden del jefe de Gobierno. El que la iba a presentar era el procurador general adjunto Carlos Guaia –del que se dice en PRO que su lectura favorita es la revista del fascismo católico Cabildo–, en sintonía con De Estrada. Torello llamó a Guaia para desactivar ese intento: “Ojo, que esto lo ordena Mauricio”. Tuvo que desistir.

El lunes –mientras Bergoglio despotricaba en público– su hombre en el PRO activó una segunda vía de apelación, a través del fiscal en lo contencioso administrativo Federico Villalba Díaz. Nombrado en una fiscalía que se creó por disposición del fiscal general Germán Garavano, Villalba Díaz es un hombre de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Macri para el Tribunal Superior de Justicia, que dictaminó como fiscal a favor de cerrar una muestra de León Ferrari por ser una “expresión anticristiana”. El pliego de Ugolini se aprobó la semana pasada en la Junta de Etica y avanza hacia tratarse en el recinto de la Legislatura, donde debe reunir los 40 votos. Villalba Díaz es, además, yerno de la camarista del fuero civil Ana María Brilla de Serrat, quien suele oponerse a que la Justicia porteña decida en cuestiones como la que definió la jueza Seijas.

Como Villalba Díaz no había estado en la primera instancia –en la que otra fiscal dictaminó en contra–, debía mantener la decisión de la fiscal anterior. Así lo fija una instrucción general para los fiscales. Los emisarios del sector católico de PRO lo convencieron de que esto es lo que quería Macri: quedar en público como que no apelaba, pero impedir el fallo a través de la apelación de un fiscal. Nuevamente, los consiglieri de Macri recibieron un alerta: “A este fiscal lo operó El Obispo”. Y el subsecretario de Justicia tuvo que transmitir la contraorden: “Mirá que Mauricio no quiere esto. De Estrada está operando por la libre”. Finalmente, el fiscal no apeló. “O hubo una instrucción del Ejecutivo, que está prohibido, o de Ugolini, que no querrá dictaminar ella mientras se define su pliego”, relató a este diario una fuente judicial.

Mientras lo criticaba en público, Bergoglio le habría enviado a Macri un mensaje a través de sus emisarios en el PRO: “Voy a hacer todo lo posible para que no seas presidente”. Con Michetti lejos –se está tratando por sus dolores en la columna en Diquecito– y Bergoglio en contra, ahora la gestión PRO reactivó las negociaciones para conseguir parte de los fondos del juego en la ciudad. “Queremos el ciento por ciento de la recaudación”, sostuvo Macri. El primer intento fue desactivado por intervención de la entonces vicejefa, tras otro round de críticas del cardenal. Ahora que la relación con la Iglesia está golpeada, el macrismo parece mirar hacia otro dios: el dinero.